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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado recurso en el domicilio que figura en el expediente, sin que haya sido recibido por la interesada, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace saber a la misma que con fecha 7 de septiembre de 2001, por el Consejero de Economía, Hacienda y Comercio se ha dictado Orden por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Orden de 9 de mayo de 2001, del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, por la que se archiva la solicitud de subvención, prevista en el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, para adquisición de su vivienda, del tenor literal siguiente:
Visto el escrito de alegaciones interpuesto por Dña. Rosa María Hernández Morales frente a la Orden de 9 de mayo de 2001, del Consejero de Obras Publicas, Vivienda y Aguas, por la que se archiva la solicitud de subvención, prevista en el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, para adquisición de su vivienda, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Dña. Rosa María Hernández Morales presentó ante la Dirección General de Vivienda escrito de fecha 25 de septiembre de 1995, en el que solicitaba el otorgamiento de subvención prevista en el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, para optar a la adquisición de la vivienda de protección oficial de promoción pública, que pertenece al Grupo "Padre Anchieta", bloque 90, piso 1º, letra A, en San Cristóbal de La Laguna.
Segundo.- El 6 de febrero de 1998 se requiere a Dña. Rosa María Hernández Morales, para que aporte solicitud para acogerse a la subvención en régimen de alquiler, ya que la presentada no es correcta, declaración jurada de no poseer bienes inmuebles en régimen de alquiler, por no ser correcta la presentada, así como fe de vida y de estado, con indicación de que si transcurrido el plazo de diez días no se hubiera aportado la misma, se procedería al archivo de su petición sin más trámite.
Tercero.- Habiendo transcurrido el plazo concedido al efecto sin presentar la documentación requerida mediante Orden de 9 de mayo de 2001, el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas (notificada el 5 de junio de 2001), en virtud de delegación de competencia conferida por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio de 21 de febrero de 2001, acuerda archivar la solicitud de subvención de Dña. Rosa María Hernández Morales, prevista en el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, para adquisición de su vivienda.
Cuarto.- Dña. Rosa María Hernández Morales mediante escrito de fecha 14 de junio de 2001 (con entrada en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas en la misma fecha), solicita sea readmitida a trámite su solicitud y poder presentar toda la documentación que fuese necesaria.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 116.1 la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el recurso interpuesto debe tener la consideración de recurso de reposición dado que el acto impugnado fue dictado por el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas (en virtud de delegación de competencia conferida por Orden del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio de 21 de febrero de 2001), que carece de superior jerárquico, a efectos del presente procedimiento.
Segundo.- Una vez determinada la naturaleza de recurso de reposición del escrito presentado por Dña. Rosa María Hernández Morales, condición previa para entrar a conocer los fundamentos del mismo, es comprobar si reúne los requisitos de admisibilidad y en este sentido se observa que no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, puesto que el recurso de reposición se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 117.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 13 de enero y el recurrente tiene plena legitimación activa para su interposición.
Tercero.- Compete al Consejero de Economía, Hacienda y Comercio la resolución del recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.1 en relación con el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- La Orden recurrida se fundamenta en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que establece que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos del artículo 70 de la citada Ley, o los exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de manera que no pueden ser tenidas en cuenta las alegaciones formuladas por la interesada, por cuanto tal y como ha venido estableciendo el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, el archivo de las actuaciones es la consecuencia obligada que sigue a la inatención por parte del interesado del requerimiento y advertencia del artículo 71.
Vista la normativa citada y demás de general o particular aplicación.
El Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, en ejercicio de las facultades que tiene legalmente atribuidas,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dña. Rosa María Hernández Morales frente a la Orden de 9 de mayo de 2001, del Consejero de Obras Publicas, Vivienda y Aguas, por la que se archiva la solicitud de subvención, prevista en el Decreto 34/1995, de 24 de febrero, para adquisición de su vivienda, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que el interesado pueda interponer cualquier otro que considere pertinente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2002.- El Secretario General Técnico, Jesús Velayos Morales.
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