Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, por encontrarse ausente de su domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.
"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de no procedencia de inicio de procedimiento sancionador a D. Manuel Quintana Ramos, por presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Vista la denuncia del Servicio Canario de la Salud de fecha 18 de febrero de 1999, con entrada en este Centro Directivo el día 10 de julio de 2000, bajo el nº 10.554 de registro y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante la recepción de la expresada denuncia, esta Dirección General tuvo conocimiento de lo siguiente:
Con fecha 18 de febrero de 1999, en visita de inspección realizada por el Veterinario Asistencial del municipio de San Mateo del Servicio Canario de la Salud, se comprobó que D. Manuel Quintana Ramos, con domicilio en La Caldereta, Barranco de Los Chorros, en el término municipal de San Mateo, era propietario de una granja avícola que presenta unas deficientes condiciones higiénico-sanitarias con abundante estiércol a la entrada de la misma, y que tras haberse concedido varios plazos para subsanarlo no se aprecia intencionalidad del propietario por resolverlo, con las consiguientes molestias para los vecinos.
Segundo.- A la vista de lo anterior, por esta Dirección General, mediante escrito de fecha 21 de agosto de 2000 y nº 3.905 de registro de salida, se requirió al Ayuntamiento de Vega de San Mateo, al objeto de que procediera a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador en el plazo de un mes; plazo, el referido que transcurrió íntegramente sin que por dicha entidad local se acreditara la incoación del mismo, según consta acreditado todo ello en el presente expediente.
Tercero.- Con fecha 23 de junio de 2000 y en relación con la referida denuncia, por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se evacuó informe, el cual obra, asimismo, incorporado al presente expediente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- De lo relatado en el antecedente primero de la presente y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, se desprende que los hechos puestos en conocimiento de este Centro Directivo, pueden ser constitutivos de una infracción grave prevista y tipificada en el artículo 24.2.a) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, en relación con el 4.2.c) de la misma Ley, al disponerse en dicho precepto que se considerará como tal el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza.
II.- De la comisión de los indicados hechos aparece como presunto autor D. Manuel Quintana Ramos, al ser el titular del establecimiento, pudiendo ser, en consecuencia, sancionado de acuerdo con lo previsto en el artº. 26.1 de la invocada Ley, con multa de 25.001 a 250.000 pesetas, y ello, sin perjuicio de que dicha sanción pueda, además, comportar, con arreglo a lo dispuesto en el artº. 25.2 la clausura temporal del establecimiento, así como la prohibición de adquirir otros animales por un período máximo de diez años.
III.- No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si las leyes que las establezcan no disponen nada al respecto -tal es el caso que nos ocupa, al no disponerse previsión alguna en tal sentido en la citada Ley de Protección de los Animales- el plazo de prescripción de las infracciones graves será de dos años contados desde el día en que aquélla se hubiera cometido salvo que el mismo se hubiere interrumpido por la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, según consta acreditado en el expediente, la infracción cuya comisión se le imputa a D. Manuel Quintana Ramos tuvo lugar el día 18 de febrero de 1999, razón por la que, habiendo transcurrido más de dos años desde la señalada fecha y no constando en el expediente que el indicado plazo haya sido interrumpido en la forma legalmente establecida, aquélla debe considerarse prescrita.
En consecuencia, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 6.1 del Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ha de acordarse la no procedencia de iniciar el procedimiento sancionador contra el nombrado denunciado por la presunta comisión de los referidos hechos.
IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida, de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Protección de los Animales y en el artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, a esta Dirección General, toda vez que por el Ayuntamiento de Vega de San Mateo, como órgano inicialmente competente, se ha hecho dejación de la misma, y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y preceptivo informe, según consta todo ello acreditado en el expediente.
En su virtud, vistas las restantes disposiciones vigentes y concordantes que resultan de aplicación al presente,
R E S U E L V O:
Declarar la no procedencia de iniciar procedimiento sancionador contra D. Manuel Quintana Ramos por la presunta comisión de los hechos a los que se contrae la presente.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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