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Intentada la notificación de la Orden que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante el presente.
"Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 17 de septiembre de 2001, contra D. Manuel Moreno Sabino, por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación para la resolución del procedimiento sancionador al que se ha hecho expresa referencia en el encabezado de la presente.
Vista la propuesta formulada por la nombrada Dirección General.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 20 de junio de 2000 y bajo el nº 9.396 de registro tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación escrito de denuncia formulada por D. Victoriano Manuel Rodríguez García (ref.: 4162/99), mediante el que el citado Centro Directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:
Que el día 6 de octubre de 1999, D. Victoriano Manuel Rodríguez García adquirió en el establecimiento denominado "Animal Show", propiedad de D. Manuel Moreno Sabino, sito en Santa Cruz de Tenerife, Rambla General Franco, 11, un perro de raza Bull Dog Francés, sin que en el documento de compra (factura) del referido animal constase la edad, sexo, señales somáticas para su identificación, nombre y dirección del criador de procedencia o del anterior propietario, las prácticas de desparasitación e inmunológicas a que hubiese estado sometido aquél, acreditadas por certificación expedida por veterinario facultativo, el compromiso formal de resolver la compraventa en el supuesto previsto en el artº. 12, letra d), del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, ni de la entrega del documento de inscripción en el Libro de Orígenes de la Raza.
Segundo.- Requerido que fue, sin éxito, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la nombrada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación al objeto de que, en el plazo de un mes, instruyera el correspondiente expediente sancionador y, evacuado que fue, asimismo, el preceptivo informe por la Dirección General de Ganadería, según consta todo ello acreditado en el expediente, con fecha 17 de septiembre de 2001 fue dictada por la citada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación Resolución de inicio de expediente sancionador por la presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, contra D. Manuel Moreno Sabino, quien no formuló alegaciones ni acompañó documentos en defensa de su derecho en el plazo que al efecto le fue conferido con ocasión de la notificación de la citada Resolución.
Tercero.- A la vista de lo anterior, con fecha 17 de octubre de 2001, por el Instructor del expediente, fue dictada la oportuna Propuesta de Resolución del procedimiento de su razón.
Cuarto.- Notificada que le fue la expresada Propuesta de Resolución al inculpado, mediante anuncio hecho público en el Boletín Oficial de Canarias nº 148, de 14 de noviembre de 2001, al no haberse podido practicar aquélla en el domicilio que figura en el expediente, el nombrado inculpado no formuló alegaciones ni presentó documentos o información alguna en defensa de su derecho en el plazo de quince días que expresamente le fue conferido al efecto, según consta acreditado todo ello en el expediente.
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Se declara probado que en la factura expedida por dicho establecimiento comercial a D. Victoriano Manuel Rodríguez García, entre otros extremos, no constan los siguientes:
El compromiso asumido por la misma, de forma clara y explícita de resolver la compraventa cuando se aprecien defectos o vicios que den lugar a la evicción o al saneamiento, en el supuesto de que el animal en el período de quince días siguientes al de su entrega al comprador, muestre evidencia clínica de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria, cuyo inicio del período de incubación hubiera sido anterior a aquella fecha, según se acredite mediante certificación suscrita por facultativo veterinario.
El sexo, edad, y señales somáticas para su identificación del animal objeto de compraventa.
Nombre y dirección del criador de procedencia o del anterior propietario.
El compromiso formal de entrega del documento de inscripción, en su caso, del animal en el Libro de Orígenes de la Raza.
Las prácticas de desparasitación e inmunológicas a que hubiere estado sometido el animal objeto de venta, acreditadas por certificación expedida por facultativo veterinario.
La realidad de dichos hechos ha resultado acreditada mediante la documentación acompañada en unión del escrito de denuncia, especialmente de la factura expedida al denunciante por la empresa vendedora, al no figurar en la misma consignados los referidos extremos, según se hizo constar en el antecedente primero de la presente.
II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de una infracción grave, tipificada en el artº. 24.2, letra d), de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se considera como tal el incumplimiento, por parte de los establecimientos, de las condiciones para el mantenimiento temporal de animales de compañía, cría o venta de los mismos, o de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley o en su normas de desarrollo reglamentario.
A este respecto cabe indicar que el artº. 12 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, dispone que, en la compraventa de animales de compañía, con el fin de salvaguardar los intereses del comprador y el bienestar del animal, el vendedor entregará, al nuevo propietario, documento en el que hará constar los extremos mencionados anteriormente en el fundamento jurídico primero.
III.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 26 de la invocada Ley de Protección de los Animales y artº. 131.3 de la citada LRJ-PAC, corresponde sancionar al nombrado inculpado por la comisión de dicha infracción con multa de 25.001 pesetas, al no apreciarse la concurrencia de circunstancia alguna que exija su imposición en grado superior.
IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida al Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, letra d), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en relación con lo previsto en el artº. 72 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de los Animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.
Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,
R E S U E L V O:
1º) Sancionar a D. Manuel Moreno Sabino, cuyas restantes circunstancias identificativas ya constan acreditadas en el expediente, con multa de veinticinco mil una (25.001) pesetas, por la comisión de dicha infracción grave prevista y tipificada en el artº. 24.2.d), de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
2º) Notificar la presente al interesado.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor de la misma, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 21 de diciembre de 2001.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, Julio Bonis Álvarez."
Santa Cruz de Tenerife, a 31 de enero de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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