BOC - 2002/013. Miércoles 30 de Enero de 2002 - 258

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

258 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de diciembre de 2001, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/126/2001.

RESPONSABLE: Mirror Enter Price, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35526367.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de diciembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Moto Joven, propiedad de Mirror Enter Price, S.L., sito en el Centro Comercial La Ballena, local B-40, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.563, comprobaron que se exponía para su venta al público un modelo de patinete que carecía de los preceptivos datos consignados en castellano relativos a las instrucciones de montaje, uso y mantenimiento, precauciones y advertencias por riesgos previsibles y datos de identificación de fabricante o importador.

En el envase de los patinetes figuran las leyendas "Leopard Made in China" y en un lateral dos recuadros con sendos dibujos de montaje y las expresiones "to fold" y "to un fold" respectivamente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Mirror Enter Price, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/135/2001.

RESPONSABLE: Jasbir Sing Modi.

D.N.I. o N.I.F.: X0688338V.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de diciembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en India Imagen, propiedad de D. Jasbir Sing Modi, sito en el Centro Comercial Las Arenas, local 49, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.495, comprobaron que tenían para su venta al público unas 20 unidades de patinetes cuyos etiquetados figuraban impresos en idioma extranjero y careciendo por tanto de los preceptivos datos expresados en castellano, acerca de las instrucciones de uso, mantenimiento y montaje, advertencias y riesgos previsibles.

Entre los datos más relevantes del etiquetado de sus cajas figuraban los siguientes: "Juststart Foldable Frame For Easy Storage and Carrying speedy walk on level ground", en el interior figuraba un folleto con las instrucciones de montaje expresadas en idioma extranjero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Jasbir Sing Modi la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/141/2001.

RESPONSABLE: Fernando de la Fe González.

D.N.I. o N.I.F.: 43760426M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 28 de diciembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en La Oca Loca, propiedad de D. Fernando de la Fe González, sito en la calle Drago, 6, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 3.387, comprobaron que tenían expuestos para su venta al público 20 patinetes en cuyas cajas aparecían impresos datos o expresiones en idioma extranjero, destacaba entre ellos el nombre "Extreme Rapid Hero".

En el interior de las cajas que los contenían llevaban incorporada una hoja con las instrucciones de montaje y advertencias de precaución expresadas en idioma extranjero.

Estos artículos carecían por tanto de los preceptivos datos expresados en castellano, lengua española oficial del Estado, respecto a sus instrucciones, advertencias y riesgos previsibles, así como de aquellos datos identificativos del fabricante o importador de los patinetes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Fernando de la Fe González la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/161/2001, instruido por esta Dirección General, contra Apavi, S.L., con domicilio en la calle Pedro Infinito, 105 y; estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y

Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 10 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Deportes Apavi, propiedad de Apavi, S.L., sito en la calle Pedro Infinito, 105, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.513, comprobaron que tenía para su venta al público un patinete de la marca "Urban Scooter", cuyo etiquetado figuraba impreso en idioma extranjero y carecía de las preceptivas advertencias y riesgos previsibles expresados en castellano.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en los artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Resultando: que el día 22 de junio de 2001, la interesada presentó escrito de alegaciones con número de registro de entrada 157.558 manifestando, en síntesis, lo siguiente:

No se hace constar con claridad qué frases o datos figuran en lengua extranjera, dado que en una etiqueta que figura adherida a dicha caja, dice que se trata de un patinete 100% Aluminio, dándose a entender, obviamente, que dicha etiqueta figura en castellano.

En relación al fondo del asunto hemos de manifestar que en la caja del meritado patinete, único que este comercio tuvo en su poder y que en vista del Acta retiró inmediatamente, en el interior de la misma, se acompañaba junto con dicho artículo unas instrucciones, precauciones de uso y manejo en castellano realizadas por el importador. Se adjuntan al presente como documentos 2, 3, 4 y 5 copias de las mismas.

Considerando: que son de tomar en consideración las alegaciones de la interesada, por cuanto en virtud de lo manifestado y aportado, y en relación lógica con la propia textualidad del acta y los hechos y circunstancias en ella descritos.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Apavi, S.L. por inexistencia de responsabilidad y el archivo del expediente nº 35/161/2001 sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/170/2001.

RESPONSABLE: Basant Khemchand Mankani.

D.N.I. o N.I.F.: X0477976J.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Air Electronics, propiedad de D. Basant Khemchand Mankani, sito en el Centro Comercial Cita, local 63, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 3.458, comprobaron que tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de diferentes marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

Tenían en las condiciones anteriormente descritas: videocámaras, relojes, radiocasetes, cámaras fotográficas, gafas, walkman, compacts, videojuegos, transistores, mecheros, pilas, rollos, máquinas de afeitar, secadores, binoculares, etc.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Basant Khemchand Mankani la sanción de multa de 250.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/174/2001.

RESPONSABLE: Thamm Joachin Erich.

D.N.I. o N.I.F.: X3047705K.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado León Viejo, propiedad de D. Thamm Joachin Erich, sito en la calle Miguel Marrero, 27, Arguineguín, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 3.615, comprobaron que en la sección de frutas y verduras del supermercado no se consignaban los precios de venta al público de estos productos.

También se comprobó que los quesos y embutidos no incorporaban sus preceptivos precios de venta al público ni por kilogramo del producto ni por pieza del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 25 de junio de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Se niega el hecho generador de la infracción: en el Supermercado León Viejo sí estaban y están los precios de venta al público consignados en la sección de frutas y verduras, también se consignaron y siguen consignando los precios de venta al público en los quesos y embutidos por kilogramos.

En efecto, si se admitiera sólo a título dialéctico, alguna responsabilidad objeto de sanción, las propuestas deben quedar invalidadas por su manifiesta desproporción, ya que los precios si se encontraban a vista del público, la ley no establece exactamente la forma en que deba ser mostrado. Pero si es cierto que debe ser vista al público y nunca pinchados en los alimentos.

Son ilegales las consecuencias administrativas contenidas en la iniciación de un procedimiento sancionador por no estar acordes con el hecho generador ni las circunstancias que lo califiquen jurídicamente en sus grados.

Solicitamos sea concordada la denuncia con el hecho expuesto e instamos inspección por parte de la administración al establecimiento denominado Supermercado León Viejo, cuando crea conveniente, a fin de que quede demostrado que tal hecho generador, motivo de la denuncia no reviste tal carácter, ni mucho menos denuncia por parte de quienes son los protegidos por la Ley como son los consumidores del cual este establecimiento no ha tenido queja alguna durante muchos años.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección, en su momento levantada y firmada por el compareciente.

La textualidad del acta indica que los precios de venta al público no se observaban, esto así ha sido transcrito al acuerdo, en cualquier caso la finalidad última de la normativa que exige incorporar los precios de venta al público es que el consumidor conozca en todo momento y circunstancia la cuantía de los mismos sin necesidad de preguntar, en el momento de la inspección los precios no se incorporaban en las frutas ni en los quesos y embutidos.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y el interesado es responsable en la comisión de la misma, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

No obstante, previo análisis de las circunstancias y en aras al principio de proporcionalidad acordamos reducir la cuantía de la sanción inicialmente propuesta quedando la misma establecida en la cantidad de 50.000 pesetas.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Thamm Joachin Erich la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/180/2001.

RESPONSABLE: Cashjoya Canarias, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35539287.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Joyería Cashjoya, propiedad de Cashjoya Canarias, S.L., sita en la calle Villavicencio, 18, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.463, comprobaron que en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Cashjoya Canarias, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/185/2001, instruido por esta Dirección General, contra Gregorio Suárez Sánchez, con domicilio en la calle Juan Alvarado y Saz, 67 y; estando de acuerdo con la Propuesta formulada por el Instructor; y

Vistos los preceptos legales de general aplicación en especial el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189).

Resultando: que el día 16 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Juegos Goyo, propiedad de Gregorio Suárez Sánchez, sito en la calle Juan Alvarado y Saz, 67, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 3.519, comprobaron que en el momento de la inspección, no tenían a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponían en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.

Resultando: que como consecuencia de ello se formuló Acuerdo de iniciación indicando que infringía lo dispuesto en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Resultando: que el interesado presentó escrito de alegaciones el día 7 de junio de 2001.

Considerando: que son de tomar en consideración las alegaciones del interesado por cuanto que demuestran la efectiva solicitud en fecha anterior a la inspección de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador, así como la no entrega de las mismas por carecer de existencias.

Considerando: que todo ello no implica que el interesado deba intentar todo lo posible por disponer cuanto antes de las Hojas de Reclamaciones y su cartel anunciador.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9 del Decreto 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo,

ACUERDO:

El sobreseimiento de las diligencias contra Gregorio Suárez Sánchez por inexistencia de responsabilidad y el archivo del expediente nº 35/185/2001 sin más trámite.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/201/2001.

RESPONSABLE: Alberto O. Vega Ceballos.

D.N.I. o N.I.F.: 44305876X.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller, propiedad de D. Alberto O. Vega Ceballos, sito en la calle Veracruz, 36, Salto del Negro, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.474, comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo oficial y de las preceptivas Hojas de Reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Alberto O. Vega Ceballos la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/205/2001.

RESPONSABLE: Supermercados Torres.

D.N.I. o N.I.F.: B35019306.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: los días 19 y 31 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron sendas visitas de inspección en el Supermercado Más y Más y Supermercado Más y Más El Monte, propiedad de Supermercados Torres, S.L., sitos en la calle José Antonio Primo de Rivera, 1, el primero y en la Carretera General del Centro, nº 119, el segundo, ambos del término municipal de Santa Brígida; y mediante actas levantadas al efecto números 3.475 y 3.669, comprobaron los siguientes extremos:

- El día 19 de enero tenían para su venta al público 6 cajas de calabacines y 6 cajas de lechugas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización y unos 60 paquetes de queso rallado "Forlasa" que exigiendo textualmente sus etiquetados su conservación refrigerada, estaban expuestos para su venta al público a temperatura ambiente.

- El día 31 de enero comprobaron que tenían para su venta al público 90 kg de papas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 2 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior, en concordancia con el Reglamento CEE nº 1.292/81, de la Comisión, de 12 de mayo de 1981, por el que se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines (D.O.C.E. nº L 129, de 15.5.81), en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88, de 13 de enero de 1987 (D.O.C.E. de 14 de enero de 1988), por el que se fijan las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces, modificado parcialmente por el Reglamento CEE nº 2.323/88, de 26 de julio de 1988, y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23), corrección de errores (B.O.E. de 12 de octubre de 1983), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el artº. 14.2 del Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), que aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 21 de junio de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Las cajas de calabacines como las cajas de lechugas y las papas, así como los paquetes de queso rallado no se encontraban aún a la venta al público porque acababan de ser suministrados, razón por la cual, ni se había tenido tiempo material de proceder a la colocación de los etiquetados de normalización, e iban a colocarse inmediatamente, ni se había colocado aún el queso rallado en el refrigerador.

Entendemos que en estos casos, en que la mercancía acababa de llegar al supermercado y no se encontraba a la venta al público, debería existir cierta flexibilidad por parte de los Sres. Inspectores actuantes en el momento de la visita de inspección, y permitir unos minutos en los que se pueda proceder a la colocación de los etiquetados de normalización y a la colocación de la mercancía que va en refrigerador.

No obstante lo anterior, hemos de señalar que al cuantificarse la multa pecuniaria impuesta a la entidad compareciente no se ha contemplado el Principio de Proporcionalidad.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en las actas de inspección, en su momento levantadas y firmadas; en ellas se describen los hechos que no son otros sino los que se transcriben, es decir, tenían para su venta al público 90 kg de papas sin etiquetar el día 31 de enero y tenían el 19 de enero diversas cajas de calabacines y lechugas igualmente sin etiquetar, así como 60 paquetes de queso "Forlasa" que incumplían las propias condiciones de conservación que sus etiquetados fijaban.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales descritos y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

En lo relativo a la cuantía de la sanción entendemos que la multa, previa calificación de la infracción como leve, respeta y se adecua al principio de proporcionalidad y resto de criterios referidos en el Acuerdo de iniciación notificado, máxime si atendemos al elevado número de productos que infringían la normativa y a la naturaleza de los derechos básicos del consumidor lesionados o puestos en peligro, todo ello previa ponderación y graduación dentro de un margen legal extensible a las 500.000 pesetas.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Supermercados Torres la sanción de multa de 150.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/207/2001.

RESPONSABLE: Nice Food, S.A.

D.N.I. o N.I.F.: A35355205.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de enero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en DominoÕs Pizza, propiedad de Nice Food, S.A., sito en la calle Primero de Mayo, 1, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3.680, procedieron a atender denuncia-reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 5.669, de 29 de noviembre de 2000.

Posteriormente, se comprobó que el establecimiento no exhibía el cartel anunciador de la existencia de Hojas de Reclamaciones y que las mismas no estaban a disposición de los clientes, en el momento de la inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 11 de junio de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Presenta la documentación que a continuación se relaciona:

- Fotocopia de la solicitud de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador.

- Fotocopia del informe de inspección del Patronato de Turismo.

- Fotocopia de la nota de entrega de Hojas de Reclamaciones de la Consejería de Sanidad y Consumo.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, constatados y admitidos los hechos objeto de expediente, los mismos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales descritos y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Los documentos presentados sólo demuestran la negativa en inspección a ser considerado el establecimiento como restaurante y la solicitud de Hojas de Reclamaciones condicionada a la aceptación de esta categoría.

En materia de consumo ha quedado constatado que, en el día de la inspección, no se exhibía el cartel anunciador de las Hojas de Reclamaciones ni se disponía de las mismas para con los clientes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Nice Food, S.A. la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de julio de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/325/2001.

RESPONSABLE: Alejandro del Rosario Urbin.

D.N.I. o N.I.F.: 78486090.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Caprichos desde 150, propiedad de D. Alejandro del Rosario Urbin, sito en la calle Faro, 103, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.108, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Alejandro del Rosario Urbin la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/350/2001.

RESPONSABLE: Bao Bao, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35623545.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Tu Xin, propiedad de Bao Bao, S.L., sito en la calle La Naval, 40, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.050, procedieron a cumplimentar S.I.R.I. (Sistema de intercambio rápido de información) de fecha 12 de febrero de 2001, acerca de una partida de patinetes que no cumplían con la normativa vigente.

Tenían 3 unidades de patinetes en cuyas cajas o envases se leía: "Deity buck skate scooter", estos artículos estaban etiquetados en idioma extranjero y carecían de los preceptivos datos expresados en castellano, lengua española oficial del Estado relativos a la identificación del fabricante o importador, instrucciones de montaje, uso y mantenimiento y advertencias y riesgos previsibles.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Bao Bao, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

14) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/384/2001.

RESPONSABLE: Alexander, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35327311.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Calzados Vogue, propiedad de Alexander, S.L., sito en la Plaza de la Constitución, 5, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 1.149, procedieron a cumplimentar reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 940, de 15 de febrero de 2001.

Puestos en contacto con el compareciente se le leyó y mostró la reclamación interpuesta por Dña. Fabiola Reyes que versaba en líneas generales acerca de la negativa a cambiar o devolver unos zapatos presumiblemente defectuosos.

El compareciente en la inspección manifestó que la titular del establecimiento, su madre, estaba de viaje, no estando autorizado para decidir, por ello en el acta de inspección se le requirió expresa y textualmente para que en el plazo de 10 días presentase ante esta Dirección General haciendo referencia al número y fecha del acta, un informe acerca de los hechos y de su voluntad de devolver el dinero o cambiar los zapatos.

El informe acerca de los hechos, requerido por los servicios de inspección no ha sido presentado en el plazo al efecto señalado ni con posterioridad al mismo, tampoco se ha recibido en estas dependencias documento alguno ni comunicación de ningún tipo que motivase, justificase o, cuando menos, hiciese referencia expresa al por qué de la ausencia de dicho informe, requerido en aras al esclarecimiento de los hechos y la posible solución de la controversia planteada.

También se comprobó que el establecimiento no disponía de Hojas de Reclamaciones para con los consumidores y carecía del preceptivo cartel anunciador del etiquetado y composición del calzado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 6 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14 y artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 5, apartados 5 y 10, del Real Decreto 1.718/1995, de 27 de octubre (B.O.E. nº 36, de 1996), por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Alexander, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

15) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/366/2001.

RESPONSABLE: Sunil Khatwani Khatwani.

D.N.I. o N.I.F.: 42836387Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Bentex, propiedad de D. Sunil Khatwani Khatwani, sito en la calle Ripoche, 13, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.092, comprobaron que tenían para su venta al público artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tales como unos 24 radiocasetes de las marcas Pioneer y Panasonic y altavoces de vehículos.

También se comprobó que no exhibía al público el preceptivo cartel anunciador de la disponibilidad de Hojas de Reclamaciones para con los clientes y que el apartado de estas hojas reservado para consignar los datos de identificación del establecimiento no estaba previa y debidamente rellenado, tal y como es preceptivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Sunil Khatwani Khatwani la sanción de multa de 250.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

16) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/390/2001.

RESPONSABLE: Harish Chandiram Datwani.

D.N.I. o N.I.F.: X01871252H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Faiht IV, propiedad de D. Harish Chandiram Datwani, sito en el Centro Comercial Las Cucharas, local 4011, Costa Teguise, término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 1.223, comprobaron que tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diferentes artículos de distintas marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

Tenían en estas condiciones descritas: videocámaras, máquinas fotográficas, relojes, gafas, binoculares, walkmans, transistores, radiocasetes, compacts, lentes, pilas, rollos, máquinas de afeitar, secadores, etc.

También se comprobó que el establecimiento carecía del preceptivo cartel informativo del horario comercial de apertura y cierre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5, 6 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 11 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Harish Chandiram Datwani la sanción de multa de 300.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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