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BOC Nº 009. Lunes 21 de Enero de 2002 - 176

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

176 - ANUNCIO de 29 de noviembre de 2001, relativo a notificación de Decreto recaído en el expediente sancionador en materia de caza nº 93B/2000 en el que aparece como denunciado D. Julio Alberto Mendoza Pérez.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado Decreto en el domicilio que figura en el expediente incoado por este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesados intentada y no practicada, se hace saber que con fecha 2 de octubre de 2001 el Sr. Presidente de esta Excma. Corporación dictó el siguiente Decreto, del tenor literal siguiente:

"Con fecha 1 de agosto de 2001 se interpuso recurso de alzada por D. Julio Alberto Mendoza Pérez, D.N.I. nº 45.725.234, contra Resolución del Consejero Insular de Medio Ambiente de este Cabildo Insular de fecha 20 de junio de 2001 (expediente nº 93B/2000). En la citada Resolución se impuso al recurrente la sanción de multa de un millón doscientas mil (1.200.000) pesetas (7.212,15 euros) y la retirada y revocación de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante el plazo de cinco (5) años.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el recurso interpuesto, el Sr. Julio Alberto Mendoza Pérez, alega, en síntesis, lo siguiente:

- Que se manifiesta disconforme respecto de los hechos imputados por cuanto no se corresponden con la realidad tal y como se manifestó en su día en el correspondiente escrito de alegaciones, el cual no se ha tenido en cuenta en la resolución sancionadora.

- Que la resolución sancionadora impugnada no tiene validez, por cuanto que en el expediente seguido para imponer la sanción, no se han tenido en cuenta los principios que gobiernan la potestad sancionadora y las normas de procedimiento administrativo aplicables en los siguientes términos:

- La resolución es de fecha 20 de junio de 2001, y fue notificada a esta parte el día 13 de julio de 2001, es decir casi un mes después de haber sido dictada. Por tanto se alega caducidad de este procedimiento sancionador ya que el plazo para notificar es de diez días, ello según lo dispuesto en el artículo 58.2 de la LRJPAC. Ello atendiendo además al artículo 47 de la LRJPAC que establece: "Los términos y plazos establecidos en ésta y otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos".

- Que la sanción propuesta vulnera el principio de proporcionalidad ya que no guarda una proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes y no se justifica de manera alguna el importe de la sanción (1.200.000 pesetas) por una infracción calificada de muy grave para las cuales está prevista en el artículo 51.1.d) de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, sanciones desde 500.001 a 1.500.000 pesetas, al no concurrir circunstancias extraordinarias que pudieran generar un aumento de la cuantía.

- Basamos lo anterior en el artículo 131 de la LRJPAC que establece: "En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: a) la existencia de intencionalidad o reiteración y b) la naturaleza de los perjuicios causados.

Segundo.- Como hechos probados, la Resolución del Sr. Consejero Insular de Medio Ambiente de fecha 20 de junio de 2001 estableció lo siguiente: "El día 3 de septiembre de 2000 a las 11,00 horas, el denunciado, D. Julio Alberto Mendoza Pérez, fue sorprendido por los guardas actuantes cuando se encontraba cazando con una escopeta en zona de seguridad (a un metro de una pista de acceso a terrenos agrícolas) con doce (12) perros y un (1) hurón, estando inhabilitado para el ejercicio de la caza por resolución administrativa firme, en el lugar conocido Montaña del Pozo, en el término municipal de Vilaflor".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de la infracción administrativa prevista en el artº. 50.1 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, dándose los elementos básicos determinantes de la infracción, al encontrarse el inculpado practicando la caza teniendo retirada la licencia de caza por resolución administrativa firme (Resolución del Consejero Insular de Medio Ambiente de fecha 28 de octubre de 1999 que inhabilita al Sr. Julio Alberto Mendoza Pérez para el ejercicio de la actividad cinegética por un período de dos años -desde el 28 de febrero de 2000 hasta el 28 de febrero de 2002-).

Segundo.- Por el recurrente se alega la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 58.2 de la LRJPAC relativo a que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, solicitando la caducidad del procedimiento al ser la resolución recurrida de fecha 20 de junio de 2001 y fue notificada al inculpado el día 13 de julio de 2001, es decir casi un mes después de haber sido dictada. Sin embargo, a este respecto cabe decir que no se ha conculcado ninguno de los plazos para efectuar la notificación. Así, en primer lugar, la citada resolución, de fecha 20 de junio de 2001, tiene fecha de salida del registro auxiliar del Área de Medio Ambiente de 28 de junio de 2001. Posteriormente, según consta en el acuse de recibo, por parte de Correos se efectuó un primer intento de notificación el día 9 de julio de 2001 a las 12,30 horas, encontrándose ausente de su domicilio el inculpado por lo que no se pudo hacer efectiva la entrega, siendo, en el segundo intento, el 13 de julio de 2001, cuando se efectuó la correspondiente notificación. Por lo tanto, según lo expuesto, se deduce de forma clara que se han cumplido todos los plazos legales previstos para evacuar la misma.

Tercero.- La segunda alegación realizada se refiere a la vulneración del principio de proporcionalidad respecto a la sanción impuesta ya que, según el recurrente, no guarda una proporción adecuada con las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes y no se justifica de manera alguna el importe de la sanción. En cuanto a este punto hay que señalar que el incremento en la multa y el establecimiento de un período de inhabilitación para la práctica de la actividad cinegética esta claramente justificado, al estar proporcionado a las circunstancias objetivas del caso y a las condiciones particulares del recurrente. Así, por un lado, la intervención de los guardas actuantes se produjo primeramente al ser el inculpado sorprendido mientras se encontraba cazando con una escopeta en zona de seguridad (a un metro de un camino de uso público), hechos éstos tipificados como infracción grave en la Ley 7/1998 de Caza de Canarias, siendo posteriormente cuando se comprobó que el Sr. Mendoza Pérez estaba inhabilitado para la práctica de la actividad cinegética, infracción tipificada como muy grave por la citada Ley. Estas circunstancias, que evidencian la gravedad de la actuación del inculpado, fueron las que motivaron el aumento de la cuantía en la imposición de la sanción. Por otro lado, el importe de la multa se incrementó en un 50% de su cuantía al aplicarse la circunstancia modificativa de la responsabilidad de la reincidencia -artº. 55.2 de la Ley 7/1998-, al haberse producido la misma dentro del período de un año. En atención a todo lo expuesto, cabe considerar que la sanción establecida se ajusta a derecho, no habiendo vulneración del alegado principio de proporcionalidad.

Cuarto.- El artículo 113 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que la resolución del recurso estimará en todo o en parte, o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo, o declarara su inadmisión.

Quinto.- El Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife dispone en su artículo 22 que las resoluciones de los Consejeros Insulares de Área, en el ejercicio de atribuciones desconcentradas en virtud de dicho Reglamento, podrán ser objeto del recurso de alzada a que se refieren los artículos 107.1 y 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ante esta Presidencia de este Cabildo, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos del recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y habiéndose asignado al Sr. Consejero Insular que suscribe la resolución recurrida, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de caza, es competencia de esta Presidencia la resolución del recurso interpuesto.

Por todo ello

R E S U E L V O:

- Desestimar el recurso de alzada interpuesto confirmando la resolución recurrida que imponía la sanción de multa de un millón doscientas mil (1.200.000) pesetas (7.212,15 euros) y la retirada y revocación de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante el plazo de cinco (5) años."

La cantidad correspondiente al importe total deberá ser ingresada en la cuenta corriente restringida de recaudación nº 2065 0000 01 1114004629 abierta a nombre del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en la Entidad CajaCanarias, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentando, posteriormente, el justificante de ingreso en las dependencias de la Unidad de Autorizaciones y Disciplina de Caza, a cuyo efecto podrá bastar su remisión por fax al nº (922) 239174. El plazo para efectuar el ingreso, de acuerdo con lo establecido en el artº. 20.2 del Reglamento General de Recaudación, será el siguiente:

a) En el supuesto de recibir el presente Decreto entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Caso de recibirlo entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Si, vencidos los plazos de ingreso, no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con un recargo del 20 por 100 de la deuda, conforme lo dispuesto en el artº. 128 de la Ley General Tributaria.

El presente Decreto es firme en vía administrativa. Contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, pudiendo interponer, asimismo, cualquier otro recurso que crea conveniente.

Lo que le comunico para su conocimiento y correspondientes efectos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2001.- El Consejero Insular de Medio Ambiente, Wladimiro Rodríguez Brito.

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