BOC - 2002/002. Viernes 4 de Enero de 2002 - 49

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

49 - ANUNCIO de 10 de diciembre de 2001, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40498-O-00 en materia de transportes.

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Providencia de 10 de diciembre de 2001 del Jefe de Servicio de Carreteras, Vivienda y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40498-O-00.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40498-O-00.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente sancionador y presentado copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de esta Corporación, personalmente o por correo. Por ello dispondrá de un plazo, en el supuesto de recibir la notificación de la presente resolución entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"La Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular, con fecha 24 de agosto de 2001, ha dictado, entre otros el siguiente Decreto:

"Visto escrito presentado por D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de la entidad mercantil: Comercial Anfrabar, S.L. por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha: 23 de febrero de 2001 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora: 11 de febrero de 2000, por agente de la policía local de Arona se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF-2992-BL, del que es titular: la entidad mercantil, Comercial Anfrabar, S.L. por:

Circular con un peso bruto de 32.650 kilogramos, estando autorizado para 18.000 kilogramos.

Resultando: que el día 9 de noviembre de 2000 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40498-O-00.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que no puede estar conforme con la imputación por cuanto que los datos que obran en su poder, el peso real del camión en el momento de la denuncia era de 20.120 kilogramos, lo que supone 2.120 kilogramos por encima de su PMA, y que es realmente sorprendente que el camión llevase el sobrepeso denunciado, ya que su experiencia le dice que el camión no podría circular, y que el conductor mostró su disconformidad con el resultado por lo que no firmó el ticket, siéndole imposible solicitar un pesaje contradictorio ya que hubiera tenido que desplazarse hasta Santa Cruz de Tenerife, lo que hubiera imposibilitado regresar a La Gomera esa misma noche, por lo que el pesaje lo realizó al llegar a San Sebastián de La Gomera, de lo que se deduce que la báscula con la que se hizo el pesaje en Los Cristianos no se debía encontrar en buenas condiciones de funcionamiento, aportando ticket de báscula marca Montaña, S.L., sin número de identificación, de pesaje realizado al vehículo denunciado de fecha 12 de febrero de 2000.

Resultando: que se confirió período de prueba al interesado, siendo cumplimentado por el mismo, aportando declaración jurada del conductor del vehículo en la que, en suma, declara que habiéndole extrañado el pesaje no firmó el ticket por estar en desacuerdo, y que una vez regresado a su isla de origen, procedió inmediatamente a realizar un pesaje contradictorio en la báscula de la Criba de San Sebastián de La Gomera, con un resultado de 20.120 kilogramos y copias simples de cuatro facturas.

Resultando: que por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 23 de febrero de 2001 que venía a sancionar a la entidad mercantil Comercial Anfrabar, S.L. con multa que ascendía a: 460.000 pesetas, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.C) Ley 16/1987, de 30.7, artº. 197.C) Real Decreto 1.211/1990 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.

Notificándose dicha Resolución en fecha: 16 de marzo de 2001.

Resultando: que con fecha 5 de abril de 2001, D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de Comercial Anfrabar, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se reitera en todas las alegaciones ya formuladas en el expediente. Que esa parte conoce la suerte de este recurso, sin embargo, se formula para poder llegar así hasta la jurisdicción ordinaria. Causa hilaridad a esa parte el que la resolución sancionadora diga que no exista garantía de que la carga del camión no haya sido manipulada. Contestando que la misma garantía de que las mediciones e informes de los Técnicos del Cabildo sean realmente ciertas y verdaderas. De todas formas, no le extraña a esa parte, las sospechas que desde la instrucción del expediente se ciernen sobre los documentos por esa parte aportado, pues si son las propias Administraciones Públicas las que constantemente usan todo tipo de estrategias para que, finalmente, los expedientes sancionadores terminen en una sanción, es de suponer que la propia Administración crea que los administrados hacen lo mismo. A esa parte no le queda otro remedio que denunciar la indefensión en que constantemente se está viendo, al ser rechazadas una tras otra sus alegaciones en expedientes sancionadores de esta naturaleza, siempre y con la machacona frase de que "las denuncias de los agentes tienen presunción de veracidad", que, al parecer quiere decir que lo que diga la Administración o sus agentes es siempre válido, aunque sea incierto, y lo que diga el administrado no sirve para nada, aunque tenga toda la razón, pues con ello, a cualquier persona le será imposible desvirtuar tales denuncias, a menos que lleve a su lado constantemente un notario que dé fe de cuanto a su alrededor ocurre, incluso de la falta de rigor en los pesajes que de ordinario se realizan en materia de transportes, por mucho que desde esta Administración se intente decir lo contrario. Además se ha omitido un trámite esencial en el procedimiento, cual es la propuesta de resolución, previa a la resolución sancionadora, en la que se deben notificar los hechos que han resultado probados a juicio del instructor, así como una relación de los documentos obrantes en el expediente, tal como exigen los artículos 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, sin que pueda oponerse de contrario que el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres no exige tal trámite, pues éste constituye una garantía para los derechos del sancionado, especialmente el de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. Por ello, la resolución sancionadora es nula de pleno derecho, artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otra parte, se hace una interpretación extensiva y anticonstitucional de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, pues no puede sancionarse a una empresa, por actos que han sido en su caso realizados por un tercero, por el conductor del vehículo o por el cargador del mismo, pues lo contrario sería contravenir el principio de legalidad, en cuanto también engloba el de culpabilidad, que consagra y establece el artículo 25 de la Constitución Española.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: en relación con las argumentaciones del recurrente en relación con la nulidad por falta de notificación de la propuesta de resolución, el artículo 212 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según la redacción efectuada por el Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, ha previsto la audiencia del interesado, cuando sea necesario, según el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras lo cual se elevará la propuesta de resolución y se notificará al interesado la resolución del procedimiento sancionador. El trámite de audiencia no es preceptivo en todos los casos a tenor del artículo 13.2 (de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento) y 19.2 (cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidas en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado) del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora sino cuando en fase instructora resulten (artículo 13.1.b) nuevos hechos fácticos o normativos (artículo 16.3) distintos de los alegados por los interesados. En el presente caso, notificada la resolución de incoación, la parte actora presentó pliego de alegaciones en descargo; habiéndose posteriormente requerido a la misma, y aportando alegaciones y pruebas, dictándose a continuación la propuesta de resolución y seguidamente la resolución sancionadora, donde se recogen los mismos hechos que al inicio del expediente, contra la que se interpuso el oportuno recurso de alzada. En consecuencia, habiendo tenido la recurrente sobradas oportunidades para el ejercicio de su derecho de defensa, no se aprecia motivo de anulación alguno en el expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando: a tenor del ticket de báscula móvil perteneciente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, unido al boletín de denuncia, que motivó la incoación del presente expediente sancionador, resulta suficientemente acreditado que en la fecha de la denuncia el vehículo matrícula: TF-2992-BL circulaba con un peso total en carga de: 32.650 kg, estando autorizado para 18.000 kg, lo que supone un exceso de: 14.650 kg, que representa un 81% más de su peso máximo autorizado. En virtud, asimismo, de los hechos consignadas en el boletín de denuncia formulado por Agente de la Policía Local de Arona a los que la jurisprudencia y la ley, atribuyen la presunción de legalidad y veracidad "iuris tantum" que, como tal, cede cuando frente a ella se alce suficiente y eficaz prueba en contrario, y, en el caso que nos ocupa, el agente actuante no sólo era competente para formular la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, sino que por el sancionado no se han presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha denuncia.

Resultando, en consecuencia, suficientemente probados los hechos infractores consignados en el mencionado boletín de denuncia, entre ellos el porcentaje de peso, que se corresponden con los determinados en el ticket de pesaje adjunto al mismo. No pudiendo considerar como circunstancia atenuante de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de la infracción denunciada, las argumentaciones expuestas por el recurrente, dado que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, se halla en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y habida cuenta que la estimación minuciosa de la culpabilidad choca frontalmente con las exigencias de celeridad que demanda el procedimiento administrativo sancionador; y a tenor de los artículos 138 y 140.c), segundo párrafo, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres el titular del vehículo sobrecargado es responsable de la infracción sancionada, sin que por el mismo se hubiera invocado ninguna de las causas de inimputabilidad previstas en los artículos 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 193 y 194 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y sin que haya sido presentada ninguna prueba indubitada por el interesado que desacredite los hechos infractores, dado que así como la Administración ha acreditado en el presente expediente el cumplimiento de la normativa sobre metrología para el buen funcionamiento de la báscula donde se realizó la pesada que dio origen al exceso de peso que se recoge en este expediente, la entidad interesada no aporta ningún documento que justifique el cumplimiento de la normativa preceptiva por la báscula donde dice que realizó la pesada contradictoria, no ofreciendo ninguna garantía de fiabilidad los datos que arrojó en la pesada alegada.

Considerando: dada la gran peligrosidad que para la seguridad vial supone circular con un vehículo realizando transporte con sobrepeso que supera el 81% del P.M.A. del mismo, en una geografía tan accidentada como la del Archipiélago Canario y dada la fiabilidad de los datos de la pesada donde se computó el exceso, habida cuenta que la báscula empleada en el misma ha sido certificada por el Centro Español de Metrología el 29 de septiembre de 1999, acreditando su conformidad con los requisitos de la Directiva del Consejo 90/384 CEE modificada, constatada mediante los ensayos de verificación establecidos en el punto 8.2 de la norma europea EN 45501, cumpliendo lo previsto en la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, cuya copia se adjunta documentalmente al expediente, garantizándose, en consecuencia, que siendo su funcionamiento correcto y fiables las pesadas realizadas en dicha báscula, resultando, por tanto, conforme a Derecho las sanciones impuestas en base a las infracciones cometidas por exceso de peso computados en la misma, en correspondencia, por tanto, a la gravedad de la infracción cometida, debidamente tipificada en los artículos 140.c) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 197.c) de su reglamento, y en aplicación del principio de proporcionalidad inherente al actuar administrativo sancionador (artº. 143.1 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres) procede la confirmación de la resolución sancionadora impugnada, por ser conforme y ajustados a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción impuesta.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: D. Antonio José Vera Mesa, en nombre y representación de la entidad mercantil: Comercial Anfrabar, S.L., confirmando la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha: 23 de febrero de 2001, que determinó la imposición de una sanción que asciende a cuatrocientas sesenta mil (460.000) pesetas (2.764,66 euros) manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de diciembre de 2001.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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