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BOC Nº 169. Sábado 29 de Diciembre de 2001 - 4710

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

4710 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de diciembre de 2001, relativo a notificación de Resolución de este Centro Directivo de no procedencia de inicio del procedimiento sancionador simplificado a D. Marcial Brito Cañada, por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante el presente.

"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de no procedencia de inicio de procedimiento sancionador simplificado a D. Marcial Brito Cañada, por presunta comisión de infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Vista la denuncia presentada por numerosos vecinos de la zona ante el Ilmo. Ayuntamiento de Arrecife, y en particular por D. José Machín de León, ante el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, y remitida a la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 8 de marzo de 2000, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante la recepción de la indicada denuncia por este Centro Directivo se tuvo conocimiento de lo siguiente:

Que en solar contiguo a un almacén para depósito de chatarra, sito en la calle Álava, del término municipal de Arrecife (Lanzarote) y del que es arrendatario D. Marcial Brito Cañada, existe un corral con cerdos, basura de todas las clases y una porción de bidones de aceite de desecho de motores que atrae gran cantidad de roedores que luego pululan por toda la vecindad.

Segundo.- A la vista de lo anterior, por esta Dirección General, mediante escrito de fecha 4 de mayo de 2000, y nº 5.526 de registro de salida, se requirió al Ayuntamiento de Arrecife, al objeto de que procediera a la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador en el plazo de un mes; plazo, el referido, que transcurrió íntegramente sin que por dicha entidad local se acreditara la incoación del mismo, según consta acreditado todo ello en el expediente.

Tercero.- Con fecha 6 de abril de 2000, y en relación con la expresada denuncia, se emitió informe por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el cual fue registrado de entrada en este Centro Directivo el día 19 del mismo mes y año bajo el nº 6.233.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- De lo relatado en el antecedente primero de la presente y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente, se desprende que los hechos, puestos en conocimiento de este Centro Directivo mediante denuncia de José Machín de León, pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa de carácter leve tipificada en el artículo 24.1, letra f) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, al disponerse en dicho precepto que se considerará como tal la tenencia de animales en lugares donde no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada atención y vigilancia.

II.- De la comisión de los mencionados hechos aparece como presunto autor D. Marcial Brito Cañada, al ostentar la tenencia de los animales a lo que aquéllos se refieren, pudiendo ser, en consecuencia, sancionado de acuerdo con lo previsto en el artº. 26.1 de la invocada Ley, con multa de 5.000 a 25.000 pesetas; y ello sin perjuicio de que dicha sanción pueda, además, comportar, con arreglo a lo dispuesto en el artº. 25.2 la confiscación de los animales objeto de la infracción.

III.- No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si las leyes que las establezcan no disponen nada al respecto -tal es el caso que nos ocupa, al no disponerse previsión alguna en tal sentido en la citada Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales- el plazo de prescripción de las infracciones leves será de seis meses contados desde el día en que aquélla se hubiera cometido salvo que el mismo se hubiera interrumpido por la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, según consta acreditado en el expediente, la infracción cuya comisión se le imputa a D. Marcial Brito Cañada, tuvo lugar el día 27 de septiembre de 1999, razón por la que, habiendo transcurrido más de seis meses desde la señalada fecha y no constando en el expediente que el indicado plazo haya sido interrumpido en la forma legalmente establecida, aquélla debe considerarse prescrita.

En consecuencia, por imperativo de lo dispuesto en el artº. 6.1 del Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, ha de acordarse la no procedencia de iniciar procedimiento sancionador contra el nombrado denunciado por la presunta comisión de los referidos hechos.

IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida, de conformidad con lo previsto en el artº. 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley de Protección de los Animales y en el artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, a esta Dirección General, toda vez que por el Ayuntamiento de Arrecife, como órgano inicialmente competente, se ha hecho dejación de la misma, y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y perceptivo informe, según consta todo ello acreditado en el expediente.

Visto lo dispuesto en el artículo 11.2 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,

R E S U E L V O:

Declarar la no procedencia de iniciar expediente sancionador contra D. Marcial Brito Cañada por la presunta comisión de los hechos a los que se refiere en el antecedente primero de la presente.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de diciembre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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