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Examinado el expediente incoado para la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto "Acondicionamiento de la Carretera FV-1, tramo: Puerto del Rosario-Parque Holandés, isla de Fuerteventura", y teniendo en cuenta que se acreditan los requisitos exigidos para producir la declaración de urgencia, que se ciñen a:
1º) La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados para la expropiación, que resulta implícita en la aprobación, el día 25 de octubre de 2000, del proyecto de referencia, a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.
2º) La urgencia, que viene motivada por razón de configurar la carretera objeto del proyecto enlace fundamental entre Puerto del Rosario y los núcleos turísticos más importantes del norte de la isla, en donde se concentra una importantísima densidad de población, con tendencia progresiva a incrementarse en los próximos años, debido a las nuevas urbanizaciones en proyecto. A ello hay que añadir el importante aumento de tráfico por el espectacular incremento de turismo, constituyendo la expresada vía un importante eslabón en las comunicaciones entre Puerto del Rosario y el norte de la isla de Fuerteventura.
Este importante aumento del contingente de población, tanto turística como residente, así como el incremento del parque automovilístico, ha llevado aparejado un progresivo aumento de la densidad de tráfico en la referida vía, lo que ocasiona importantes problemas de retenciones y de seguridad vial, y justifica el llevar a cabo el citado acondicionamiento para dotar a dicha carretera de los anchos de vía que faciliten la fluidez necesaria que demanda la densidad de tráfico actual y, resolver, asimismo, su previsible aumento.
De lo expuesto se desprende la necesidad de adoptar el procedimiento de urgencia en la tramitación expropiatoria regulado en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, a fin de obtener la urgente ocupación de los terrenos y bienes comprendidos en el tramo del término municipal de Puerto del Rosario, que es el que se ha licitado, para posibilitar la rápida conclusión de las obras por las consideraciones citadas; obra que, por otra parte, se ha venido demandando a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas por las instituciones insulares, tanto privadas como públicas.
3º) Se ha tramitado expediente de información pública, según lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 84, de 9 de julio de 2001, en dos de los diarios de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y de La Oliva, habiéndose presentado alegaciones sobre las que se dictó Orden departamental, de 11 de octubre de 2001, por la que fue estimada la que versaba sobre error padecido en la titularidad y desestimadas las demás.
Visto el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y los artículos 56 y siguientes del Reglamento para su desarrollo, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 13 de diciembre de 2001,
D I S P O N G O:
1. Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos ubicados en el tramo del término municipal de Puerto del Rosario, afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto "Acondicionamiento de la Carretera FV-1, tramo: Puerto del Rosario-Parque Holandés, isla de Fuerteventura", aprobado por Decreto de 25 de octubre de 2000, del Consejero Delegado de Economía y Hacienda del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declaran, quedan descritos en forma individualizada y con indicación de sus titulares en el anexo al presente Decreto.
2. Los interesados podrán formular ante el organismo competente y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de diciembre de 2001.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Román Rodríguez Rodríguez.
EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS,
VIVIENDA Y AGUAS,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
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