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No habiéndose podido notificar a D. Cristian Roth, en su calidad de promotor, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución dictada en el expediente tramitado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 344/99-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Cristian Roth, la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1.078, de fecha 26 de junio de 2001, recaída en el expediente nº 344/99-U, instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y que dice textualmente:
"Por la que se: acuerda caducar expediente.
Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Cristian Roth por la ejecución de obras consistentes en la apertura de una pista y la construcción de una edificación de unos 110 m2 aproximadamente y bajo la rasante principal un garaje de 40 m2, en Suelo Rústico, en el lugar conocido por Montaña Bermeja, Tancajote, Pozo de Las Calcosas en el término municipal de Valverde, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, hoy Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Vistos, la Resolución de fecha 9 de agosto de 2000, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 26 de enero de 2000, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 65 notificada el 3 de marzo por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador en el que se contenía la exposición de los cargos que se le imputaban.
Segundo.- Con fecha 9 de agosto de 2000, se dicta la Resolución nº 842 por la que se acuerda imponer una multa y se ordena la demolición de las obras. Intentada su notificación a través de la vía postal, resultó infructuosa, por lo que se solicitó la notificación a través de la inspección territorial de la Viceconsejería de Medio Ambiente, sin haberse podido notificar dicha Resolución.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley 9/1999 hoy Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y artículo 1º del Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las normas provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, es competente la misma para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones a esta Ley.
II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 20 del Reglamento sobre Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos se entenderán caducados y se procederá al archivo de las actuaciones de oficio o a solicitud de cualquier interesado.
III.- En el presente caso, y teniendo en cuenta la fecha de la resolución de adopción de medidas de disciplina urbanística, han transcurrido con creces los plazos que para notificar y resolver señala el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, concurriendo por tanto, el plazo legal para declarar de oficio, la caducidad del expediente de referencia nº 344/99 U.
IV.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar caducado el expediente registrado con el nº 344/99 U seguido contra D. Cristian Roth sin perjuicio de cuantas otras medidas pudieran adoptarse de conformidad con la legislación urbanística vigente.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Valverde.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, en el plazo de un mes, desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2001.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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