Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada, en el domicilio señalado a tales efectos por la interesada y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a María Dolores Castellano Betancor del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.830, de fecha 22 de junio de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº10.220, que la empresa María Dolores Castellano Betancor, beneficiaria de una subvención por importe de cuatrocientas mil (400.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación nº 1.902, de fecha 26 de noviembre de 1998, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro, prevista en el artículo 35.1, apartado c), del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado "[...] procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas [...]", en el supuesto de "El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión de la subvención".
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones siguientes:
1.- El beneficiario de la subvención ha incumplido el punto quinto j) de la parte dispositiva de la Resolución de concesión, donde se exigía a los perceptores de las subvenciones a "presentar ante el ICFEM, cada nueve meses, contados a partir de la fecha de concesión de la subvención y hasta que finalice la obligación de justificar, la siguiente documentación:
- Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste que el beneficiario está al corriente en los pagos, así como, la relación de trabajadores y el tipo de contratos por los que ha cotizado la empresa, o bien, TC1 y TC2 de la empresa.
- Copia del correspondiente libro de matrícula, compulsada o, acompañada del original para su compulsa."
2.- Teniendo en cuenta que la Resolución de concesión tiene fecha 26 de noviembre de 1998, la obligación de justificar finalizaba el 28 de mayo de 2000, sin que hasta la fecha se tenga constancia en este servicio de que el beneficiario hubiera presentado la documentación mencionada en el punto anterior.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de las competencias que, por delegación, me atribuye el artículo 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, ya citado, en concordancia con la base 5ª.2 de la Resolución del Presidente del ICFEM, de 20 de agosto de 1998 (B.O.C. nº 110, de 28.8.98), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo y la economía social, y el apartado primero, nº 7, de la Resolución del Presidente del ICFEM, de 13 de abril de 2000 (B.O.C. nº 62, de 19.5.00), por la que se delegan en el Director del ICFEM determinadas competencias, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento, contenidas en la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.C. nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa María Dolores Castellano Betancor, mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación nº 1.902, de fecha 26 de noviembre de 1998, por las razones aludidas en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente al del recibo de este Acuerdo, para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite, y vistas las actuaciones practicadas, se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la LRJ-PAC, según redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el apartado anterior, producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro.
Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que, contra éste, no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJ-PAC, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla."
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2001.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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