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BOC Nº 158. Viernes 7 de Diciembre de 2001 - 4450

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

4450 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 12 de noviembre de 2001, del Director, relativo a notificación de revocación de la Resolución de 28 de octubre de 1999 y se declara la caducidad en el procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Ramaviro, S.L., en ignorado domicilio.- Expte. nº 7.490/95.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la Resolución por la que se revoca la Resolución del Director del ICFEM nº 3.197, de 28 de octubre de 1999 y se declara la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado el día 21 de junio de 1999, citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Ramaviro, S.L., de la caducidad del procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.642, de fecha 15 de junio de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Examinado el procedimiento de reintegro tramitado en el expediente de referencia y teniendo en cuenta:

ANTECEDENTES

Primero.- El Director del ICFEM, mediante Resolución nº 1.339, de fecha 14 de diciembre de 1995, concedió a la empresa Ramaviro, S.L. una subvención, por importe de setecientas mil (700.000) pesetas, por la contratación de un trabajador con carácter indefinido, al amparo de la convocatoria realizada por la Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública de 7 de junio de 1995 (B.O.C. nº 75, de 16.6.95), de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto Territorial 124/1994, de 20 de junio (B.O.C. nº 76, de 22.6.94), por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo.

Segundo.- Posteriormente, y previa la tramitación del correspondiente procedimiento de reintegro, el Director del ICFEM, mediante Resolución nº 3.197, de fecha 28 de octubre de 1999, estableció el reintegro de la subvención citada, ya que de la documentación que constaba en ese momento en el expediente de referencia, se deducía el incumplimiento, por parte de la beneficiaria, de la obligación de justificar el empleo dado a los fondos públicos recibidos en concepto de subvención.

Esta Resolución se notificó a través de anuncio insertado en el Boletín Oficial de Canarias nº 119, de 4 de septiembre de 2000, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que en el domicilio que constaba en el expediente a efectos de notificación no pudo entregársele directamente la Resolución citada.

No obstante, este Organismo sí pudo notificarle directamente la liquidación de la deuda establecida como consecuencia de la Resolución de reintegro mencionada.

Tercero.- La Subdirección de Empleo de este Organismo, a la vista de la documentación aportada por la interesada mediante escrito de fecha 29 de mayo pasado, presentado como consecuencia de la recepción de la liquidación de la deuda, emitió informe estimando que la documentación justifica totalmente la subvención concedida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El artículo 105.1 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], establece que "Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus acciones de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico".

Segundo.- Por otra parte, los procedimientos para el reintegro de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias vienen regulados en el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sin embargo, en este artículo no se establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos de reintegro.

Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación supletoria de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [LRJ-PAC], que regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica vinculadas o dependientes de aquéllas.

Así, el artículo 42.1 de LRJ-PAC recoge que "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación.", especificando el apartado 3 de este artículo que "[...] Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses".

Por otra parte, el artículo 44 de la LRJ-PAC dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

[...] 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92".

Tercero.- Por tanto, procede revocar la Resolución del Director del ICFEM nº 3.197, de fecha 28 de octubre de 1999, al haberse justificado totalmente la subvención concedida por Resolución de 14 de diciembre de 1995, y caducar el procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo de 21 de junio de 1999.

Cuarto.- La competencia para revocar un acto corresponde al mismo Órgano que lo dictó, en este caso al Director del ICFEM, según lo estipulado en los artículos 105.2 de la LRJ-PAC y 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 5.2 de la Orden de 30 de agosto de 1994. En cuanto a la competencia para caducar un procedimiento de reintegro, corresponde al Órgano que concedió la subvención de que se trate (artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, en relación con el artículo 5.2 de la Orden de 30 de agosto de 1994).

En consecuencia,

R E S U E L V O:

Primero.- Revocar la Resolución del Director del ICFEM nº 3.197, de fecha 29 de octubre de 1999, por la que se establecía el reintegro de la subvención concedida a la empresa Ramaviro, S.L. el día 14 de diciembre de 1995.

Segundo.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo del Director del ICFEM nº 2.157, de fecha 21 de junio de 1999.

Tercero.- Notificar a la interesada la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de recibo de esta Resolución, y sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que pudiera formularse."

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2001.- El Director, Diego Miguel León Socorro.

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