Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
3.- Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
4.- En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
6.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 59, nº 669.
Resolución de 13 de agosto, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/003, instruido a Dream Flor Dorado, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Dream Flor Dorado, S.L.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dream Flor Dorado, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de enero de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 10497, de 16 de marzo de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 16 de marzo de 1999 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Estanque de la Cruz, Centro Comercial Botánico nº 1 en San Fernando de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10497 en la que esencialmente se hace constar que la entidad Dream Flor Dorado, S.L., organiza excursiones y una vez solicitada la documentación preceptiva para el ejercicio de dicha actividad, se manifiesta que la misma se encuentra en trámite, por lo que se le requiere para que el día 23 de marzo de 1999, comparezca en las oficinas de la Inspección de Turismo y presente, entre otra documentación, cualquier tipo de autorización administrativa que disponga para el ejercicio de las actividades que viene realizando, en particular la relativa a la organización de excursiones.
2º) El 22 de enero de 2001 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/003, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 26 de febrero de 2001.
3º) Con fecha 3 de abril de 2001 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 2.750.000 pesetas (16.527,83 euros).
4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
Estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Agencia de Viajes (AV-1).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10497, de 16 de marzo de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 10497, de 16 de marzo de 1999, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 2.4 y 10 del Decreto 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes (B.O.C. nº 100, de 6.8.97) (AV-1.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1 en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (AV-1.2).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 2.750.000 pesetas (16.527,83 euros) a Dream Flor Dorado, S.L., con C.I.F. B35454784, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Dream Flor Dorado, S.L.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, por Orden 119, de fecha 15 de junio de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
2º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 59, nº 670.
Resolución de 13 de agosto, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/006, instruido a Explotaciones Incana, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Granada Beach.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Explotaciones Incana, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 22 de enero de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 10932, de 12 de mayo de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 12 de mayo de 1999 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Granada, 6, en San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10932, en la que esencialmente se hace constar que no se pueden llevar a cabo las comprobaciones pertinentes por lo que se cita para que comparezca ante los Servicios de Inspección de Turismo el día 21 de mayo a las 11 horas y se aporte la siguientes documentación: I.A.E. de los últimos tres años, lista de precios sellada, Libro de Inspección y Hojas de Reclamaciones.
2º) El 22 de enero de 2001 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/006, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 26 de febrero de 2001.
3º) Con fecha 3 de abril de 2001 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 375.000 pesetas (2.253,80 euros).
4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
No haber comparecido a la citación efectuada por los Inspectores de Turismo según consta en el acta nº 10932 (E-52).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10932, de fecha 12 de mayo de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 10932, de fecha 12 de mayo de 1999, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho probado constituye la infracción prevista en el artº. 31 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96) (E-52.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (E-52.2).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 375.000 pesetas (2.253,80 euros) a Explotaciones Incana, S.L., con C.I.F. B35393958, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Granada Beach.- Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de agosto de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, por Orden 119, de fecha 15 de junio de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
3º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 64, nº 775.
Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/024, instruido a Dña. Brigitte Elisabeth Sepp, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Rossini.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Brigitte Elisabeth Sepp, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de marzo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 11402, de 25 de agosto de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 25 de agosto de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial San Agustín, planta baja, local 47, en San Agustín, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 11402, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad de Restaurante, careciendo de Libro de Inspección, lista de precios notificada y aviso de disponer de Hojas de Reclamaciones.
2º) El 1 de marzo de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/024, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 9 de mayo de 2001.
3º) Con fecha 27 de junio de 2001, y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 875.000 pesetas (5.258,86 euros).
4º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante (R-1).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 11402, de 25 de agosto de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 11402, de 25 de agosto de 1999, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo) (R-1.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (R-1.2).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 875.000 pesetas (5.258,86 euros), a Dña. Brigitte Elizabeth Sepp, con N.I.E. X-0540770-V, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Rossini.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
4º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 63, nº 772.
Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/040, instruido a D. Domingo Pérez Vega, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sabrosón Canario.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Domingo Pérez Vega, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 6 de marzo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 11575, de 26 de noviembre de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 26 de noviembre de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Carretera de Tamaraceite a Teror, km 4,400, s/n, Bajo en Tamaraceite, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 11575, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento ejerce la actividad turística de Restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria, para el ejercicio de dicha actividad que viene ejerciendo, según manifiesta el interviniente, desde el mes de mayo de 1998.
2º) El 6 de marzo de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/040, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 9 de mayo de 2001.
3º) Con fecha 27 de junio de 2001 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas (3.005,6 euros).
4º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante (R-1).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 11575, de 26 de noviembre de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 11575, de 26 de noviembre de 1999, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas (3.005,06 euros), a D. Domingo Pérez Vega, con N.I.F. 42.768.295-W, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Sabrosón Canario.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
5º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 63, nº 765.
Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/022, instruido a D. Antonio Benítez López, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Terraza La Gabarra.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Antonio Benítez López, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de marzo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 10861, de 27 de mayo de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 27 de mayo de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Américo Vespucio, 32, en la Playa de Salinetas, término municipal de Telde, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10861, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general, careciendo de la preceptiva autorización para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante.
Asimismo, carece de Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y lista de precios comunicados.
2º) El 1 de marzo de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/022, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 9 de mayo del mismo año.
3º) Con fecha 27 de junio de 2001 y habida cuenta que el titular consignado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
4º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho:
Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante (R-1).
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10861, de 27 de mayo de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido del acta de inspección nº 10861, de 27 de mayo de 1999, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo) (R-1.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (R-1.2).
Calificado como: grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas (3.005,06 euros), a D. Antonio Benítez López, con N.I.F. 42.813.833-T, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Terraza La Gabarra.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de octubre de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
6º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 56, nº 580.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/026, instruido a D. Ignacio Morales Díaz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Ignacio.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Ignacio Morales Díaz, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de marzo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 11361, de 27 de agosto de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 27 de agosto de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en La Laguneta, 14, término municipal de Tinajo, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11361, en la que esencialmente se hace constar que el citado establecimiento realiza la actividad turística de Restaurante, toda vez que está abierto al público y ofrece los platos que figuran en la carta, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria.
Asimismo, presenta copia de solicitud de autorización de apertura, presentada ante el Cabildo Insular de Lanzarote, sin que se presente resolución favorable, pendiente de tramitación.
2º) El 1 de marzo de 2001 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/026, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 9 del mismo mes y año.
3º) El expedientado en escrito de fecha 22 de marzo de 2001 recibido en esta Consejería el 28 del mismo mes y año, registro de entrada nº 2719, en síntesis, ha alegado lo siguiente: que habiendo solicitado la autorización el 5 de mayo de 1999, se obtuvo la misma con fecha 26 de octubre de 1999.
4º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, no se desvirtúa el hecho imputado, pues en visita de inspección realizada el 27 de agosto de 1999, se comprobó que en el establecimiento se realiza la actividad de restaurante, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria.
No obstante lo anterior y atendiendo a que la autorización citada fue obtenida el 26 de octubre de 1999, es por lo que se aplica la cuantía mínima estipulada para las sanciones graves.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 17 de abril de 2001 formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 251.000 pesetas.
5º) El expedientado en escrito de fecha 2 de abril de 2001, recibido en esta Consejería el 7 de mayo del corriente, registro de entrada nº 3979, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que en fecha 5 de marzo de 1999 se solicitó la autorización de apertura de actividad clasificada ante el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y en fecha 26 de octubre de 1999, se resuelve favorablemente autorizar la apertura.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Considerando las alegaciones presentadas, así como el hecho de haber obtenido la autorización preceptiva para el ejercicio de la actividad turística, según consta en los archivos de la Administración turística competente, y teniendo en cuenta, que se ha cumplido con la legalidad vigente, habiéndose regularizado la situación administrativa, se estima debe archivarse el expediente de referencia.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Sobreseer y archivar el expediente sancionador nº 01/026.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
7º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 56, nº 579.
Resolución de 12 de junio de 2001 , de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/027, instruido a Sui Sheng Xie, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Chino Hollywood.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Sui Sheng Xie, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de marzo de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 11362, de 27 de agosto de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) El 27 de agosto de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en La Santa, 61, en La Santa, término municipal de Tinajo, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11362, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento realiza la actividad turística de Restaurante, toda vez que se encuentra abierto al público en general y ofrece los platos que figuran en la carta, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria para el desempeño de la citada actividad.
2º) El 1 de marzo de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/027, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 12 de marzo del corriente.
3º) El expedientado en escrito de fecha 20 de marzo de 2001, recibido en esta Consejería el 28 del mismo mes y año, registro de entrada nº 2718, en síntesis, ha alegado lo siguiente: que se han realizado los trámites de apertura ante el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y aunque falta documentación para finalizar los trámites de apertura, ese documento era el registro de inscripción.
4º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados no se desvirtúa el hecho imputado, toda vez que en visita de inspección realizada el 27 de agosto de 1999, se comprobó que en el establecimiento consignado se realizaba la actividad de Restaurante sin estar autorizado para ello y sin acreditar, en su escrito de alegaciones, estar en posesión de la misma.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el titular expedientado carece de antecedentes por haber incumplido la normativa turística vigente, cabe atenuar la sanción inicial dada.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 18 de abril de 2001 formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 500.000 pesetas.
5º) El expedientado en escrito de fecha 7 de mayo de 2001, recibido en esta Consejería el 18 del mismo mes y año, registro de entrada nº 116360, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que se han realizado los trámites de apertura y cambio de titularidad, si bien a la fecha de la inspección se encontraba en fase de tramitación y que en la actualidad está finalizada.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Considerando las alegaciones presentadas, así como el hecho de haber sido resuelto favorablemente el cambio de titularidad, según consta en los archivos de la Administración turística competente, y teniendo en cuenta, que se ha cumplido con la legalidad vigente, habiéndose regularizado la situación administrativa, se estima debe archivarse el expediente de referencia.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Sobreseer y archivar el expediente sancionador nº 01/027.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
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