Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 13 de julio de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. Isidro Requena Báez, contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de fecha 24 de noviembre de 2000, sin que haya sido recibida por éste, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Isidro Requena Báez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 24 de noviembre de 2000, por la que se pone fin al expediente disciplinario nº 5-201699 incoado a su nombre, y se resuelve sancionar al expedientado como autor de una falta muy grave con tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
Y en atención a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular de fecha 20 de diciembre de 1999, se acuerda la incoación de expediente disciplinario a D. Isidro Requena Báez, A.T.S./D.U.E., que presta sus servicios en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de denuncia efectuada por la entidad mercantil Aeromédica Canaria, S.L. y de la información proporcionada por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por la presunta infracción de las normas sobre incompatibilidades establecidas en los artículos 124.15 y 125.14 del Estatuto Jurídico de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
En el acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario se designan como Instructor y Secretaria del expediente respectivamente, a D. Antonio Cordovez Felipe y a Dña. Cándida Rodríguez Hernández, quienes aceptaron sus cargos.
Segundo.- Que mediante escrito de fecha 14 de enero de 2000, la Dirección General de Recursos Humanos propone, en atención a las necesidades del Servicio, el cambio de los funcionarios designados como Instructor y Secretario en el expediente disciplinario de referencia. Así, mediante nueva Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular de fecha 24 de enero de 2000, se nombran Instructora y Secretario del expediente disciplinario a Dña. María Antonia Díaz Ruiz y a D. Antonio Morilla Hernández, respectivamente, quienes aceptaron el 28 de febrero de 2000, dichos nombramientos.
La mencionada Resolución fue notificada al expedientado.
Tercero.- Que continuado el expediente por todos sus trámites, con fecha 4 de abril de 2000, se toma declaración al expedientado, el cual reconoce trabajar tanto en el Complejo Hospitalario Materno Infantil como en la entidad mercantil Aeromédica Canaria, S.L., de manera simultánea, sin haber solicitado reconocimiento de compatibilidad alguno.
Cuarto.- Que con fecha 4 de mayo de 2000, la Instructora del expediente formula Pliego de Cargos al expedientado, comunicándole la imputación de una falta disciplinaria tipificada como muy grave por el artículo 125.14 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, por el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, otorgándole un plazo improrrogable de ocho días hábiles para realizar las alegaciones y proponer las pruebas que considerase oportunas en su descargo.
El mencionado Pliego de Cargos fue notificado al expedientado en fecha 24 de julio de 2000.
Quinto.- Que con fecha 5 de mayo de 2000, en atención al estado de las actuaciones y en consideración a que las mismas no iban a ser concluidas dentro del plazo establecido al efecto, el Órgano Instructor solicita de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular, la prórroga prevista en el artículo 131 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Dicha prórroga fue concedida en fecha 26 de mayo de 2000.
Sexto.- Que en fecha 1 de agosto de 2000, D. Isidro Requena Báez presenta ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular, alegaciones al Pliego de Cargos, manifestando en su defensa que el expediente disciplinario incoado contra su persona, adolece de múltiples vicios formales, por lo que solicita la declaración de nulidad del mismo.
Séptimo.- Con fecha 10 de agosto de 2000, la Instructora formula Propuesta de Resolución del expediente disciplinario de referencia, declarando al Sr. Requena Báez autor de la comisión de una falta disciplinaria muy grave, tipificada en el artículo 125.14 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, y proponiendo sancionar al expedientado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de la citada falta disciplinaria.
Así mismo, en fecha 8 de agosto de 2000, la Dirección General de Recursos Humanos solicita al Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas de Gran Canaria, la emisión del preceptivo Informe que señala el artículo 132 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.
Dicho Informe que fue emitido en fecha 24 de agosto de 2000, tuvo entrada en la Dirección General de Recursos Humanos el 30 de agosto siguiente, solicitando se declare la nulidad del procedimiento disciplinario por adolecer de numerosos defectos formales en su tramitación y se archive la sanción propuesta.
Octavo.- Que mediante Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 24 de noviembre de 2000, se declara al expedientado autor de una falta muy grave tipificada en el artículo 125.14 del Estatuto de Personal Sanitario no Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, al haber quedado probado que D. Isidro Requena Báez no ha solicitado el reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividad privada, ejerciendo dicha actividad sin autorización para ello, sancionándolo con tres meses de suspensión de empleo y sueldo por la comisión de la señalada falta disciplinaria.
Noveno.- Que después de numerosos intentos, la citada Resolución fue notificada al interesado en fecha 17 de mayo de 2001, otorgándole el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su recepción, para su impugnación ante el Consejero de Sanidad y Consumo.
Décimo.- Que en fecha 22 de mayo de 2001, D. Isidro Requena Báez presenta recurso de alzada contra la meritada Resolución, ante la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Materno-Insular, teniendo entrada en esta Consejería de Sanidad y Consumo al día siguiente, y alegando en síntesis como causas de su recurso, la prescripción de la falta y la caducidad del expediente, -lo que a su entender lo hacen radicalmente nulo-, tolerancia administrativa respecto de la situación por la que ahora se le quiere sancionar, así como la falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, solicitando la declaración de nulidad del presente expediente disciplinario.
Undécimo.- Que en fecha 11 de junio de 2001, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud emite el correspondiente Informe-Propuesta. Dicho Informe tuvo entrada en esta Consejería de Sanidad y Consumo el 21 de junio siguiente.
A los antecedentes citados le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que el artículo 30.2 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, establece que los actos dictados por los Órganos Centrales del Servicio Canario de la Salud, son susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero de Sanidad y Consumo, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. En virtud de lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, toda referencia a recurso ordinario ha de entenderse hecha al recurso de alzada.
Al ser la Dirección General de Recursos Humanos un Órgano Central del Servicio Canario de la Salud, corresponde al Consejero de Sanidad y Consumo la resolución del presente recurso de alzada.
Segundo.- Que respecto de la primera de las alegaciones vertidas por el recurrente en su escrito, a saber, "que se ha producido tolerancia administrativa respecto de los hechos por los que ahora quiere sancionar, ya que la concesión de que disfruta la entidad mercantil Aeromédica Canarias, S.L. prestando un servicio de transporte sanitario en helicópteros para el Servicio Canario de la Salud, ha sido concedida y posteriormente ratificada en base a la cualificación profesional del personal a su servicio, por lo que no se entiende que se autorice la prestación de un servicio que años más tarde se califica de ilegítima", hay que señalar en primer lugar, que se trata de una consideración o interpretación particular del recurrente, que no desvirtúa en modo alguno el hecho de que el expedientado presta servicios en dos entidades, -Hospital Materno Infantil y Aeromédica Canarias, S.L.- sin haber solicitado y obtenido el previo reconocimiento de compatibilidad exigido en la legislación de aplicación. Y dicho reconocimiento de compatibilidad, en cualquier caso, compete en exclusiva al interesado y no a la Administración contratante.
Tercero.- Que respecto a la prescripción de la falta disciplinaria imputada, ha de tenerse en cuenta que el artículo 134 del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo al Servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, señala que las faltas muy graves prescriben a los cinco años desde su comisión. Así mismo, el artículo 20.2 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, de aplicación subsidiaria, establece que la prescripción se interrumpirá por la iniciación del procedimiento.
En que no ocupa, la falta cometida es la del ejercicio simultáneo de dos actividades sin previo reconocimiento de compatibilidad, y dado que se trata de una falta de tracto sucesivo, -esto es, su comisión es continuada en el tiempo-, ha de entenderse que a efectos de iniciar el cómputo del plazo de prescripción se ha de tomar la fecha en la cual se cesa en esa comisión, y no, como alega el recurrente, la fecha en la cual la Administración tuvo conocimiento de su comisión. En el presente caso, la situación de incompatibilidad no ha cesado, por lo que no puede considerarse plazo de prescripción alguno.
En relación a la supuesta caducidad del expediente alegada por el expedientado, hay que señalar que el plazo de dos meses establecido por el artículo 131 del Estatuto de aplicación, no es un plazo de caducidad, puesto que el mismo artículo permite su ampliación cuando así sea necesario. Y a mayor abundamiento, el artículo 132.2 del mencionado Estatuto declara que será de aplicación supletoria al trámite y resolución de los expedientes, la Ley de Procedimiento Administrativo.
En este sentido hemos de hacer mención a las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1983 y de la Audiencia Nacional de 16 de enero de 1996, que consideran que el hecho de que una disposición, bien general o bien reglamentaria, de las materias que tuviesen por objeto el acto, prevean un término o plazo, no supone en modo alguno que su incumplimiento determine la invalidez del acto, pues para que se produzca, es necesario que así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Por todo lo cual, la extemporaneidad del acto administrativo sólo determinará la mera irregularidad del acto, y tal principio general sólo quiebra, cuando el período establecido no es un plazo procedimental, sino un plazo para el ejercicio de potestades y derechos, no siendo éste el caso, y sin que se trate de un límite temporal para el ejercicio de la potestad sancionadora, sino un mero plazo del procedimiento.
Y por último, respecto a la supuesta falta de proporcionalidad de la sanción impuesta, hemos de señalar que la falta disciplinaria cometida es tipificada en el Estatuto de aplicación como muy grave, al ser las dos actividades que realiza el expedientado, manifiestamente incompatibles por razón del horario. A este tipo de faltas le corresponden las sanciones de suspensión de empleo y sueldo de un día a un año, por lo que teniendo en cuenta que el expedientado incurre en incompatibilidad desde el año 1994, y que actualmente continúa ejerciendo las actividades objeto de la presente infracción, la sanción de tres meses de suspensión de empleo y sueldo, no parece en modo alguno, desproporcionada.
En su virtud y vistas las demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Isidro Requena Báez contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 24 de noviembre de 2000, por la que se pone fin al expediente disciplinario nº 5-4201699 incoado a su nombre y se resuelve sancionar al recurrente con tres meses de suspensión de empleo y sueldo como autor de una falta disciplinaria muy grave, la cual se confirma en su totalidad.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 2001.- El Secretario General Técnico, Carlos Martín Nieto.
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