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BOC Nº 152. Viernes 23 de Noviembre de 2001 - 4276

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4276 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de noviembre de 2001, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.

4.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de noviembre de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 161, nº 1105.

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 2001/045, instruido a Giomdak, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Carusso.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Giomdak, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de abril de 2001, como consecuencia de la denuncia de fecha 11 de agosto de 2000, formulada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Las Palmas de Gran Canaria, y del acta de inspección nº 12939, de 26 de septiembre de 2000.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 1 de septiembre de 2000, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Las Palmas de Gran Canaria, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que el establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones, según denuncia de fecha 30 de julio de 2000, a requerimiento de Dña. Josefa del Carmen Sosa Santana con D.N.I. nº 43.253.458.

En el día de la fecha continua careciendo de las Hojas de Reclamaciones.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 26 de septiembre de 2000, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Plaza de Farray, 5, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 12939 en la que esencialmente se hace constar que en el establecimiento se ha producido un cambio de titularidad. Como en el momento de la inspección no pueden acreditar el haber solicitado el mismo, se le requiere para que en el plazo de díez (10) días presente por escrito en el que se haga referencia al número de la presente acta y la documentación que se le requiere a continuación en la dirección indicada al pie de acta, advirtiéndole que de no hacerlo así se le podría iniciar expediente sancionador por negativa a los servicios de inspección.

Documentos a aportar:

a) Copia solicitud de cambio de titularidad y de autorización para realizar la actividad de Cafetería presentada ante el Patronato de Turismo.

b) Copia del Impuesto de Actividades Económicas de los últimos tres ejercicios.

No se dio cumplimiento a lo solicitado.

3º) El 11 de abril de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/045, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 6 de junio de 2001.

4º) Con fecha 30 de julio de 2001 y habida cuenta que el/la titular consignado/a no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el/los hecho/s imputado/s, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

5º) La empresa expedientada, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos:

No dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el acta de inspección nº 12939, de 26 de septiembre de 2000.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 12939, de 26 de septiembre de 2000.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Dichos hechos vienen tipificados en el artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como leve.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, a Giomdak, S.L., con D.N.I./C.I.F. nº B-35.468.149, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Carusso.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99) recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

2º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 161, nº 1104.

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 2001/051, instruido a Dña. María Dolores Moreno Díaz, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Mesón El Campechano.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. María Dolores Moreno Díaz, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 11 de abril de 2001, como consecuencia de la denuncia/Hoja de Reclamación nº 33578, de fecha 13 de mayo de 2000, formulada por D. Ángel G. Pérez Hornero, y del acta de inspección nº 12656, de 4 de agosto de 2000.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 17 de mayo de 2000, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 5043 denuncia/Hoja de Reclamación nº 33578 formulada por D. Ángel G. Pérez Hornero, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que en el presente día le fue presentada una lista denominada "Lista de Precios de Feria de Sevilla". Una vez realizada la correspondiente consumición y no estando de acuerdo con el precio se les dijo por parte del dueño que dicha "feria" había acabado y, que por lo tanto los precios eran de la carta oficial. Entiende que ha existido por parte del establecimiento una clara mala intención y un vicio oculto que ha culminado con la negativa por parte del dueño a darle la presente Hoja de Reclamaciones, teniendo que verse obligado mediante presencia policial. Adjunta lista de precios de la Feria de Sevilla.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 4 de agosto de 2000, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Olof Palme, 30, bajo-derecha, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 12656 en la que esencialmente se hace constar que en el momento de la inspección no pueden aportar la "lista de precios de Feria de Sevilla", ni aclarar los hechos denunciados.

Se comprueba que en la lista de precios notificada constan los chocos a 1.500, boquerones a 1.500, manzanilla a 1.800 pesetas y la cerveza Cruz Campo-caña a 250 pesetas, no constando el precio del pan ni precio de 1/2 raciones.

Se comprueba que en la carta que ofrecen los productos incluidos en el ticket constando el precio especificado en el mismo.

Se le requiere para que el próximo jueves día 10 a las 10,00 horas comparezca en las oficinas del Servicio de Inspección sita en la dirección indicada al pie del acta al objeto de aclarar los hechos denunciados y aporte copia de la "lista de precios de la Feria de Sevilla", copia de la carta de productos que ofrece a sus clientes, advirtiéndole que de no hacerlo así se le podría iniciar expediente sancionador por negativa a los Servicios de Inspección (no se dio cumplimiento a lo requerido).

3º) El 11 de abril de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/051, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 6 de junio de 2001.

4º) Con fecha 30 de julio de 2001 y habida cuenta que el/la titular consignado/a no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el/los hecho/s imputados, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

5º) La empresa expedientada, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos:

No dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el acta de inspección nº 12656, de 4 de agosto de 2000.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 12656, de 4 de agosto de 2000.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el artículo 33 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Dichos hechos vienen tipificado en el artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como leve.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, a Dña. María Dolores Moreno Díaz, con D.N.I./C.I.F. nº 28.523.428-R, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Mesón El Campechano.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99) recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de octubre de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

3º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 64, nº 793.

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 2001/053, instruido a Jimesan Tour, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Los Parrales.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Jimesan Tour, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 26 de marzo de 2001, como consecuencia de la denuncia de fecha 16 de septiembre de 1999, formulada por Dña. Josefa Isabel Medina Naranjo y D. José María Saavedra Rodríguez, y del acta de inspección nº 11388, de 26 de octubre de 1999. Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 16 de septiembre de 1999, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 9218 denuncia formulada/cumplimentada por Dña. Josefa Isabel Medina Naranjo y D. José María Saavedra Rodríguez, contra el establecimiento consignado en la que manifiestan una serie de deficiencias detectadas en el establecimiento de referencia tales como:

En el sótano, donde se ubica una habitación con dos camas, la limpieza brilla por su ausencia, contabilizando numerosos insectos, como 15 arañas, y la humedad esta presente de forma llamativa en una de sus paredes, viciándose el aire que respiran. No reúne condiciones de habitabilidad.

Vajilla escasa.

Falta de aporte de ropa de cama y toallas, a pesar del sacrificio personal de la encargada de la limpieza, encargada de satisfacer las necesidades de 18-20 apartamentos.

El muro de unos 2,5 metros de alto y 15 cm de ancho que delimita la superficie de la solana está prácticamente desprendido en su totalidad, moviéndose sin esfuerzo con una mano, con el consiguiente riesgo de seguridad.

Peldaño suelto en la escalera de caracol que comunica la planta baja con la alta.

En el dormitorio de la planta alta, la iluminación era pobre, la lámpara estaba rota.

Grifo del bidé fuera de uso y goteo intenso y permanente del de la ducha.

La mesa del tresillo se hallaba suelta de sus patas.

Ausencia de tendedero ... .

Al solicitar las Hojas de Reclamaciones en dos días sucesivos no las obtuvieron, aduciendo que estaban en las oficinas de la empresa, sin estar a disposición del usuario, solicitando del Sr. Montesdeoca escrito aclaratorio, el cual adjuntan.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 26 de octubre de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Géminis, 5, Campo Internacional, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11388 en la que esencialmente se hace constar que en la unidad alojativa nº 10 se observan las siguientes deficiencias:

Humedades en paredes de dormitorio situado en planta sótano con desprendimiento de pintura. Avanzado estado de corrosión del tubo metálico que soporta la escalera de caracol que accede al sótano, justo en la base de aquél. Además falta de pintura en el resto.

Falta de pintura en los peldaños de madera de la escalera, barandilla metálica de ésta y en carpintería de madera en general, siendo más acentuada en la puerta de acceso a la unidad alojativa por la terraza.

Muebles de cocina estropeados en la zona de apoyo en el suelo y contra la pared.

Lámpara del dormitorio de la planta alta provista de tulipa colgada directamente del cable conductor eléctrico.

Mesilla de noche y mesa escritorio de dormitorio deteriorada y con falta de pintura.

Lamentable estado de conservación de la hamaca de la terraza de la unidad alojativa ... .

De lo anteriormente expuesto se desprende que el establecimiento ofrece un pésimo estado de conservación.

3º) El 26 de marzo de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/053, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 6 de junio de 2001.

4º) Con fecha 30 de julio de 2001 y habida cuenta que el expedientado no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho infractor imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de seiscientas veinticinco mil (625.000) pesetas.

5º) La empresa expedientada, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

6º) Los siguientes hechos:

Deficiencias en la unidad alojativa nº 10, consistentes entre otras en: humedad en paredes del dormitorio, falta de pintura en los peldaños de madera de la escalera, puerta de acceso a la unidad alojativa, etc., según consta en el acta de inspección nº 11388, de 26 de octubre de 1999.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 11388, de 26 de octubre de 1999.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del/la expedientado/a (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el artículo 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Dichos hechos vienen tipificado en el artículo 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de seiscientas veinticinco mil (625.000) pesetas, a Jimesan Tour, S.L., con D.N.I./C.I.F. nº B-35.413.475, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Los Parrales.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99) recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2001. - El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

4º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 64, nº 795.

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 2001/086, instruido a Canaryplan, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Los Guayres.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Canaryplan, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 6 de junio de 2001, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Miguel Santana Espino, en su calidad de Presidente de la Comunidad de Propietarios Los Guayres, y del acta de inspección nº 11800, de 26 de enero de 2000.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 26 de enero de 2000, se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle Barcelona, 2, Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11800 en la que esencialmente se hace constar que no se acredita haber procedido a la redacción del proyecto técnico de seguridad y protección contra incendios de acuerdo con lo previsto en los Decretos 305/1986 y 39/1997.

Igualmente no se acredita el haber ejecutado como mínimo las actuaciones previstas en la Disposición Transitoria Primera 2 del Decreto 305/1996.

2º) El 4 de abril de 2001, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 2001/086, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo/publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 6 de junio de 2001.

3º) Con fecha 30 de julio de 2001 y habida cuenta que el/la titular consignado/a no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el/los hecho/s imputados, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de un millón setecientas cincuenta mil (1.750.000) pesetas.

4º) La empresa expedientada, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

5º) Los siguientes hechos:

No tener cumplimentado el Proyecto sobre Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en Establecimientos Turísticos.

Se considera/n probado/s en virtud del acta de inspección nº 11800, de 26 de enero de 2000.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del/la expedientado/a (la empresa expedientada), sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna, en base a que el/los hecho/s probado/s constituye/n la/s infracción/es prevista/s en el Texto Refundido del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en Establecimientos Turísticos Alojativos, y Decreto 39/1997, de 20 de marzo, por el que se modifica el Decreto 305/1996 y se corrigen los errores materiales.

Dichos hechos vienen tipificado en el artículo 75.8, en relación con el artículo 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Calificados como grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de un millón setecientas cincuenta mil (1.750.000) pesetas, a Canaryplan, S.A., con D.N.I./C.I.F. nº A-35.138.841, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalows Los Guayres.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99) recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

5º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 60, nº 690.

Resolución de 22 de agosto de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 01/013, instruido a Leosther, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Doc.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Leosther, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 19 de febrero de 2001, como consecuencia del acta de inspección nº 11216, de 22 de julio de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 22 de julio de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en Plácido Domingo, Edificio Parque Sur I, locales 27 y 28 en San Fernando, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 11216 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento abierto al público desde abril de 1999, no posee la documentación turística preceptiva por hallarse en trámite ante el Patronato de Turismo de Gran Canaria, según solicitud de autorización de apertura presentada ante dicho Organismo en fecha 5 de julio de 1999, careciendo de dicha autorización para el desempeño de la actividad turística de Restaurante.

2º) El 19 de febrero de 2001 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 01/013, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con publicación en el Boletín Oficial de Canarias el 13 de abril de 2001.

3º) Con fecha 21 de mayo de 2001 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas (5.258,86 euros).

4º) La empresa expedientada, en escrito de fecha 6 de junio de 2001, recibido en esta Consejería el 7 de dicha fecha, registro de entrada nº 139950, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que con fecha 5 de julio de 1999 se presentó ante el Patronato de Turismo, la solicitud de apertura y habiendo transcurrido tres meses desde dicha presentación, se entendió estimada la misma y ese plazo se cumplió el día 6 de octubre de 1999.

5º) El siguiente hecho:

Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Restaurante (R-1).

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 11216, de 22 de julio de 1999.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, pues en el momento en que se realizó la visita de inspección, el 22 de julio de 1999, se comprobó que en el establecimiento de referencia se realizaba la actividad turística de Restaurante, careciendo de la preceptiva autorización para la apertura y desempeño de dicha actividad, sin que hasta el momento acredite estar en posesión de la misma.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad titular consignada carece de antecedentes por haber incumplido la normativa turística en vigor, procede atenuar la sanción propuesta.

El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 6º de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo) (R-1.1).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (R-1.2).

Calificado como grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas (1508,54 euros) a Leosther, S.L., con C.I.F. B35559210, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Pizzería Doc.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de agosto de 2001. - El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

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