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El Excmo.Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2001, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Habiendo sido aprobado inicialmente el Estudio de Detalle Parcela 1 de la Minilla (DET-08), presentado por Inmobiliaria Betancor, S.A. mediante Decreto de Alcaldía de fecha 23 de enero de 2001, visto el informe del Sr. Coordinador del Área de Urbanismo y Obras emitido al efecto con fecha 13 de julio de 2001, en el que se pone de manifiesto que el referido Estudio de Detalle no se excede de las competencias que se establecen al respecto en el artículo 38 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (D.L. 1/2000, de 8 de mayo) por el que no se observa inconveniente alguno en proceder a su aprobación definitiva, el Pleno de conformidad con lo dictaminado por las Comisiones Municipales de Urbanismo de fechas 14 de mayo y 23 de julio de 2001 respectivamente, visto el informe jurídico del Sr. Letrado Consistorial de fecha 20 de los corrientes y de conformidad con lo establecido en el artículo 22.2.c) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, acordó aprobar definitivamente el citado Estudio de Detalle "Parcela 1 de la Minilla" (DET-08) únicamente en lo que a la ordenación volumétrica se refiere sin que tengan relevancia alguna otras prescripciones señaladas en la documentación, como pueda ser número de viviendas, edificabilidad, usos, etc.
Contra el citado acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, podrá interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en concordancia con el artº. 109.c) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo, señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se publica, podrá interponerse recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de la presente publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 116 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso potestativo de reposición será de un mes, según el artº. 117.2 de la Ley 4/1999; transcurrido el mismo, producido el silencio administrativo negativo, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, computado desde el día siguiente en el que el recurso de reposición potestativo debe entenderse presuntamente desestimado, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de cualquiera otra acción o recurso que se estimare oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de agosto de 2001.- El Alcalde, p.d., el Concejal Delegado del Área de Urbanismo (Decreto nº 17.724, de 27.11.00), Juan José Cardona González.
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