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BOC Nº 145. Miércoles 7 de Noviembre de 2001 - 4025

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

4025 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 29 de octubre de 2001, relativo a notificación de Resolución por la que se inicia expediente sancionador contra Dña. María de la Cruz Santana Ojeda por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio de la interesada, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, por encontrarse ausente de su domicilio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.

"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se inicia procedimiento administrativo sancionador a Dña. María de la Cruz Santana Ojeda, propietaria del establecimiento "El Arca de Noé", por presunta infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Vista la denuncia presentada por Dña. María Isabel Hernández Vega ante el SEPRONA y remitida a la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 15 de noviembre de 1999 y N/Ref. FMV nº 322 y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante la recepción de la indicada denuncia por este Centro Directivo se tuvo conocimiento de lo siguiente:

Con fecha 9 de noviembre de 1999, con motivo de la denuncia presentada por Dña. María Isabel Hernández Vega, se procedió a realizar visita de inspección al establecimiento de venta de animales denominado "El Arca de Noé", pudiéndose comprobar que el mismo es regentado por D. Julio Pérez Morales, figurando el establecimiento a nombre de Dña. María de la Cruz Santana Ojeda, con número de registro de explotación 53043764401-RPI, manifestando ambos que el local se encuentra en trámites de traspaso.

Así mismo reseñar que los animales vendidos a la denunciante no figuran en las hojas de registro de entrada y salida de animales del establecimiento, que a su vez son de la anterior propietaria y la factura expedida no corresponde con el establecimiento denunciado, figurando en el membrete el logotipo de otro establecimiento al parecer propiedad del denunciado.

Segundo.- Con fecha 2 de octubre de 2000 y en relación con la expresada denuncia, se emitió informe por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el cual fue registrado de entrada en este Centro Directivo el 5 del mismo mes y año bajo el número 14.603.

Tercero.- Por esta Dirección General se remitió escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 20 de octubre de 2000 y con número de registro de salida 4.615, solicitando la instrucción del correspondiente expediente sancionador, sin que hasta la fecha de la presente se haya acreditado incoación del mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- De lo relatado en el antecedente primero de esta Resolución y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente expediente, se desprende que los hechos, puestos en conocimiento de este Centro Directivo mediante denuncia de Dña. María Isabel Hernández Vega, pudieran ser constitutivos de unas infracciones administrativas graves, previstas y tipificadas en el artº. 24.2 letra d) y letra f) de la meritada Ley -en relación con el artículo 11.2 del mismo Cuerpo Legal-, al disponerse en el mismo que son infracciones graves el incumplimiento, por parte de los establecimientos, de las condiciones para el mantenimiento temporal de animales de compañía, cría o venta de los mismos, o de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley o en sus normas de desarrollo reglamentario y el incumplimiento de las normas que regulan el registro de establecimientos de venta de animales.

II.- De la comisión de los expresados hechos aparece como presunta responsable Dña. María de la Cruz Santana Ojeda, al ostentar la tenencia de los animales al que se refieren aquéllos, pudiendo ser, en consecuencia, sancionada por ello con multa de 25.001 a 250.000 pesetas, de acuerdo con lo establecido en el artº. 26.1 de igual norma, además de poder comportar la clausura temporal del establecimiento, así como la prohibición de adquirir otros animales por un período máximo de diez años.

III.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución de incoación se refiere, y toda vez que por el órgano inicialmente competente se ha hecho dejación de ella y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y preceptivo informe, la misma viene atribuida en el presente caso y por subrogación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Animales, y artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.

Visto lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 16.1 del citado Real Decreto 1.398/1993, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el 66 del citado Reglamento de Protección de Animales; artículos 134, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,

R E S U E L V O:

1º.- Iniciar procedimiento sancionador contra Dña. María de la Cruz Santana Ojeda, cuyas restantes circunstancias personales ya constan acreditadas, como presunta autora y responsable de una infracción prevista en el artº. 24.2 letra d) y letra f) de la citada Ley de Protección de Animales.

2º.- Nombrar Instructor del presente procedimiento al Jefe de Sección de Transferencias y Régimen Local, D. Diego A. Encinoso Reverón, pudiendo la denunciada recusar al mismo por las causas previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero.

3º.- Indicar a Dña. María de la Cruz Santana Ojeda que, sin perjuicio del derecho que ostenta a conocer en cualquier momento del procedimiento su estado de tramitación, a acceder y obtener copias de los documentos obrantes en el mismo, así como formular, con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y a aportar los documentos que estime pertinentes, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que intenta valerse.

4º.- Comunicar a la interesada que, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.b) del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los Animales, el órgano competente para la resolución del presente expediente, lo será el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica; así como instruirle de la posibilidad que le asista de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que procesa.

5º.- Comunicar la presente Resolución al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como notificársela a la interesada advirtiéndole que, de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días anteriormente señalado, la iniciación podrá ser considerada como propuesta de resolución, si contuviera un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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