Habiendo sido intentada de manera infructuosa, la notificación de la Resolución de 16 de febrero de 1999 que reconoce el visado de la ayuda solicitada para la adquisición de vivienda ya construida, dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de acuerdo con la Orden de 17 de abril de 1996, sita en el término municipal de Candelaria, Caletillas, Las Lomas, Edificio Igueste-Mar, planta 3ª, portal C, puerta 3, dirigido a D. Filiberto Domingo Pérez Hernández, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, esta Dirección General,
R E S U E L V E:
Notificar a D. Filiberto Domingo Pérez Hernández, en ignorado paradero, lo siguiente:
"Vista la solicitud de financiación para la adquisición protegida de vivienda ya construida formulada por Ud., se le comunica que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio (B.O.E. nº 152, de 26.6.98), sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001 y Decreto Territorial 242/1998, de 18 de diciembre (B.O.C. nº 6, de 13.1.99), por el que se regula la gestión de las medidas de financiación protegida en materia de vivienda y suelo para el Plan 1998-2001, por la Dirección General de Vivienda, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas de acuerdo con la Orden de 17 de abril de 1996, se dictó resolución de 16 de febrero de 1999 en la que se reconoce el visado de la misma, consistente en un préstamo cualificado en la cuantía máxima de 8.282.388 pesetas (49.778,15 euros), al interés inicial o actualizado que fije el convenio suscrito al efecto; con una subsidiación simple del 15% de la cuota de amortización e intereses del mismo los cinco primeros años, ampliables en su caso, por un período de cinco años de duración máxima, siempre que el beneficiario lo solicite y acredite que sigue reuniendo los requisitos exigidos para ello. Asimismo se hace constar que el plazo de validez de dicho visado es de seis meses desde su otorgamiento [artículo 25, apartado 2.d) del Real Decreto 1.186/1998, de 12 de junio].
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, en el plazo de un mes, desde el siguiente a la mencionada notificación, según establecen los artículos 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de septiembre de 2001.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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