BOC - 2001/130. Viernes 5 de Octubre de 2001 - 1424

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Educación, Cultura y Deportes

1424 - Dirección General de Centros.- Resolución de 5 de septiembre de 2001, por la que se conceden subvenciones concertadas a Entidades Públicas y Privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo.

Descargar en formato pdf

La Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se establecieron las bases y se convocaron subvenciones concertadas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo (B.O.C. de 23 de marzo, corrección de errores B.O.C. de 13 de abril), determinándose en su base undécima que la concesión de las subvenciones se llevaría a cabo mediante Resolución de la Dirección General de Centros y que sería publicada en el Boletín Oficial de Canarias.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes referido en la base octava de la Orden de convocatoria y, una vez constituida la Comisión de valoración a la que hace referencia la base duodécima apartado 2 de la misma, ésta efectuó propuesta de concesión y denegación de subvenciones.

Esta propuesta se realizó considerando los criterios establecidos en la base duodécima.

Por todo ello, esta Dirección General

R E S U E L V E:

1.- Conceder subvenciones para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo, por los conceptos que se indican.

Cuando no se solicite pago anticipado éste se hará con cargo al ejercicio 2002.

Cuando se solicite pago anticipado en el ejercicio 2001, éste se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.13.324B.480.11, línea de actuación 18481602 (subconceptos económicos 450.11 Ayuntamientos, 480.11 entidades, 482.11 fundaciones, 450.31 entes públicos de Ayuntamientos) destinadas a los siguientes conceptos:

CONCEPTOS:

a) Gastos de funcionamiento de las actividades docentes y de ayuda para la adquisición y amortización del material no inventariable que el programa origine, y que estará en función del perfil profesional a desarrollar.

b) Desplazamientos del alumnado, inherentes a la formación, y para actividades a realizar fuera del centro.

c) Seguro de los alumnos complementario al seguro escolar, y que, al menos, garantizará las siguientes coberturas, que comprenderá desde el comienzo de la primera fase del Programa hasta el momento en que por comenzar la segunda fase, el alumno queda cubierto por el sistema de la Seguridad Social:

- Invalidez permanente (modalidad proporcional): 4 millones.

- Fallecimiento: 2 millones.

Responsabilidad civil:

- Fianza y defensa de la responsabilidad civil.

- Indemnización por siniestro.

- Daños a bienes muebles e inmuebles.

- Daños a terceros.

2.- Los beneficiarios, perfil profesional, centro de adscripción, la cuantía de la subvención y el porcentaje que representa respecto del coste de la actividad se relacionan en el anexo I de la presente Resolución.

3.- Se deniega la concesión de subvención a las entidades peticionarias relacionadas en el anexo II de la presente Resolución.

4.- El plazo para realizar la actividad será de un año, comenzando la actividad en la fecha fijada con carácter general para los Programas de Garantía Social por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y finalizando una vez haya transcurrido el año. No obstante lo anterior, a la vista de las razones expuestas por la entidad, la Dirección General de Centros podrá autorizar otra fecha de comienzo, sin que en ningún caso la duración pueda ser inferior a un año y sin que la fecha de comienzo pueda ser posterior al 31 de octubre de 2001.

5.- El importe de la subvención concedida siempre será abonado en un pago único.

El abono anticipado de la subvención sólo procederá cuando el beneficiario acredite que no puede realizar la actividad sin la entrega de los fondos públicos, en caso contrario, el pago se hará previa justificación. La solicitud de abono anticipado se podrá hacer desde el mes de julio a partir del momento en que se cierre el plazo ordinario de matrícula fijado por la Dirección General de Centros y hasta el 31 de septiembre de 2001, debiendo el beneficiario, en el momento en que presente la solicitud, además de acreditar mediante la certificación correspondiente que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de los fondos públicos, remitir a dicha Dirección General la siguiente documentación:

a) Certificación de alumnos matriculados en un número no inferior a 10.

b) Certificación de disponer de la infraestructura y recursos necesarios para su impartición.

c) Certificaciones, cuando el beneficiario no tenga el carácter de Administración Pública, expedidas por los órganos competentes de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social.

En caso de entidades que no tienen el carácter de Administración Pública, por no superar el importe otorgado los límites establecidos en el artículo 29.5 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, quedan eximidos los beneficiarios de la prestación de las garantías a las que se refiere el artículo 29.4 del citado Decreto y la Orden de 10 de marzo de 1995, por concurrir razones de interés público y/o social que lo justifican.

Están exentas de prestar fianzas las personas y entidades que se relacionan en el artículo 29 del Decreto 337/1997.

6.- Los beneficiarios están obligados a:

a) Realizar y acreditar la realización de la actividad, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de la concesión.

b) Justificar el empleo de los fondos recibidos en la actividad subvencionada, siempre antes del 31 de diciembre de 2002.

c) Acreditar el coste total de la actividad, así como el importe de las ayudas, subvenciones y otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, entidades privadas o particulares.

d) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las subvenciones concedidas, se practiquen por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención con posterioridad de otras ayudas o subvenciones para la misma actividad de cualquier Administración o Ente público, así como de entidades privadas o particulares con el mismo destino.

g) Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa comunitaria en materia de información y publicidad, se hace constar que las subvenciones concedidas y previstas por tanto en la Orden de convocatoria de 8 de marzo de 2001 (B.O.C. de 23 de marzo) son susceptibles de cofinanciación comunitaria por el Fondo Social Europeo al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1.784/1999, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo previa su inclusión en el Programa Operativo de Canarias 2000-2006, tal como establece el Reglamento (CE) 1.260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales.

La cofinanciación de esta subvención por la Comunidad Europea implicaría la aplicación del Reglamento (CE) nº 1.159/2000 de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, y del Reglamento (CE) nº 1.685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1.260/1999 del Consejo, en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, así como el resto de normativa comunitaria aplicable y en particular la relativa al control de la utilización de estos fondos.

Por lo que los beneficiarios tienen también las siguientes obligaciones:

- Someterse a las actuaciones de comprobación que practique el Tribunal de Cuentas o cualquier organismo de la Comisión Europea.

- Llevar una contabilidad separada de los ingresos y gastos.

- Todas las actividades deberán cumplir los requisitos de información y publicidad establecidos por los Fondos Estructurales.

7.- 1. Una vez finalizado el Programa, se justificará la subvención antes del 31 de diciembre de 2002 mediante los siguientes documentos:

a) Para las subvenciones concedidas a Administraciones Públicas o Entes de Derecho Público dependientes de las mismas, su justificación se realizará mediante certificación expedida por el órgano de dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de fiscalización o control de fondos. En dicha certificación deberá incluirse el detalle de las facturas pagadas.

b) En las subvenciones concedidas a las Corporaciones de Derecho Público, a los Colegios Profesionales y a las Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, su justificación se realizará mediante certificación expedida por el órgano de dichas entidades que tenga atribuidas las funciones de control de fondos. En dicha certificación deberá incluirse el detalle de las facturas pagadas.

c) En las subvenciones concedidas a entidades privadas deberán justificarse:

1) Presentando las facturas pagadas de los gastos de funcionamiento y de adquisición y amortización del material no inventariable objeto de subvención.

2) El desplazamiento del alumnado inherente a la formación y para actividades a realizar fuera del centro, mediante factura pagada expedida por la empresa de transporte.

3) El seguro de los alumnos para aquellas coberturas complementarias del seguro escolar, mediante factura pagada de la compañía aseguradora.

En los tres casos anteriores, cualquiera que sea el tipo de gasto, su justificación deberá efectuarse con facturas pagadas, debiendo resultar de la propia factura esta circunstancia.

2. La justificación de la realización de la actividad se realizará mediante certificación expedida por el órgano correspondiente en el caso de Administraciones Públicas o entes de derecho público dependiente de las mismas o por la realización de una memoria en el resto de los casos.

3. La justificación del coste total de la actividad se realizará:

- Mediante certificación expedida por el órgano que tenga atribuidas las funciones de fiscalización o control de fondos en el caso de Administraciones Públicas o Entes de Derecho Público dependientes de las mismas, Corporaciones de Derecho Público, Colegios Profesionales y Fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. En dicha certificación deberá incluirse el detalle de las facturas pagadas.

- Mediante facturas pagadas de los gastos de funcionamiento y de adquisición y amortización del material inventariable en el caso de entidades privadas.

8.- Los beneficiarios estarán obligados a llevar los registros contables en la forma prevista en el apartado f) del artículo 27 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

9.- Las entidades e instituciones beneficiarias deberán remitir escrito de aceptación de la subvención dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del correspondiente convenio, quedando la efectividad de la presente resolución de concesión condicionada a la firma del convenio y posterior aceptación de la subvención.

10.- A efectos de lo dispuesto en el apartado segundo de la Orden de 8 de marzo de 2001, se hace constar que esta Resolución se adopta en virtud de delegación del Consejero de Educación, Cultura y Deportes. Esta delegación se entiende concedida sin perjuicio de las potestades de revocación por parte del concedente.

11.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formularse recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes contado a partir del día de su publicación o bien interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 septiembre de 2001.- El Director General de Centros, Juan Magdalena Darias.

Ver anexos - páginas 15065-15067



© Gobierno de Canarias