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BOC Nº 128. Lunes 1 de Octubre de 2001 - 3608

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3608 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 26 de julio de 2001, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 26 de abril de 2001, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Mar Los Guanches Candelaria, S.L.- Expte. nº 10.119/96.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Mar Los Guanches Candelaria, S.L. de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1076, de fecha 26 de abril de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a la empresa Mar Los Guanches Candelaria, S.L., mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.476, de fecha 1 de diciembre de 2000, y teniendo en cuenta:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución del Director del ICFEM de 30 de diciembre de 1996, y número de registro 4.797, se concedió una subvención a la empresa Mar Los Guanches Candelaria, S.L., por importe de un millón ciento sesenta y ocho mil quinientas sesenta (1.168.560) pesetas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulaban los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión de dos puestos de trabajo de carácter temporal en indefinido, uno de ellos a tiempo parcial. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión de 30 de diciembre de 1996 y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- La beneficiaria de la subvención quedaba obligada a tener cubiertos los puestos de trabajo subvencionados durante los tres años siguientes, como mínimo, a las fechas de las conversiones realizadas, y a mantener el nivel de empleo en los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el Decreto mencionado.

- Si alguna de las relaciones laborales que dieron origen a la subvención se extinguiese antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaron a surtir efectos, la beneficiaria estaba obligada a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Igualmente, debía comunicar inmediatamente al ICFEM la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acreditase haberla realizado dentro de los quince días siguientes.

- Por último debía presentar, al objeto de justificar el empleo dado a los fondos públicos recibidos, anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de las conversiones objeto de subvención, ante el ICFEM, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en al que conste la relación de trabajadores por los que había cotizado la empresa, junto con copia del libro de matrícula compulsada con su original.

Tercero.- Mediante Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2000, notificado a la beneficiaria el día 4 de abril pasado, se inició, de oficio, el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido aquélla en la causa determinante del reintegro que en el Acuerdo citado se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.

Las razones que motivaron el inicio del procedimiento mencionado se concretan en el incumplimiento de deber de justificar el destino dado a los fondos públicos recibidos en concepto de subvención, supuesto éste motivo de reintegro de la subvención concedida según recoge el artículo 32.1, apartado c), del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, por el que se establecía el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento de concesión de la subvención.

Este Acuerdo se notificó mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 42, de 4 de abril pasado, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, en cumplimiento del artículo 59.4 de la LRJ-PAC, ya que el Acuerdo citado no pudo notificarse directamente, en las dos ocasiones en que se intentó, por estar ausente del domicilio la interesada.

Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 18 de abril, sin que hasta la fecha la empresa beneficiaria haya hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Mar Los Guanches Candelaria, S.L., mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.476, de fecha 1 de diciembre de 2000, tuvo como fundamento el incumplimiento de la beneficiaria de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos públicos recibidos.

En este sentido, la condición séptima de la Resolución de concesión de 30 de diciembre de 1996, en concordancia con el artículo 13 del Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril, establecía que la beneficiaria estaba obligada a tener cubiertos los puestos de trabajo subvencionados durante, al menos, los tres años siguientes a las conversiones realizadas, y a mantener el nivel de empleo estable de los centros de trabajo radicados en Canarias durante el mismo período.

Por otra parte, la condición sexta recogía que la beneficiaria, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, estaba obligada a presentar anualmente y durante los tres años siguientes, como mínimo, a las fechas de las conversiones subvencionadas, ante el ICFEM, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de los trabajadores por los que ha cotizado la empresa, junto con copia del libro de matrícula compulsada con su original.

Segundo.- Las conversiones subvencionadas, que correspondían a los contratos temporales de los trabajadores Dña. Gloria Alonso Díaz y D. Juan Rojas González, se produjeron el día 1 de septiembre de 1996, por lo que estos puestos de trabajo debían mantenerse ocupado, como mínimo, hasta el día 1 de septiembre de 1999.

De la documentación que consta en el expediente de referencia se desprende:

a) El trabajador D. Juan Rojas González causó baja en la empresa el día 2 de octubre de 1996, siendo sustituido por Dña. Luisa Francisca Limón Gutiérrez, cuyo contrato temporal fue convertido en indefinido el día 4 de octubre siguiente.

b) Por otra parte, la trabajadora Dña. Gloria Alonso Díaz causó baja en la empresa el día 13 de marzo de 1997, siendo sustituida por Dña. Lourdes Moreno Encinas, contratada indefinidamente el día 11 de abril de 1997. En el momento en el que se comunicó la sustitución de Dña. Gloria Alonso Díaz (17 de abril de 1997) se presentó parte de baja en la Seguridad Social y alta de la sustituta, así como su contrato indefinido y su D.N.I.

c) Por último, a partir del 17 de abril de 1997, la empresa beneficiaria no ha presentado documentación alguna que acredite que ha mantenido cubiertos los puestos de trabajo subvencionados, como mínimo, hasta el día 1 de septiembre de 1999.

Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Cuarto.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación que consta en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que la beneficiaria de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril.

Quinto.- Corresponde al Director del ICFEM la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para el inicio y resolución del procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Mar Los Guanches Candelaria, S.L., mediante Resolución del Director del ICFEM nº 4.797, de fecha 30 de diciembre de 1996, al haber incurrido en causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a un millón ciento sesenta y ocho mil quinientas sesenta (1.168.560) pesetas, por el principal, más doscientas sesenta y cuatro mil quinientas tres (264.503) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (27 de enero de 1997) hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (20 de abril de 2001), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

El detalle del cálculo de los intereses es el siguiente:

Ver anexos - página 14950

ercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime de las demás responsabilidades en que se haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que este Organismo tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065-0118-81-1114001822. Una vez realizado el ingreso deberá presente en este Instituto, debidamente cumplimentada, la instancia adjunta, junto con fotocopia del ingreso realizado.

Quinto.- Notificar a la interesada la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto."

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de julio de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.

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