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BOC Nº 128. Lunes 1 de Octubre de 2001 - 3605

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3605 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 26 de julio de 2001, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 1 de junio de 2001, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP).- Expte. nº 5/92.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1445, de fecha 1 de junio de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado de oficio a la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación, nº 1345, de fecha 12 de mayo de 2000, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 15 de diciembre de 1992, registrada al nº 3668 se le concedió una subvención a la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) por importe de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322 B.470.00 L.A. 23.4002.01, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 83/1992, de 22 de mayo (B.O.C. nº 81, de 19.6.92), por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y mantenimiento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la contratación por tiempo indefinido de un trabajador. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención como mínimo, durante los tres años siguientes a la fecha de contratación y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.

- El perceptor de la subvención se obligaba a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se hubiera concedido la subvención. Esta obligación se mantenía durante los tres años siguientes a la contratación.

Tercero.- El procedimiento de reintegro que nos ocupa se inició por Resolución de fecha 12 de mayo de 2000, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante de reintegro que en esta Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días hábiles podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del procedimiento se concretaron en el incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.

Esta Resolución de inicio del procedimiento de reintegro se notificó al interesado el día 9 de abril de 2001, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 44, de fecha 9 de abril de 2001, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado, en cumplimiento de lo recogido en el artículo 59.4 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, ya que, intentada la notificación directamente, ésta no pudo practicarse en el domicilio establecido por el interesado a tal fin.

Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 23 de abril de 2001. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP), mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación, nº 1345, de fecha 12 de mayo de 2000, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que:

1. A la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) se le concede una subvención por la contratación indefinida de Rosa Candelaria Morín Febles. Dicha trabajadora era desempleada en el momento de su contratación y fue dada de alta en la empresa con fecha 6 de abril de 1992.

2. Con fechas 20 y 23 de diciembre de 1993 y números de registros de entrada 5363 y 5432 respectivamente, la empresa presenta documentación justificativa de la subvención en aplicación a lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 83/1992, de 22 de mayo (B.O.C. nº 81, de 19.6.92) que decía que el perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió mediante la aportación, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se concedió la subvención. Dicha obligación se tenía que mantener durante los tres años siguientes a la contratación.

La documentación presentada consistía en nóminas de la trabajadora desde abril de 1998 hasta noviembre de 1993 y TC-1 y TC-2 desde abril de 1992 hasta octubre de 1993.

3. Dicha documentación justifica el período comprendido entre abril de 1992 y octubre de 1993, según el informe de la Intervención Delegada de fecha 5 de diciembre de 1995.

4. Con fecha 9 de junio de 1995 y registro de salida 4961 este Servicio requirió a la empresa para que justificara el resto del período que le falta, que era hasta abril de 1995.

5. Dicho requerimiento fue recibido por el interesado con fecha 14 de junio de 1995 y hasta el día de la fecha no se ha contestado al mismo, ni se ha presentado documentación para justificar totalmente el expediente de referencia, por lo que se ha incumplido con lo establecido en los artículos 13.2 y 15 del Decreto 83/1992, de 22 de mayo.

Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Tercero.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación obrante en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto Territorial 83/1992, de 22 de mayo, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento del empleo.

Cuarto.- El artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, atribuye la competencia para el inicio y resolución de los expedientes de reintegro al órgano que concede la subvención, que fue, en este caso, el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, si bien, después de la entrada en vigor del Decreto Territorial 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal competencia debe entenderse referida al Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

No obstante, en virtud de la Orden de 3 de marzo de 1996 (B.O.C. nº 52, de 29.4.96), la competencia para la resolución del presente expediente de reintegro corresponde, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, al Director del ICFEM.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas (AECOP) mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública nº 3668, al haber incurrido en la causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución, el empleo dado a los fondos recibidos.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, por el principal, más trescientas treinta y ocho mil ciento cincuenta y seis (338.156) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (30 de enero de 1993), hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (25 de mayo de 2001), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.

El cuadro explicativo de los intereses generados es el siguiente:

Ver anexos - página 14944

ercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que el ICFEM tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065-0118-81-1114001822. Una vez realizado el ingreso deberá presentar en este Organismo, debidamente cumplimentada, la instancia adjunta, junto con fotocopia del ingreso realizado.

Quinto.- Notificar al interesado la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto."

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de julio de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.

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