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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Francisco Héctor Rodríguez Acero de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1161, de fecha 11 de mayo de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a D. Francisco Héctor Rodríguez Acero, mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.420, de fecha 27 de noviembre de 2000, y teniendo en cuenta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Director del ICFEM de fecha 30 de diciembre de 1996, registrada con el nº 4.796, se concedió una subvención a D. Francisco Héctor Rodríguez Acero, por importe de setecientas setenta y nueve mil cuarenta (779.040) pesetas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulaban los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la conversión de un puesto de trabajo de carácter temporal en indefinido. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención quedaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención durante los tres años siguientes a la fecha de la contratación subvencionada, como mínimo, y a mantener el nivel de empleo en los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el Decreto mencionado.
- Si la relación laboral que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzaba a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Igualmente debía comunicar inmediatamente al ICFEM la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acreditase haberla realizado dentro de los quince días siguientes.
- Por último debía presentar, al objeto de justificar el empleo dado a los fondos públicos recibidos, anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de la contratación objeto de subvención, ante el ICFEM, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa, junto con copia del libro de matrícula compulsada con su original.
Tercero.- Mediante Acuerdo de fecha 27 de noviembre de 2000, notificado al beneficiario el día 19 de marzo siguiente, se inició, de oficio, el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido aquél en la causa determinante del reintegro que en el Acuerdo citado se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días, podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle.
Las razones que motivaron el inicio del procedimiento mencionado se concretan en el incumplimiento del deber de justificar el empleo dado a los fondos públicos recibidos, motivo éste de reintegro de la subvención concedida según establece el artículo 32.1, apartado c), del Decreto Territorial 6/1995, de 7 de enero, por el que se establecía el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias en el momento de concesión de la subvención.
Este Acuerdo se notificó a través de anuncio insertado en el Boletín Oficial de Canarias nº 35, de 19 de marzo pasado, y de exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente, en aplicación del artículo 59.4 de la LRJ-PAC, ya que, intentada la notificación directamente, el Servicio de Correos y Telégrafos la devolvió ya que el interesado se había marchado sin dejar señas.
Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 30 de marzo, sin que, hasta el día de la fecha, el beneficiario de la subvención no haya hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a D. Francisco Héctor Rodríguez Acero, mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.420, de fecha 27 de noviembre de 2000, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos públicos recibidos.
En este sentido el artículo 14 del Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril, establece que los perceptores de las subvenciones deberán presentar, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación de mantener cubiertos los puestos de trabajo subvencionados durante los tres años siguientes, anualmente y ante el ICFEM, una certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa, junto con copia del libro de matrícula compulsada con su original.
Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación que consta en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el Acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril.
Cuarto.- Corresponde al Director del ICFEM la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para el inicio y resolución del procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a D. Francisco Héctor Rodríguez Acero, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 4.796, de fecha 30 de diciembre de 1996, al haber incurrido en causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a setecientas setenta y nueve mil cuarenta (779.040) pesetas, por el principal, más ciento setenta y ocho mil ciento veintiocho (178.128) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (29 de enero de 2001) hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (8 de mayo de 2001), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
El detalle del cálculo de los intereses es el siguiente:
ercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que este Organismo tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065 0118 81 1114001822. Una vez realizado el ingreso deberá presentar ante este Instituto, debidamente cumplimentada, la instancia adjunta, junto con fotocopia del ingreso realizado.
Quinto.- Notificar al interesado la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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