No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/95/2000.
RESPONSABLE: Daniel Galván Varabia.
D.N.I. o N.I.F.: 54066484Q.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en Carpintería Metálica propiedad del interesado sito en la Avenida de la Democracia, 46, Las Mesas, Tamaraceite, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16031, comprobaron que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Daniel Galván Varabia la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/96/2000.
RESPONSABLE: Pablo Ramos Arjona.
D.N.I. o N.I.F.: 43253419X.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en el Taller de Chapa y Pintura propiedad del interesado sito en Vial 8010, esquina Vial 8006, 27, Los Giles, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16032, comprobaron que el taller carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones, así como de las obligatorias leyendas indicativas del precio por hora de trabajo, garantía de las reparaciones por 3 meses ó 2.000 km y existencia a disposición de los clientes de Hojas de Reclamaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Pablo Ramos Arjona la sanción de multa de 60.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/97/2000.
RESPONSABLE: Violeta Martín Acosta.
D.N.I. o N.I.F.: 43645635F.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en el Taller Chapa y Pintura propiedad de la interesada sito en San Nicolás de Tolentino, s/n, Urbanización Ind. La Cazuela, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16034, comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo y de las preceptivas leyendas indicativas del precio por hora de trabajo y garantía que asiste a las reparaciones por 3 meses ó 2.000 km.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2. y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 6 de junio de 2000, manifestando en síntesis:
Durante el pasado mes de noviembre la empresa cuya titularidad acredita Dña. Violeta Martín Acosta, N.I.F. 43645635 F, y número de C.C. a la Seguridad Social 35102991308 se encontraba en período de disolución y liquidación por cambio de forma jurídica de la misma, trámites que se iniciaron el 11 de noviembre de 1999 con la constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Violeta Martín, S.L., provista de CIF B-35586841 y número C.C. a la Seguridad Social 35105164108.
Resulta evidente que la formalización del expediente oportuno ante los organismos competentes relativos a las formalidades preceptivas de la actividad ejercida en el local, se estuvieran tramitando en ese lapsus temporal, razón por la cual y, en tanto se procede a la formalización de los aspectos relativos a la nueva sociedad no se podía acreditar lo relativo al cartel distintivo de la actividad y a las leyendas preceptivas de la misma.
El cambio de titularidad hasta aquí expuesto con las formalidades que lleva aparejado, sin duda alguna contribuirá no sólo, a la mejora de la actividad en particular, sino en general a la mejora en la profesionalidad de la empresaria que suscribe, para lo cual ha tenido que afrontar una delicada situación económica para de éste modo hacer frente a la continuidad de la actividad y de los 9 puestos de trabajo que ocupa.
Solicitamos de V.I. se tenga por presentado el presente escrito de alegaciones y proposición de pruebas con los documentos que se adjuntan y luego de darle la tramitación procedente en los términos del Real Decreto 1.398/1993, se dicte Resolución por la que se acuerde, en atención a la calificación de la infracción y a la proporcionalidad de la sanción impuesta, en consideración de la precaria situación económica por la que atraviesa la empresa infractora, acuerde aminorar el importe de la sanción impuesta hasta el mínimo previsto en la legislación de aplicación, esto es, de las 60.000 pesetas propuestas a 10.000 pesetas.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que se aportan documentos acreditativos del proceso de cambio de titularidad de la actividad, si bien esta circunstancia no exonera de la responsabilidad por la comisión de los hechos toda vez que nada impide exponer los carteles informativos y exponer la preceptiva placa, tal y como se desprende del acta de inspección habida cuenta que se desprende que la actividad se ejercía y con independencia de la circunstancia expuesta, el ejercicio y no la titularidad lleva aparejada el cumplimiento de lo requisitos legalmente establecidos.
Si bien, en base al principio de proporcionalidad que informa el derecho administrativo sancionador procede reducir la cuantía de la multa propuesta como sanción a la cantidad de 30.000 pesetas.
Se propuso la práctica de prueba que fue rechazada por la instructora por improcedente.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Violeta Martín Acosta la sanción de multa de 30.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/101/2000.
RESPONSABLE: Ashok Bhagchand Daswani Daswani.
D.N.I. o N.I.F.: 42870725J.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en "D & A" propiedad del interesado sito en Mesa y López, 76, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16009, comprobaron que tenían para su venta al público 12 "rebecas de señora", éstas tenían una etiqueta adherida en la que se podía leer "made in Korea", tenían también estas prendas 2 etiquetas adheridas, una que se podía quitar y poner al tener una sustancia pegajosa similar al pegamento en la que se consignaba la leyenda "D & A Div-Anji-Collection" y otra de cartón sujeta a la prenda con un gancho de plástico con la leyenda: "D & A div-anji collection-ref 12012-PVP 2450 pesetas 100% polyester-made in korea".
Todas las prendas descritas, carecían por tanto del preceptivo etiquetado textil consignado en castellano, lengua Española Oficial del Estado relativa a la composición de las prendas y la identificación del fabricante o importador de las prendas con consignación de, al menos, domicilio de éste.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los puntos 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del artº. 6, del Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles y el artº. 6 del Real Decreto 396/1990, de 16 de marzo, que modifica el Real Decreto 928/1987 (B.O.E. nº 74).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 2 de junio de 2000, manifestando en síntesis:
Los hechos recogidos en el expediente no recogen una visión ajustada de la realidad material de los hechos. Si bien, el ahora exponente, no se sujetó de forma estricta al tenor literal de la norma reguladora en materia de consumo, las posibles deficiencias aludidas por los Inspectores es ciertamente justificable basándose en las evidentes dificultades materiales surgidas los días previos y posteriores al inicio de las actividades. El inicio de una actividad comercial de venta de ropa procedente de diversos países supone la necesidad material de realizar una organización previa de la totalidad de las existencias puestas a la venta así como la re-etiquetación de aquellas prendas que lo necesiten. Esta actividad organizativa previa no es realizable con una certeza y seguridad material al 100%, a los efectos de cumplir taxativamente con la norma legal los primeros días de apertura del local al público.
Este local comercial fue abierto los primeros días de diciembre y la actividad inspectora se realizó el día 9 del mismo mes, la precocidad en la actividad de comprobación por parte de esta administración ha sido a mi entender excesivo. Mi establecimiento cumple, en la actualidad, la totalidad de las normas aplicables sobre consumo, si bien, durante los primeros días de apertura.
La sanción impuesta se considera elevada teniendo en cuenta las circunstancias aludidas en este escrito y la justificación real que motiva el presunto incumplimiento de la norma de consumo.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que desde el momento que se inicia una actividad, el deber de diligencia en su condición de comerciante le obliga a cumplir todas las normas inherentes tanto a dicha actividad como a los productos dispuestos a la venta, siendo por tanto el interesado responsable de la realización de una conducta de omisión en su diligencia debida.
La cuantía de la multa propuesta como sanción se ha determinado de conformidad con los criterios establecidos en las normas citadas en el acuerdo de iniciación.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Ashok Bhagchand Daswani Daswani la sanción de multa de 80.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de julio de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/105/2000.
RESPONSABLE: Sigoñe, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35572791.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de diciembre de 1999, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en el puesto propiedad de la interesada sito en Mercalaspalmas, Nave B, puesto 5, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 16010, comprobaron que tenían para su distribución y venta 8 cajas de aguacates de aproximadamente 13 kg de peso cada una y 30 cajas de zanahorias de unos 12 kg de peso cada una.
Todas las cajas descritas carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 3º, apartado 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de noviembre de 1981 (B.O.E. de 13), que regula la Norma de Calidad para los aguacates destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 920/89, de 10 de abril de 1989 modificado parcialmente por el Reglamento (CEE) nº 293/992, de 6 de febrero de 1992 y la Orden de 2 de julio de 1985 (B.O.E. de 8) por el que se aprueba la Norma de Calidad para zanahorias destinas al mercado interior.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Sigoñe, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
6) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/157/2000.
RESPONSABLE: José David Rodríguez Perera.
D.N.I. o N.I.F.: 43780149V.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección al Arca de Noé propiedad del interesado sito en Tagoror, 2, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 2012, procedieron a cumplimentar y diligenciar reclamación con número de registro de entrada en estas Dependencias 5262 de fecha 9 de diciembre de 1999. Posteriormente se comprobó que el preceptivo cartel indicador de la existencia de Hojas de Reclamaciones no estaba expuesto al público en lugar visible.
Igualmente se comprobó que tenían para su venta al público diversos productos para animales que carecían de sus preceptivo marcados de precios de venta al público, en concreto tenían barritas para canarios, nidos, bolsas de comida para animales y jaulas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a José David Rodríguez Perera la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
7) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/167/2000.
RESPONSABLE: Rafael Nieves González.
D.N.I. o N.I.F.: 78435728R.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de enero de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Taller Rafael Nieves propiedad del interesado sito en la Carretera del Norte, km 1,600, Volcán Tahíche, término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 16266, procedieron a cumplimentar y diligenciar reclamación con número de registro de entrada en estas Dependencias 5551 de 29 de diciembre de 1999.
Puesto en contacto con el compareciente se le leyó y mostró el contenido de la citada reclamación realizando el mismo, las manifestaciones que consideró oportunas para resolver la controversia que quedaron reflejados en el acta levantada.
En el mismo acta, se comprobó en inspección que el Taller carecía de la placa distintivo oficial, y de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y leyenda informativa de la disponibilidad de las mismas para con los clientes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Rafael Nieves González la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
8) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/346/2000.
RESPONSABLE: Francisco Sosa Santana.
D.N.I. o N.I.F.: 42435082J.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de marzo de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la boutique del pan el Triguero propiedad del interesado sito en Néstor de la Torre, 44, L7, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 2338, comprobaron que tenían para su venta al público pan común de 60 gr de peso la unidad y distintos panes especiales. Tenían expuestos el cartel que anunciaba el pan común de 60 gr a 20 pesetas.
Se procedió a comprobar estos extremos realizando el pesado del pan común de 60 gr en 3 lotes de 10 unidades, dando los siguientes resultados: 1ª pesada: 580 gr, 2ª pesada: 585 gr, 3ª pesada: 570 gr, es decir, ninguna de las 3 comprobaciones alcanzaba el peso mínimo de 600 gr que debía alcanzar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.4 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado. 3.1.3, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 15 de la Orden Ministerial de Presidencia del Gobierno de 15 de febrero de 1978 (B.O.E. nº 43) sobre Normas de envasado y comercialización de pan.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Francisco Sosa Santana la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de enero de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
9) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/734/2000.
RESPONSABLE: Jean Gustaaf R. Bisschop.
D.N.I. o N.I.F.: X0883969X.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de julio de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería propiedad del interesado sito en Teseguite, 26, Vecindario, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 2876 comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Jean Gustaaf R. Bisschop la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
10) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/809/2000.
RESPONSABLE: Escanale Autos, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35440197.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de agosto de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad del interesado sito en Secundino Alonso, 82, término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 3061, comprobaron que tenían para su venta en la exposición vehículos de diferentes marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.
Tenían en concreto: 1 Opel Corsa, 1.2, tres Mercedes, un Toyota y un Ford que carecían del marcado de precios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero) en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Escanale Autos, S.L. la sanción de multa de 125.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de marzo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
11) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/810/2000.
RESPONSABLE: José Antonio Matías.
D.N.I. o N.I.F.: 42807876T.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de agosto de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Dekogar propiedad del interesado sito en Nuestra Señora del Carmen, 45, Morro Jable, término municipal de Pájara; y mediante acta levantada al efecto nº 3064, comprobaron que en el momento de la inspección el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a José Antonio Matías la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
12) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/819/2000.
RESPONSABLE: Maxocan, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35462548.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de agosto de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Maxocon-Fuertecasa propiedad de la interesada sito en General Franco, 2, Corralejo, término municipal de La Oliva; y mediante acta levantada al efecto nº 3070, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Maxocan, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
13) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/831/2000.
RESPONSABLE: Agrícola Transcanaria, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35292697.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 30 de agosto de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Puesto de Frutas y Hortalizas propiedad del interesado sito en Mercalaspalmas, Nave A, puesto 47, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3157 comprobaron que, en el momento de la inspección, tenían expuestos para su distribución y venta 7 sacos de "patatas" de 25 kg de peso cada uno. Impreso en los mismos se podía leer la leyenda "Papas de Consumo, 25 kg al empaquetarse". Estos sacos carecían por tanto de los preceptivos datos relativos a la variedad, origen, categoría y calibre de las patatas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Agrícola Transcanaria, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
14) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/834/2000.
RESPONSABLE: Ángelo Rodríguez Calcines.
D.N.I. o N.I.F.: 78471229J.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Uniko, artículos de ocasión propiedad del interesado sito en la Avenida del Mirón, 14, término municipal de Arucas; y mediante acta levantada al efecto nº 3161, comprobaron que, tenían expuestas para su venta al público 10 planchas cuadrangulares, éstas tenían unas medidas aproximadas de 32 x 32 cm, eran de distintos colores y eran vendidas al público al precio de 150 pesetas la unidad.
Los artículos descritos se encontraban expuestos para su venta sin ningún tipo de etiquetado que consignase los preceptivos datos informativos. Uno de estos artículos fue adjuntado al acta de inspección como muestra.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Ángelo Rodríguez Calcines la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
15) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/843/2000.
RESPONSABLE: Jesús Fernández Fuertes, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35091776.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Estación Cepsa y Minimercado propiedad de la interesada sito en la Carretera los Mármoles, 138, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 3107, comprobaron que, en el Minimercado de la estación, tenían para su venta al público paquetes de "polo original. The mint with the hole" y "maynards wine guns ... 52 gr.".
Estos artículos descritos cuyos etiquetados fueron adjuntados al acta de inspección como muestra, tenían consignados los datos obligatorios en lengua extranjera y carecían, por tanto de los preceptivos datos en sus etiquetados expresados en Castellano, lengua Española Oficial del Estado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios, modificado por el Real Decreto 930/1995, de 9 de junio, el Real Decreto 1.908/1995, de 24 de noviembre (B.O.E. nº 20), y el Real Decreto 1.268/1997, de 24 de julio (B.O.E. nº 177), modificado por el Real Decreto 1.334/1999, de 33 de julio (B.O.E. nº 202).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Jesús Fernández Fuertes, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
16) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/851/2000.
RESPONSABLE: Germán Guereta Alonso.
D.N.I. o N.I.F.: 52857979T.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Boutique Phineas propiedad del interesado sito en Amigos de Puerto Naos, 1, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 3117, comprobaron que en el momento de la inspección, el establecimiento no disponía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Germán Guereta Alonso la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
17) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/861/2000.
RESPONSABLE: América Cars, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B3535925.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en Anzuelo, 20, Puerto del Carmen, término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 3137, comprobaron que en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a América Cars, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de abril de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
18) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/910/2000.
RESPONSABLE: Pedro Pérez González.
D.N.I. o N.I.F.: 52851096.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de octubre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller propiedad del interesado sito en Alfonso XIII, 48, La Herradura, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 3260 comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo oficial, de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas informativas acerca del precio por hora de trabajo y garantía que asiste a las reparaciones por 3 meses o 2.000 km.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º, apartados g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Pedro Pérez González la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
19) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/13/2001.
RESPONSABLE: Jorge Trujillo Miranda.
D.N.I. o N.I.F.: 54067790B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de noviembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Heladería propiedad del interesado sito en Carlo V, 67, El Carrizal, término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 3293, comprobaron que en el momento de la inspección el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Jorge Trujillo Miranda la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de julio de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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