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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/864/2000.
RESPONSABLE: Thomas Niesing.
D.N.I. o N.I.F.: X2128464K.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Hair Desing Tatoo, propiedad de D. Thomas Niesing, sito en la calle Anzuelo, 6, Puerto del Carmen, término municipal de Tías; y mediante acta levantada al efecto nº 3138 comprobaron que, en el establecimiento se realizaban tatuajes a diversos clientes y carecía de la preceptiva lista de precios de los servicios que prestaban en el momento de la inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Thomas Niesing la sanción de multa de 100.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
2) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/869/2000.
RESPONSABLE: Siru Israni Tenumal.
D.N.I. o N.I.F.: X0655081H.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de septiembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Raj Internacional, propiedad de D. Siru Israni Tenumal, sito en la Avenida Papagayo, 1, Playa Blanca, término municipal de Yaiza; y mediante acta levantada al efecto nº 3143 comprobaron que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de diferentes marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.
Tenían en las condiciones anteriormente descritas: vídeo cámaras, máquinas fotográficas, relojes, walkmans, compacts, punteros láser, gafas, mecheros, transistores, radio cassettes, vídeo juegos, máquinas de afeitar, secadores, rollos, pilas, teléfonos, etc. ...
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 5 de marzo de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:
Hago saber que en aquel momento estaba en proceso de tramitación la baja de dicho negocio, por tanto muchos de los productos no habían sido marcados porque en poco período de tiempo el negocio cesaría en su actividad.
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente.
Lo cierto es que, en el momento de la inspección, numerosos artículos estaban expuestos para su venta al público careciendo de precio de venta al público, esta información acerca del precio es básica y esencial y como tal la contempla la ley que exige que en todo momento y circunstancia los artículos incorporen sus precios como información necesaria.
Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y el interesado es responsable en la comisión de la misma, en tanto y cuanto, ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Siru Israni Tenumal la sanción de multa de 250.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
3) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/906/2000.
RESPONSABLE: Patxilar, S.C.
D.N.I. o N.I.F.: F35594258.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de octubre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar TreniÕs, propiedad de Patxilar, S.C., sito en la calle Fondos del Segura, bloque 3, local 7-Siete Palmas, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 3256 comprobaron que, en el momento de la inspección, el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Patxilar, S.C. la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
4) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/15/2001.
RESPONSABLE: Tarun Ajwani.
D.N.I. o N.I.F.: X0940126R.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de noviembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Japan Electronic, propiedad de Tarun Ajwani, sito en la Plaza de Maspalomas, local 39, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 3299 comprobaron que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de diferentes marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.
Tenían en las condiciones anteriormente descritas: vídeo cámaras, máquinas fotográficas, rollos, pilas, relojes, compacts, walkmas, vídeo juegos, máquinas de afeitar, transistores, binoculares, teléfonos, punteros láser, etc. ...
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Tarun Ajwani la sanción de multa de 250.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de mayo de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
5) RESOLUCIÓN.
Visto el expediente nº 35/26/2001.
RESPONSABLE: Abdellah Jalal.
D.N.I. o N.I.F.: X07443711B.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de noviembre de 2000, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la tienda de confección en piel y sintéticos, propiedad de D. Abdellah Jalal, sito en la Avenida Alejandro del Castillo, s/n, Mercado de Maspalomas, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 3317 comprobaron que, en el momento de la inspección, no tenía a disposición de los consumidores las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni el cartel anunciador de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
ACUERDO:
Imponer a Abdellah Jalal la sanción de multa de 40.000 pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2001.- El Director General de Consumo.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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