Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Autos Lalo, S.L. del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1002, de fecha 7 de abril de 2000, modificada por la Resolución del Director del ICFEM nº 724, de fecha 16 de marzo de 2001, por la que se corrige el error detectado en la Resolución del Acuerdo de inicio, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 318/93, que la empresa Autos Lalo, S.L., beneficiaria de una subvención por importe de 3.660.000 pesetas, concedida mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública de 31 de diciembre de 1993, registrada al nº 1120, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado, procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención en el supuesto de incumplimiento del destino de los fondos públicos a la realización de la actividad o adopción de la conducta, así como de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención, así como el incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones contenidas en el informe de justificación de este Centro Directivo, que figura como anexo al presente Acuerdo.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), en ejercicio de las competencias que el artículo 32 del Decreto 6/1995, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa Autos Lalo, S.L., mediante Resolución del Director de fecha 31 de diciembre de 1993, registrada al nº 1120, por las razones aludidas en el presente Acuerdo y en el informe que figura como anexo a éste, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el párrafo anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas.
Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración de la Resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla.
A N E X O
Asunto: informe relativo a la justificación del expediente referenciado, anexo al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro iniciado por Resolución del Director nº 1002, de fecha 7 de abril de 2000.
A la empresa Autos Lalo, S.L. se le concede una subvención con cargo al "Programa para el fomento de la contratación de trabajadores desempleados", Decreto 177/1993, de 28 de mayo (B.O.C. nº 87, de 7.7.93), por la contratación de los trabajadores Marcos A. Mederos García, Mario Fernández Ramos, Matilde Hernández Correa, Juan Eduardo García García, Jesús Marcelo Flores Flores, Jacqueline Hernández Hernández, por importe de tres millones seiscientas sesenta mil (3.660.000) pesetas.
El 28 de febrero de 1996, la empresa fue requerida por este Servicio para que aportase la documentación justificativa de la subvención.
Con fecha 6 de marzo de 1996 aportan la documentación requerida, de la que se desprende que:
A) Los puestos de trabajo de Mario Fernández Ramos, Matilde Hernández Correa, y Jesús Marcelo Flores Flores están totalmente justificados.
B) El trabajador Marcos Antonio Mederos García causó baja el 4 de octubre de 1993, y fue sustituido por Tomás Felipe Gil Ramos con fecha 10 de marzo de 1994. Si bien el trabajador sustituto cumple los requisitos establecidos en el artº. 14 del Decreto regulador, la sustitución no es válida, puesto que está realizada fuera del plazo establecido en el artículo mencionado.
C) Juan Eduardo García García causó baja en la empresa el 10 de mayo de 1994 y fue sustituto por Jesús Alberto Gil Guzmán con fecha 17 de marzo de 1995, sustitución que no es válida, puesto que este trabajador no era demandante de empleo en el momento de la contratación; dicho trabajador también causó baja el 24 de abril de 1995 y fue sustituido por Manuel Hernández Torres con fecha 20 de noviembre de 1995. Estas sustituciones no son válidas, puesto que han sido hechas fuera del plazo establecido en el artº. 14 del Decreto 177/1993, anteriormente citado.
D) La trabajadora Jacquelín Hernández causó baja el 19 de noviembre de 1993, y no ha sido sustituida, por lo que incumple el artº. 14, ya mencionado, donde establece "Si el contrato que dio origen a la subvención se extinguiera antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estará obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador en las mismas condiciones que el anterior. Los beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes, y presentar la documentación que acredite haberla realizado dentro de los quince días siguientes."
Los tres puestos de trabajo mencionados en los apartados B), C) y D) de este informe han sido dados de baja antes de cumplir los tres años de obligación de justificar a los que se alude en el artº. 13 del Decreto regulador, donde establece "Los perceptores de las subvenciones vendrán obligados a justificar que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron, mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, dentro de los quince primeros días naturales de cada mes de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC1 y TC2 correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se haya concedido la subvención. Esta obligación se mantendrá durante los tres años siguientes a la contratación, como mínimo, y, en todo caso, hasta el momento en que se haya justificado totalmente la aplicación de la subvención.
En consecuencia, se estima procedente iniciar procedimiento de reintegro de la subvención concedida, al amparo de lo dispuesto en el artº. 32.1, apartados b) y c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 13 de febrero de 1995)."
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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