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Habiendo sido intentada la notificación de la citada Resolución de ejecución de sentencia de fecha 28 de noviembre de 2000, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en recurso contencioso-administrativo nº 373/97, sin que haya sido recibida por el interesado; es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fecha 16 de marzo de 2001, fue dictada Resolución de ejecución de sentencia del tenor literal siguiente:
"Dada cuenta de la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2000, notificada el día 23 de enero de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, en recurso contencioso-administrativo nº 373/97, promovido por D. Juan Ignacio Palmarola Yutronic; resultan relevantes los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que en fecha 23 de enero de 2001 es notificada a las partes sentencia de fecha 28 de noviembre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, dictada en recurso contencioso-administrativo nº 337/97.
Segundo.- Que la referida sentencia tiene su origen en la impugnación de Resolución de la Directora General de Protección del Menor y la Familia, de fecha 27 de noviembre de 1996, por la que se denegó la solicitud de ayuda de emergencia social formulada por D. Juan Ignacio Palmarola Yutronic, para atender a la adquisición de ropa y material escolar de su hija menor con causa en la insuficiencia de crédito.
Tercero.- Que el fallo de la referida sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
"que debemos estimar y estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora Dña. Dolores Apolinario Hidalgo, en nombre y representación de D. Juan Ignacio Palmarola Yutronic, contra la Resolución mencionada en el antecedente primero, la cual anulamos, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la misma, para que se dicte otra que cumpla la exigencia legal de motivación" ...
A los anteriores antecedentes resultarían de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artº. 103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.
Segundo.- La propia Ley 29/1998, de 13 de julio, en su artº. 104, apartados 1 y 2, continúa diciendo que, luego que sea firme la sentencia se comunicará en el plazo de 10 días al órgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción lo lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.
Transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artº. 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa.
Tercero.- Sin que haya transcurrido el plazo de dos meses a efectos de instar la ejecución forzosa del fallo, y dando cumplimiento al mismo en cuanto a la exigencia legal de motivación del acto, hemos de fundamentar la denegación de la ayuda de emergencia social en su momento solicitada en la siguiente argumentación:
a) El artº. 4.d) de la propia Orden de 13 de mayo de 1996, reguladora del régimen de ayudas y subvenciones en el Área de Protección del Menor y la Familia durante el ejercicio económico 1996, define, dentro de los tipos de ayuda, la de emergencia social, que tendría por objeto atender a situaciones de extrema carencia, necesidad o gravedad y cuya acción se agote en un solo acto, como requisito acumulativo, preceptivo e indisociable, es decir, que no sirva para remediar una situación susceptible de producirse periódicamente; como sería la necesidad que se pretende atender con la ayuda, concretamente material de estudios (libros y materiales de 1º de E.S.O.), uniforme, calzado, chándal, camisa, zapatilla de gimnasia, rebeca, mochila y calcetines; ya que nada impide que para el siguiente ejercicio escolar vuelva a repetirse la misma petición, no pudiendo ser encuadrado y tipificado, en consecuencia, en ese tipo de ayuda definida.
b) A su vez, la propia Orden en su artº. 11.2, último párrafo, norma especifica que regula la convocatoria de este tipo de ayudas y a cuyo contenido se obliga el peticionario en su escrito originario de solicitud, prevé que, en todo caso, las ayudas de emergencia social se concederán discrecionalmente por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, siempre que exista dotación presupuestaria y previo estudio de la solicitud; condición ésta que tampoco se daba en el momento de dictar el acto denegatorio de la ayuda y en su momento recurrido.
Cuarto.- El artº. 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, tras modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales; a lo que se da cumplimiento en base a lo dispuesto en el fundamento de derecho anterior.
Quinto.- La competencia para resolver acatando al fallo de la sentencia y en cumplimiento de las facultades establecidas en la Orden de 13 de mayo de 1996, por el que se establece el régimen de ayudas y subvenciones en el Área de Protección del Menor y la Familia, corresponde a la Ilma. Sra. Directora General de Protección del Menor y la Familia.
Por todo ello, visto el fallo de la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias recaída en recurso contencioso- administrativo 373/97; en concordancia con propuesta de resolución del Servicio de Planificación, Gestión y Administración; y en haciendo uso de las facultades que me vienen atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Acatar la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2000, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en recurso contencioso-administrativo 373/97, promovido por D. Juan Ignacio Palmarola Yutronic.
Segundo.- Dar cumplimiento a la referida sentencia en cuanto a la exigencia legal de motivación de la denegación de la ayuda de emergencia social solicitada, la cual viene dada por la siguiente fundamentación:
a) Incumplimiento de lo dispuesto en el artº. 4 de la Orden de 13 de mayo de 1996, por el que se establece el régimen de ayudas y subvenciones en el Área de Protección del Menor y la Familia durante el ejercicio económico 1996, al no clasificarse la necesidad a atender en el tipo de ayudas de emergencia social definida en la citada Orden; ya que es una necesidad cuya acción no se agota en un solo acto, siendo susceptible de producirse periódicamente con cada ejercicio escolar para remediar la misma situación.
b) Incumplimiento de lo dispuesto en el artº. 11.2, último párrafo, referido a los criterios de concesión, en cuanto condición específica aceptada por el solicitante al formular la solicitud de ayuda.
Tercero.- Notificar la pertinente Orden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, a la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias; así como al solicitante de la ayuda, Sr. D. Juan Ignacio Palmarola Yutronic.
Cuarto.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente; o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero; y sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2001.- La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Esperanza Sastre Varela."
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de mayo de 2001.- La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Esperanza Sastre Varela.
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