Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 28 de febrero de 2001, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se tiene por desistido a D. Wilfredo Borges Daria del recurso de alzada interpuesto, sin que haya sido recibida por éste, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Wilfredo Borges Daria contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de 14 de abril de 2000 (B.O.C. nº 51, de 26 de abril), por la que se autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de Medicina de Familia en los equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial de las Áreas de Salud de ese organismo, y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que mediante Resolución de 14 de abril de 2000 (B.O.C. nº 51, de 26.4.00), la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud autoriza la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de plazas básicas vacantes de Medicina de Familia en los Equipos de Atención Primaria de las Zonas Básicas de Salud del Servicio Canario de la Salud, a efectuar en el ámbito territorial de las Áreas de Salud de ese organismo, y se aprueban las bases generales comunes por las que se han de regir las citadas convocatorias.
Segundo.- Que D. Wilfredo Borges Daria, interpone recurso de alzada en tiempo, pero no en forma, contra la Resolución mencionada en el antecedente de hecho anterior, mediante escrito presentado en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud el día 26 de mayo de 2000, con registro de entrada nº 3357, teniendo entrada en esta Consejería el 3 de enero de 2001.
Tercero.- Que como quiera que en diversos recursos, entre ellos el que aquí nos ocupa, aparece una firma idéntica es por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 4, y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante escrito del Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de fecha 22 de junio de 2000 (R.S. nº 3260), se requirió al interesado para que, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente a la notificación, se personara en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud acompañando D.N.I., con el fin de acreditar la autenticidad de su voluntad en la interposición del mismo, advirtiéndole que, si así no lo hacía, se le tendría por desistida de su petición.
Cuarto.- La notificación del citado escrito se cursa al interesado con acuse de recibo, siendo devuelta a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, por lo que mediante Resolución de ese órgano de 11 de julio de 2000, se ordena la publicación del citado requerimiento en el Boletín Oficial de Canarias, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento correspondiente con el domicilio indicado a efecto de notificaciones.
La publicación se realiza en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fecha 1 de agosto de 2000, y en el Boletín Oficial de Canarias nº 117, de 30 de agosto del mismo año.
Quinto.- Una vez transcurrido el plazo de 10 días (hábiles, de conformidad con el artículo 48 de la LRJPAC) a que se refieren los artículos 32.4 y 71.1 de la citada Ley 30/1992, no consta que D. Wilfredo Borges Daria haya procedido a acreditar la autenticidad de su voluntad en la presentación del recurso.
Sexto.- Que por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud se emitió el correspondiente informe-propuesta.
A los citados hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Competencia: el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15.3.95), establece que "los actos dictados por los órganos centrales del Servicio Canario de la Salud son susceptibles de recurso ordinario ante el Consejero competente en materia de salud, cuya resolución pone fin a la vía administrativa".
Al amparo de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la referencia al recurso ordinario debe entenderse hecha al recurso de alzada, regulado en el artº. 114 de la mentada Ley.
Segundo.- Asimismo, el artículo 71 del mismo texto legal apunta que "si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42".
La subsanación de que trata el artículo 71 de la LRJPAC es aplicable tanto a los requisitos de la instancia como a los del recurso, y esto aunque el artículo 110 de la LRJPAC no diga nada sobre ello. Así la S. de 23 de enero de 1998, de la Sala 3ª del Tribunal Supremo:
"Y con relación a los requisitos del escrito de interposición de los recursos administrativos no se dice expresamente que puede subsanarse la falta de alguno de los datos que debe contener el aludido escrito preciso es poner de relieve que la posibilidad de dicha subsanación la establece aquella Ley para todo escrito que inicie un procedimiento administrativo. Los datos esenciales que deben constar en todo escrito que inicie un procedimiento administrativo son coincidentes con los del escrito de interposición de los recursos administrativos."
En el caso que nos ocupa, el recurrente no ha acreditado la autenticidad de su voluntad en la interposición del recurso de acuerdo con lo que preceptúa la citada LRJPAC, y una vez que la Administración efectuó el correspondiente requerimiento.
Tercero.- Que el artículo 42 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que en los casos de desistimiento de la solicitud, "la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables".
En su virtud, y vistas las demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O:
Único.- Tener por desistido a D. Wilfredo Borges Daria del recurso de alzada interpuesto con fecha 26 de mayo de 2000, contra la Resolución citada en el antecedente de hecho primero, y archivar las actuaciones.
Notifíquese el presente acto al interesado, haciéndole saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio la recurrente, pudiendo asimismo interponer cualquier otro recurso que estime procedente.- Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez, firmado y rubricado.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de junio de 2001.- El Secretario General Técnico, Carlos Mariano Martín Nieto.
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