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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Eivind Roghnov, como administrador de Laguna Golf Club Management, S.C.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Casa Club, la Resolución de 22 de marzo de 2001 (libro nº 1, folio 112, nº 30), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 204/00 (expediente nº 119/2000), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 361, de fecha 9 de noviembre de 2000.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2001.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 204/2000 interpuesto por Eivind Roghnov, como administrador de Laguna Golf Club Management, S.C.A.
Visto el recurso de alzada nº 204/2000 formulado por Eivind Roghnov, como administrador de Laguna Golf Club Management, S.C.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Casa Club, sito en Urbanización Amarilla Golf, San Miguel de Abona, Tenerife, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 361, de fecha 9 de noviembre de 2000, recaída en el expediente sancionador nº 119/2000, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Apartamentos.
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de cinco millones (5.000.000) de pesetas.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se anule la citada Resolución y se sustituya por otra en los términos indicados en las alegaciones de este recurso.
A tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
1.- Que existen defectos formales en la Resolución de iniciación. La Resolución de iniciación se limita a citar un Acta de Inspección con nº 3297, de 30 de noviembre de 1999, de la que aporta copia. En cualquier caso, las Actas de Inspección no gozan de presunción de veracidad y, según establece el artículo 28.3 del Decreto 190/1996, "... la firma de la diligencia de notificación no implica, en ningún caso, la aceptación de su contenido ni de la responsabilidad en la que pueda haber incurrido el supuesto infractor". La iniciación de un procedimiento sancionador se debe formular con un contenido mínimo, tal y como señalan los artículos 134 y 135 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En ese contenido mínimo se debe establecer la identificación del Inspector que realiza el Acta de Inspección, y en este caso no se incluyó su número de Relación de Puesto de Trabajo de la Consejería competente, tal y como señala entre otros el Decreto 190/1996, en sus artículos 22 y 27.
2.- Que existe vulneración del principio de tipicidad del artículo 19 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Establece el artículo 2 de la Ley de 8 de abril de 1986, sobre Régimen de Disciplina Turística, que son infracciones turísticas las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley, y en el artículo 8, que se considera infracción grave "el incumplimiento o alteración de las condiciones esenciales de la autorización de que esté provista la empresa", supuesta infracción imputada a esta parte en la Resolución de iniciación como infracción "muy grave", en virtud de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, que en su artículo 76 establece que el incumplimiento de condiciones para la autorización de la actividad es una infracción "grave", llevando entonces aparejada la sanción de multa en cantidad mínima de 250.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
3.- Que existe actuación diligente por parte de Laguna Golf Club Management, S.C.A. La citada entidad viene explotando los mencionados apartamentos en la Casa Club desde hace unos meses. Que se ha intentado en repetidas ocasiones el obtener licencia de apertura en el Ayuntamiento de San Miguel. Debido a la situación de ilegalidad en el plano urbanístico de la totalidad de la Urbanización no se puede hoy por hoy obtener. Esta situación ha venido manteniéndose desde hace más de diez años en Amarilla Golf. La empresa denunciada manifiesta que tanto el edificio como los alojamientos cumplen con la legalidad vigente en materia turística, que cumplen sobradamente con los requisitos para la obtención de la licencia de apertura. Que de ninguna manera se pretende actuar de manera ilegal, deseando poder regularizar su situación a la mayor brevedad posible, debiéndose forzar al Ayuntamiento de San Miguel de Abona así como al Cabildo de Tenerife a considerar las especiales condiciones del lugar y a otorgar de una vez por todas las correspondientes licencias de apertura, documento fundamental para poder legalizar completamente la situación.
4.- Sobre la cuantía de la sanción impuesta, se considera que es de justicia minorar la calificación de la sanción y reducir la cuantía de la sanción propuesta ya que es desproporcionada por excesiva, señalando además que el propio reglamento sancionador establece que a la hora de considerar la cuantía de la sanción propuesta deben tenerse en cuenta varios aspectos, la carencia de antecedentes, no consta la capacidad económica del imputado, no existe gravedad ni trascendencia, no ha ocasionado perjuicios. Manifiesta que reiterada jurisprudencia señala importes de multa inferiores por infracciones similares.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 9 de noviembre de 2000.
En relación con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que recoge que "Las empresas y establecimientos, cualquiera que sea la naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley, para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector", requisito de obtención de las autorizaciones previas que constituye un deber para las empresas que pretendan desarrollar cualquier actividad turística en el Archipiélago Canario, según lo dispuesto en el artículo 13.2.b) también de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, el artículo 8 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente), recoge que "para ejercer la actividad, las empresas explotadoras de los establecimientos turísticos regulados por la presente Ordenación requerirán la preceptiva alta administrativa y, en su momento, se inscribirán en el Registro turístico regional correspondiente". Por su parte, el artículo 12.1 del mismo Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, dispone que "El ejercicio clandestino de esta actividad de alojamiento será considerado como intrusismo y dará lugar a responsabilidad administrativa y a las sanciones correspondientes a tenor de la legislación vigente."
En el Acta de Inspección nº 3297, levantada con fecha 30 de noviembre de 1999, se constata que los Apartamentos Casa Club, de cuya explotación es titular Laguna Golf Club Management, S.C.A., "No cuentan con la preceptiva autorización de la Administración turística. Se nos informa que están pendientes de solicitar determinados trámites administrativos previos, para poder solicitar la referida autorización", teniendo en cuenta el valor probatorio de tales actas en base al artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Tal infracción viene tipificada en el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), el cual establece que "la actuación sin la preceptiva inscripción en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos o sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas" se considera infracción muy grave a la disciplina turística. No obstante, dadas las circunstancias concurrentes en este caso se procede a una atenuación de la sanción propuesta a través de la aplicación del artículo 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
En lo que respecta a los defectos formales de la Resolución de iniciación, alegada en primer término por el recurrente, cabe decir que el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que "Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados". Por su parte, el artículo 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en su apartado segundo dispone que "Las actas de inspección son documentos públicos que acreditan, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refieren". Si en tales documentos se estima que existe infracción será motivo del inicio de un procedimiento sancionador a través de resolución del órgano competente, tal y como se establece en el artículo 9.1.a) del mismo Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. En este caso, el Acta de Inspección nº 3297, levantada con fecha 30 de noviembre de 1999, obrante en el expediente nº 119/2000, la cual es origen del inicio del procedimiento sancionador, contiene los requisitos mínimos establecidos en el artículo 27 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, llevándose a cabo por un funcionario inspector, nombrado de acuerdo con la legislación vigente cuyo puesto de trabajo figura en la relación de puestos de trabajo de la Función Pública. El hecho de que no se acepte el contenido ni la responsabilidad en la que pueda haber incurrido el supuesto infractor, como recoge el artículo 28.3 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, determina que tal contenido puede ser rebatido por prueba en contrario, y que mientras ello no se realice se tendrá ese contenido por cierto. De lo anteriormente expuesto, no se constata la existencia de defecto formal en la Resolución de iniciación.
Con respecto a la segunda alegación formulada por el recurrente, sobre la vulneración del principio de tipicidad previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, hay que mencionar en primer lugar que la Ley 3/1986, de 8 de abril, reguladora del Régimen de Disciplina en materia turística ha sido expresamente derogada por la Disposición Derogatoria Única de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y, en segundo lugar, que el hecho imputado tanto en la Resolución de inicio, como en la Propuesta de Resolución, como en la Resolución Sancionadora es el estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Apartamentos, hecho que constituye una infracción muy grave a la disciplina turística según el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, el cual establece que se considera infracción muy grave "La actuación sin la preceptiva inscripción en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos o sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas". No obstante, en virtud de las circunstancias concurrentes se procede a la calificación de la infracción como grave por la aplicación del artículo 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. De lo anteriormente expuesto no se constata, por tanto, la existencia de vulneración al principio de tipicidad.
Con referencia a la tercera alegación realizada por la parte recurrente, relativa a la actuación diligente de Laguna Golf Club Management, S.C.A., cabe decir, como ya se ha expuesto anteriormente, que sobre la base de lo establecido en los artículos 13.2.b) y 21 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en el artículo 8 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos, el requisito de obtención de las autorizaciones previas constituye un deber para las empresas que pretendan desarrollar cualquier actividad turística en el Archipiélago Canario. En el Acta de Inspección nº 3297, levantada con fecha 30 de noviembre de 1999, se recoge que "La empresa de Laguna Golf Club Management, S.C.A. explota en el complejo Casa Club 21 apartamentos, que en el momento de la inspección se encuentran ocupados por clientes. No cuentan con la preceptiva autorización de la Administración turística". Esta actuación sin la preceptiva autorización previa es constitutiva de infracción muy grave a la normativa turística según al artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, ya mencionado.
Por último, en relación a la cuantía de la sanción impuesta, a la que hace referencia la alegación cuarta del escrito del recurso de alzada, cabe decir que la Resolución de inicio determinó como sanción inicial a imponer la de multa por cuantía de 11.000.000 de pesetas, correspondiente a la comisión de una infracción muy grave a la normativa turística, tal y como establece la escala recogida en el artículo 79.2.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. No obstante, apreciando las circunstancias concurrentes en el caso y la carencia de antecedentes en este sentido, se procedió, en la formulación de la Propuesta de Resolución, a la calificación de la infracción como grave y a la atenuación de la cuantía de la multa a 5.000.000 de pesetas, de conformidad con el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Al no realizarse contestación a la Propuesta de Resolución en el trámite de audiencia por la parte interesada no se han presentado circunstancias distintas de las ya tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento, con lo que procede mantener la cuantía de la sanción de multa propuesta.
Por cuanto antecede procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 6 de febrero de 2001 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a derecho los pronunciamientos contenidos en la misma manteniendo la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº 29/2001-BF HAB.II.TUR emitido con fecha 5 de marzo de 2001 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 204/2000 promovido por Eivind Roghnov, como administrador de Laguna Golf Club Management, S.C.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Casa Club, sito en Urbanización Amarilla Golf, San Miguel de Abona y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 361, de fecha 9 de noviembre de 2000, recaída en el expediente sancionador nº 119/2000, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de cinco millones (5.000.000) de pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias competente en función del órgano que dictó el acto (en Las Palmas de Gran Canaria) o ante la Sala en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, a elección del mismo, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d. (Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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