BOC - 2001/077. Viernes 22 de Junio de 2001 - 921

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad y Consumo

921 - ORDEN de 20 de junio de 2001, por la que se amplían los servicios mínimos a realizar por el Personal Facultativo y Médicos Internos Residentes que prestan servicios en la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura en el nivel de Atención Especializada (Hospital General de Fuerteventura), como consecuencia del acuerdo adoptado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (C.E.S.M.) de ampliar el horario de la huelga a jornada completa los días 25 y 29 de junio de 2001 en dicho Área de Salud.

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Por Orden de esta Consejería de 14 de mayo de 2001 (B.O.C. nº 61, de 18.5.01), se establecieron los servicios mínimos a realizar por el Personal Facultativo y Médicos Internos Residentes que prestan servicios en los Hospitales del Servicio Canario de la Salud, Áreas de Salud Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, durante la huelga convocada por el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas y que tendría lugar los días 21, 25 y 28 de mayo y 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de junio de 2001, en horario comprendido entre las 8,30 y las 11,30 horas.

Esta Consejería ha tenido conocimiento mediante escrito de 13 de junio de 2001, con registro en este Departamento nº 146.401 de la misma fecha, de la comunicación efectuada por D. Santiago González Jaraba-Lorenzo, actuando como Presidente del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, por la que se informa del acuerdo adoptado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (C.E.S.M.) de ampliar el horario de la huelga a jornada completa los días 25 y 29 de junio de 2001, para el Personal Facultativo y Médicos Internos Residentes que prestan servicios en el Hospital gestionado y dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias en el ámbito del Área de Salud de Fuerteventura.

El día 19 de junio de 2001, se dio audiencia al Comité de Huelga, manifestándose por la Administración la necesidad de ampliación de los servicios mínimos, discrepando el Comité de Huelga en parte de la propuesta de la Administración.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", reservando a la ley que regule el ejercicio de este derecho el establecimiento de "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", de donde se infiere que la huelga -suspensión colectiva y concertada en la prestación de trabajo por iniciativa de los trabajadores- no es un derecho absoluto sino limitado por el mantenimiento efectivo de los servicios esenciales de la Comunidad.

La ponderación de lo que es necesario o estricto, ha de hacerse valorando la incidencia de la huelga en los bienes objeto de protección, y no haciendo abstracción de ellos para fijarse sólo en el número de las personas que convocan la huelga y los servicios que globalmente pueden prestar, pues no siempre han de guardar idéntica proporción sino que, como la experiencia ha demostrado, aun reduciéndose de manera escasa los servicios y las personas encargadas, la incidencia es grande en las personas receptoras -conservándose la suficiente capacidad de presión en que la huelga consiste-, dada la naturaleza de los bienes jurídicos afectados y las circunstancias notorias que concurren en la obtención de tales servicios esenciales, con la repercusión social que ello comporta.

Sostiene el Tribunal Supremo en Sentencia de fecha 19 de enero de 1988 (RJ 1988/285) que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurren circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite de derecho de huelga que recoge el artº. 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos, los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional en sentencias de 8 de abril de 1981 (RTC 1981/11) y 24 de abril de 1988 (RTC 1986/52), que el "derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito", de donde se infiere que al tomarse las medidas de garantía para los ciudadanos, hay que conjugar el interés general y el de los trabajadores, de tal suerte que aquél no haga inane el derecho de éstos, ni el de los trabajadores, al ejercitarse, distorsione aquél de la comunidad.

La ampliación del horario de la huelga convocada por el Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas a la jornada de mañana completa, esto es de 8,00 a 15,00 horas, el lunes 25 y el viernes 29, ambos del mes de junio, indudablemente aconseja la adopción de unos nuevos mínimos asistenciales, ante el progresivo aumento del retraso en la atención a los enfermos.

Y es que, como tiene señalado el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 9 de junio de 1989 (RJ 1989\4375), no cabe duda alguna que en materia de asistencia médica hospitalaria las garantías de servicios esenciales para la comunidad no puede ni debe ser enjuiciada con el rasero rígido de un porcentaje irrebasable, de modo que la inicial fijación de unos servicios mínimos no puede servir de precedente para estimar arbitrario cualquier incremento posterior, porque no puede negarse que la repetición en períodos cortos de los paros multiplica los efectos perturbadores sobre los necesitados de asistencia.

La cadencia de los preavisos de huelga recibidos que afectan al Área de Salud de Fuerteventura, así como los que afectan a las Áreas de Salud de Gran Canaria y Lanzarote, y el hecho de ser convocadas las mismas por el mismo órgano, hacen prever la continuidad de las mismas y su conversión en indefinidas.

Señala el Tribunal Constitucional, en auto de fecha 17 de septiembre de 1997, que "es indudable que no son equiparables en modo alguno las exigencias de funcionamiento propias de un día festivo, que se intercala con los días laborables en los que se presta servicio normalmente, que las exigencias propias de un día de huelga, cuando (como es el caso) la huelga es indefinida y puede, por ende, prolongarse durante un plazo de tiempo largo y, en cualquier caso, imprevisible en el momento de fijar los servicios mínimos."

No cabe duda que las listas de espera constituyen uno de los puntos críticos de la asistencia sanitaria pública que en determinadas patologías pueden repercutir gravemente en el deterioro de la salud de los pacientes.

Contribuye al agravamiento de la situación, la existencia de 12 jornadas de huelga de tres horas de duración con anterioridad a la presente, en las cuales, con carácter general, se han determinado como servicios mínimos exclusivamente los correspondientes a un domingo o festivo, lo que ha generado supresión de intervenciones quirúrgicas e incremento en las listas de espera. Por otro lado, las jornadas de huelga que quedan por desarrollar por el presente preaviso determinan que el Hospital General de Fuerteventura va a funcionar tres días durante la semana de 25 de junio al 1 de julio, en lugar de los cinco habituales.

Las razones específicas que justifican la necesidad de establecimiento de los servicios mínimos son la siguientes:

- 1 Facultativo de Cardiología: la naturaleza de la patologías no permite la ausencia de asistencia por un facultativo durante tres jornadas continuas a los pacientes ingresados y ambulatorios de carácter preferente.

- 1 Facultativo de Neurología: la naturaleza de la patologías no permite la ausencia de asistencia por un facultativo durante tres jornadas continuas a los pacientes ingresados y ambulatorios de carácter preferente.

- 1 Facultativo de Farmacia: asegurar el funcionamiento y la dispensación de medicamentos en aquellos tratamientos que precisen los pacientes ingresados.

Visto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (B.O.C. nº 34, de 29.3.87), así como la propuesta de establecimiento de servicios mínimos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Primero.- La ampliación de los servicios mínimos que han de prestarse por el Personal Facultativo y Médicos Internos Residentes del Hospital gestionado y dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias en el ámbito del Área de Salud de Fuerteventura durante la huelga convocada para los días 25 y 29 de junio de 2001, con ampliación del horario a jornada completa para el Hospital General de Fuerteventura, que incrementarán los determinados por la Orden de 14 de mayo de 2001 en los siguientes términos:


Servicios mínimos Efectivos para

a cubrir su cobertura

Cardiología 1 Facultativo de presencia física Neurología 1 Facultativo de presencia física

Farmacia 1 Facultativo de presencia física


Segundo.- Por el Gerente de Servicios Sanitarios se determinará la relación nominal del personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándose a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante este Consejero, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2001.

EL CONSEJERO DE

SANIDAD Y CONSUMO,

José Rafael Díaz Martínez.



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