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Examinada la documentación remitida por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife relativa a la delegación de competencias acordada en su favor por el Delegado en Gobierno en Canarias para presidir la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado en su reunión del día 15 de diciembre de 2000.
A la vista de lo informado por la Abogacía del Estado en Santa Cruz de Tenerife el 9 de enero de 2001 sobre el referido asunto, así como los criterios generales establecidos en el dictamen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado de 17 de abril de 2000, de los cuales se deduce que es precisa la autorización del órgano correspondiente del Ministerio de Hacienda en la delegación de competencias que se acuerde en esta materia, siendo posible convalidar el acuerdo de delegación otorgando la mencionada autorización con posterioridad.
Considerando que, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Decreto 2.091/1971, de 13 de agosto, sobre régimen administrativo de la sucesión abintestato a favor del Estado, la competencia para la resolución del expediente relativo a la administración y liquidación del caudal hereditario se atribuye a la Dirección General del Patrimonio del Estado, esta Dirección General autoriza a la delegación del Gobierno en Canarias para que delegue en la Ilma. Sra. Subdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife la presidencia de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias del Estado en su reunión del día 15 de diciembre de 2000.
Madrid, a 28 de febrero de 2001.- El Director General, p.d., el Subdirector General (Resolución de 28.2.83), Miguel del Val Alonso.
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