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BOC Nº 062. Lunes 21 de Mayo de 2001 - 734

I. DISPOSICIONES GENERALES - Consejería de Educación, Cultura y Deportes

734 - ORDEN de 23 de abril de 2001, por la que se define la función directiva y el régimen aplicable a su ejercicio en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El Director de toda organización es uno de los componentes que, sin duda alguna, ha merecido una mayor atención, tanto de quienes someten a análisis científico la configuración de aquélla, como de quienes, formando parte de la misma, asumen y legitiman la presencia de una figura que dirija, coordine y medie en la ejecución de su planificación estructurada o en la gestión cotidiana de su funcionamiento. El Director se presenta, pues, como una figura destacada en la programación, coordinación y actuación de la institución en la que está presente.

En esta línea, una satisfactoria prestación del servicio público educativo requiere que en los centros docentes la actividad que el citado servicio lleva aparejada pase en gran medida por el Director, al margen incluso del modelo teórico o real de organización del centro. En esa hipótesis, bajo un modelo de centros educativos muy dependientes tendría sentido la presencia de directivos con un perfil preferentemente administrativo, centrados en la amplia normativa que les afecta, identificados con ella y capaces de trasladarla al resto de miembros de la comunidad educativa y de hacerla cumplir.

Por el contrario, la existencia de centros más autónomos en los que cabe concretar la acción pedagógica, que desde fuera está marcada sólo en sus líneas generales o básicas, exige la presencia de directores capaces de dinamizar, guiar y supervisar el trabajo cooperativo de la comunidad educativa, promoviendo y facilitando la participación de todos los sectores de la misma en la vida diaria del centro y fomentando las vías de información, la recogida de propuestas, así como la coordinación con las Asociaciones de Padres y Alumnos. De esta manera, la potenciación de los procesos de participación se convertiría en uno de los mejores recursos para respaldar las decisiones o para legitimar la resolución de conflictos.

Expresado así, el reto estará en buscar el equilibrio entre enfoques organizativos de forma que pueda el ordenamiento perfilar una regulación que concilie la necesaria autonomía de los centros y, por ende, de su Director, como interlocutor primero, con el necesario establecimiento de pautas normativas básicas.

Desde un punto de vista jurídico, la existencia del Director de centro educativo está y ha estado proclamada en las leyes de más alto rango reguladoras de la educación. En este aspecto, la vigente Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la evaluación, la participación y el gobierno de los centros educativos, consagra la necesaria presencia del Director como órgano unipersonal de gobierno por excelencia, a cuyos efectos dedica el capítulo III de su Título I. En similares términos se pronunciaba la Ley Orgánica 8/1985, de 4 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

Debido a la necesidad de adecuar la gestión del Director a la compleja situación real de los centros docentes públicos de carácter no universitario, en los aspectos tanto académicos como administrativos, y en aras de propiciar los mecanismos e instrumentos pertinentes que permitan a éstos mejorar la calidad en la propia labor gestora del centro que dirigen, resulta necesario publicar las normas de desarrollo que den cabida a lo que antecede. Así, por los Decretos 128/1998 y 129/1998, ambos de 6 de agosto, y en el Decreto 93/1999, de 25 de mayo, se autoriza al Consejero de Educación, Cultura y Deportes para desarrollar lo dispuesto en los Reglamentos Orgánicos de centros que a través de los citados Decretos son aprobados.

De conformidad con dicha autorización conviene, por una parte, desarrollar las competencias que los artículos 12, 14 y 8, respectivamente, encomiendan a los directores, haciendo más explícitas determinadas facultades y funciones y, por otra, dar respuesta al mandato contenido en los respectivos artículos 20, apartados tres y cuatro; 25, apartados tres a cinco; y 16.3 a 5, para mejorar la preparación y formación de los directores, así como, estableciendo determinadas compensaciones profesionales para los mismos.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me son propias, según lo dispuesto en el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre, y según la habilitación expresa contenida en las disposiciones finales primeras de los Decretos 128/1998, de 6 de agosto; 129/1998, de 6 de agosto; y 93/1999, de 25 de mayo,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- La presente Orden tiene por objeto definir la función directiva así como el régimen aplicable al ejercicio de la dirección de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

La dirección y responsabilidad general de la actividad de estos centros corresponde al Director, quien vela por la coordinación de la gestión del centro y su adecuación al proyecto educativo, conforme establece la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la evaluación, la participación y el gobierno de los centros educativos y sus reglamentos de desarrollo, todo ello sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas o administrativas.

Artículo 2.- Para el adecuado ejercicio de las competencias reconocidas, respectivamente, en los artículos 12, 14 y 8 de los Reglamentos Orgánicos de las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria, de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros de Educación Obligatoria, los directores de estos centros educativos estarán facultados para desempeñar en su actuación las siguientes funciones:

1. Proponer a la comunidad educativa actuaciones organizativas preventivas para favorecer las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejorar la convivencia en el centro, propiciando, a este respecto, la colaboración de la comunidad educativa en la elaboración, aplicación y revisión del Reglamento de Régimen Interior.

2. Proponer actuaciones anuales al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores que desarrollen las líneas básicas del programa de dirección presentado para su elección, sometiendo a acuerdo las acciones planificadas, los tiempos de ejecución o comunicando el grado de consecución.

3. Coordinar, en el marco del Reglamento de Régimen Interior, la actuación del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores, fijando aquellos medios y sistemas que hagan posible la información recíproca o la homogeneidad de decisiones, a fin de favorecer la acción conjunta de ambos órganos en el ejercicio de sus respectivas competencias.

4. Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los distintos órganos de coordinación pedagógica del centro, tomando las necesarias medidas para evitar interferencias y disfunciones contraproducentes para la mejor organización de las enseñanzas y la calidad del servicio o dirimiendo en conflictos positivos o negativos de competencias entre estos órganos, según lo que para cada ámbito de materia establezca la normativa específica.

5. Organizar, animar, presidir y convocar, en su caso, los procesos electorales o de consulta de los diversos sectores de la comunidad educativa, de acuerdo, en cada caso, con las convocatorias respectivas, pudiendo adoptar medidas tales como el establecimiento de un calendario de reuniones con los diferentes sectores de la comunidad educativa o la divulgación de cuanta información pueda serles de interés.

6. Promover y facilitar la participación de la comunidad educativa en la vida diaria del centro, fomentando las vías de información, la recogida de propuestas y la coordinación con las Asociaciones de Padres y Madres y de Alumnos.

7. Verificar las condiciones de elegibilidad de los miembros de los distintos órganos del centro y de quienes puedan ejercer en los mismos funciones de jefatura pedagógica, velando por el cumplimiento de los requisitos para ser designados y resolviendo las incidencias que puedan surgir tales como sustituciones, dimisiones o, en su caso, revocaciones de nombramiento.

8. Orientar, de acuerdo con la normativa legal, la gestión administrativa para la normalización de los distintos trámites y documentación oficial del centro, solicitando, en su caso, de los servicios externos al centro que corresponda el necesario asesoramiento para la correcta programación y ejecución de las tareas administrativas.

9. Formular al informe de traspaso de mandato hecho por el equipo directivo saliente, su conformidad o disconformidad, con las observaciones que se estimen procedentes, y elevar, en el supuesto de disconformidad, el oportuno informe a la Dirección Territorial de Educación.

10. Concretar ámbitos y tareas de responsabilidad del equipo directivo, así como el calendario de su seguimiento, pudiendo utilizar en el marco de sus atribuciones los mecanismos de delegación de competencias, de firma o encomienda de gestión, en los términos legalmente previstos.

11. Decidir y ejecutar las medidas cautelares establecidas en el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en las condiciones y con los requisitos establecidos, a tales efectos, tanto en el citado Decreto como en el Reglamento de Régimen Interior del propio centro.

12. Resolver, en su instancia y según lo establecido en la normativa específica, las cuestiones referentes a las reclamaciones en materia de evaluación, las convalidaciones, traslados de matrícula viva, exenciones o cambios de opciones o modalidades, en los niveles y etapas educativas impartidas en el centro.

13. Velar por la ejecución de los horarios aprobados provisionalmente, sin perjuicio de lo que resulte de las reclamaciones que se pudieran presentar, atendiendo y resolviendo en su instancia las posibles reclamaciones o cuestiones incidentales que puedan producirse como consecuencia de la asignación de turnos, grupos u horarios, según lo previsto en la normativa y conforme a criterios de idoneidad pedagógica.

14. Participar, en representación del Consejo Escolar de su centro, en las comisiones de escolarización que establezca la Dirección Territorial de Educación correspondiente para culminar el proceso de admisión de alumnos del área de influencia de su centro.

15. Recibir y acoger al personal destinado en el centro e informarles de las obligaciones inherentes al puesto de trabajo que van a ocupar, así como de la puesta a su disposición de los documentos de planificación y organización del centro que les afectan como son el proyecto educativo, los proyectos curriculares o el Reglamento de Régimen Interior.

16. Velar por el mantenimiento del edificio y del mobiliario del centro, coordinando, con el resto del equipo directivo y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la gestión de las acciones necesarias para mantener actualizado el inventario del centro, tener verificado el buen funcionamiento de instalaciones y material y, en su caso, instar de los órganos competentes la supervisión, asesoramiento, reparación o reposición que sean necesarios.

17. Gerenciar correctamente los recursos complementarios que pueda obtener el centro, atendiendo a las instrucciones acordadas por la Administración educativa, así como en lo que se refiere, de forma especial a la delegación de la adquisición de bienes, contratación de obras, servicios y suministros en las condiciones y con los requisitos que se determinen.

18. Impulsar de oficio cuantas acciones se entiendan necesarias para la pronta puesta en marcha del curso y el funcionamiento diario del centro asegurando el cumplimiento del calendario escolar.

19. Fomentar y autorizar, de acuerdo con lo que establezca la normativa, la realización de actividades complementarias y extraescolares que contribuyan al mejor conocimiento del medio y de la cultura propia, propiciando la colaboración del profesorado, el alumnado o sus padres y madres, así como de cuantas otras entidades, del entorno o fuera de él, puedan prestar apoyo en estas acciones.

20. Colaborar en todas las medidas sociales y acciones compensadoras, solicitadas desde las Administraciones Públicas, que afecten a los miembros de su comunidad educativa.

21. Solicitar el inicio de actuaciones disciplinarias en los casos en que sea necesario, para dirimir responsabilidades del personal adscrito al centro, sin perjuicio de las actuaciones propias de la Inspección de Educación y las competencias de otros órganos de la Administración educativa.

Artículo 3.- Los distintos órganos y centros directivos de la Administración educativa prestarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyo al ejercicio de la función directiva. De manera concreta, los directores de los centros educativos a los que se refiere la presente Orden contarán con las siguientes acciones de apoyo desde la Administración educativa:

a) En el plan de trabajo de la Inspección de Educación se priorizará un sistema para asesorar de forma continua y en tiempo a los directores y sus equipos directivos en las materias que les compete.

b) Las Direcciones Territoriales atenderán las peticiones de los equipos directivos de forma preferente y mediante un sistema ágil adaptado a las actuales exigencias en calidad de servicio.

c) Desarrollo de la normativa educativa que afecte a la organización y funcionamiento de los centros docentes públicos no universitarios adoptando mecanismos para dotar a los equipos directivos de las competencias necesarias para lograr una mayor autonomía en el funcionamiento de éstos.

d) Asesoramiento específico para el diseño del Plan de Emergencias y de Seguridad en los centros por el personal cualificado para ello.

e) Apoyo para el diseño y la realización de las actividades extraescolares, complementarias y de tarde.

f) Elaboración de un Manual de Gestión y Dinamización del Centro Educativo y de los instrumentos y estadillos que faciliten las actuaciones ordinarias en el desarrollo de la labor encomendada.

Artículo 4.- Los directores de los centros tendrán, asimismo, reconocido el derecho preferente a:

a) Elegir horario, grupo y, en su caso, turno con los que completar su horario de dedicación a tareas lectivas con prioridad sobre cualquier otro profesor en el ámbito de su departamento o de su especialidad docente.

b) Solicitar comisión de servicio en otro centro de la Comunidad Autónoma tras haber acabado su mandato y haber sido evaluado positivamente. Esta situación se podrá prolongar por un máximo de dos años.

Artículo 5.- Los directores de los centros educativos podrán participar en la elaboración de directrices educativas aportando las sugerencias que crean pertinentes y haciéndolos llegar a través de los cauces que, a tal fin, establezca la Administración educativa.

Artículo 6.- La Administración educativa favorecerá el ejercicio de la función directiva mediante la adopción de medidas que mejoren la preparación y la actuación de los equipos directivos, en relación con los recursos humanos y materiales. A estos efectos aprobará anualmente un Plan de Formación para los cargos unipersonales en ejercicio específicamente dirigido a integrantes de los equipos directivos.

Artículo 7.- La obtención de la acreditación para ejercer el cargo de Director expedida por la Administración educativa, así como la evaluación positiva en el desempeño del cargo serán considerados méritos docentes en los concursos convocados por la Consejería de Educación en el ámbito competencial que le es propio.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada cuanta norma de igual o inferior rango se oponga o contradiga a lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza a las distintas Direcciones Generales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para aplicar esta Orden.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de abril de 2001.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,

CULTURA Y DEPORTES,

José Miguel Ruano León.

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