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El Decreto 52/2001, de 19 de febrero, por el que se establece el régimen de las ayudas y subvenciones a los canarios y Entidades Canarias en el Exterior, recoge la posibilidad de que la entrega y distribución de los bienes y fondos públicos en que consistan las ayudas a los canarios en el exterior se efectúe por las entidades colaboradoras designadas al efecto.
Asimismo, recoge las entidades que pueden ser designadas como tales, previendo entre ellas a las personas jurídicas que reúnan los requisitos que se establezcan por el titular del departamento competente para la concesión de las ayudas a los emigrantes canarios. Tales requisitos deben referirse a la solvencia y eficacia de las mismas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que conlleva la designación como entidades colaboradoras.
Junto a ello, resulta necesario desarrollar las previsiones recogidas en el Decreto 52/2001, de 19 de febrero, fijando el momento en que debe hacerse la designación, la posibilidad de remunerar la participación de las entidades colaboradoras y el contenido mínimo de los convenios.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 6 y la Disposición Final Primera del Decreto 52/2001, de 19 de febrero,
D I S P O N G O:
Artículo 1.- Designación de entidades colaboradoras.
La designación como entidad colaboradora podrá realizarse por el órgano competente para la concesión en la convocatoria pública o en la resolución de concesión de la ayuda.
Artículo 2.- Entidades colaboradoras.
Pueden ser designadas entidades colaboradoras en la entrega de las ayudas a los canarios en el exterior:
a) las Entidades Canarias en el Exterior;
b) las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma;
c) las sociedades o asociaciones de emigrantes de ámbito nacional o de otras Comunidades Autónomas;
d) las personas jurídicas que reúnan los requisitos que se establecen en esta Orden.
Artículo 3.- Requisitos generales.
1. Las personas jurídicas enumeradas en el artículo anterior, antes de ser designadas entidades colaboradoras, deberán acreditar los siguientes extremos:
a) estar en plena posesión de su capacidad de obrar;
b) no hallarse incursas en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administración Pública contenidos en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, salvo los relativos a la clasificación y a la solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
2. La acreditación de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad deberá llevarse a efecto en la forma prevista en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
3. Las personas jurídicas a que se refiere el apartado d) del artículo anterior, además, deberán acreditar que reúnen los requisitos de solvencia y eficacia que se establecen en los artículos 4 y 5 de esta Orden.
Artículo 4.- Requisitos de solvencia.
1. Para ser designadas entidades colaboradoras las personas jurídicas deben reunir los siguientes requisitos de solvencia:
a) tener un patrimonio propio, una vez deducido del mismo el valor de las cargas y gravámenes que pesen sobre el mismo, con valor superior al importe de los fondos públicos que haya de percibir para su entrega y distribución entre los beneficiarios de las ayudas.
Este requisito se acreditará por cualquier medio válido en Derecho y no será exigible respecto de las instituciones sin fines de lucro debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma;
b) constituir garantía, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades colaboradoras establecidas en la normativa reguladora de las ayudas a los canarios en el exterior, en forma de aval solidario de entidades de crédito, seguros o reaseguros, Sociedades de Garantía Recíproca.
El aval se ajustará al modelo establecido para las entidades colaboradoras designadas conforme al régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y deberá tener validez hasta tanto se acredite el cumplimiento de las obligaciones de la entidad colaboradora conforme al Convenio suscrito y se acuerde su devolución por el órgano que efectuó la designación.
2. El importe de la garantía se fijará en la resolución de designación como entidad colaboradora, sin que pueda ser inferior al cincuenta por ciento del importe de los fondos públicos que haya de recibir para su entrega y distribución entre los beneficiarios de las ayudas y subvenciones.
3. No se exigirá la prestación de garantía prevista en este artículo a las entidades siguientes:
a) Entidades Canarias en el Exterior;
b) sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma;
c) asociaciones de emigrantes;
d) corporaciones de Derecho público;
e) fundaciones que estén bajo el protectorado de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias;
f) entidades que deban prestar el servicio o producir el bien o producto en que se materialice la ayuda a los beneficiarios;
g) instituciones sin fines de lucro debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 5.- Requisitos de eficacia.
1. Pueden ser designadas entidades colaboradoras las personas jurídicas que reúnan los siguientes requisitos de eficacia:
a) Tener un objeto social o finalidad relacionado con la asistencia a los ciudadanos en el exterior o, en su caso, con la prestación del servicio, así como con la producción y comercialización de los bienes y servicios en que consistan las ayudas;
b) contar con medios materiales y personales suficientes para desarrollar la actividad de entrega, distribución y comprobación de las ayudas.
2. Para acreditar los medios materiales y personales, las personas jurídicas deberán aportar una relación del material, instalaciones y equipo técnico, así como del personal con que cuentan para la ejecución de las actividades de colaboración encomendadas.
Artículo 6.- Remuneración de las entidades colaboradoras.
1. La participación de las entidades colaboradoras en el proceso de entrega y distribución podrá ser objeto de remuneración o compensación por un importe equivalente a los gastos directamente imputables a dicha participación.
2. La cantidad destinada a compensar o remunerar la colaboración se fijará, en su caso, en la resolución de designación como entidad colaboradora, efectuándose el pago en la forma que se recoja en el convenio de colaboración.
3. En ningún caso podrán minorarse o retenerse los fondos públicos que reciban las entidades colaboradoras para su distribución en concepto de ayudas para remunerar o compensar los gastos a que pudiera dar lugar su colaboración.
Artículo 7.- Contenido mínimo de los convenios.
1. Los convenios que se suscriban con las entidades colaboradoras designadas deberán recoger los pactos y condiciones necesarios para determinar el contenido y alcance de la colaboración.
2. En todo caso, los convenios deberán recoger los siguientes extremos:
a) las ayudas a que se circunscribe la colaboración, con expresa mención de la convocatoria publicada o, en caso de que no proceda su realización, de la resolución o resoluciones de concesión;
b) las actuaciones que comprende la participación de la entidad colaboradora;
c) la forma de entrega a la entidad colaboradora de los fondos y bienes públicos destinados a los beneficiarios de las ayudas;
d) el importe de la remuneración o compensación, cuando así se acuerde, de los gastos directamente imputables a la colaboración;
e) la prohibición de encomendar a terceros las tareas de colaboración que se le han encomendado;
f) la prohibición de retener o minorar los fondos públicos que se le entregan para compensar o remunerar su colaboración;
g) la libre revocabilidad de la designación;
h) las obligaciones de la entidad colaboradora, concretando las obligaciones genéricas de las entidades colaboradoras contenidas en la normativa reguladora de las ayudas a los canarios en el exterior.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de abril de 2001.- El Vicepresidente, Adán Martín Menis.
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