BOC - 2001/050. Lunes 23 de Abril de 2001 - 1466

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1466 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de marzo de 2001, del Director Ejecutivo, sobre notificación a interesados en procedimiento de reposición y restauración del orden jurídico infringido y la realidad física alterada, correspondientes a los expedientes números 130/01.U, 131/01.U, 132/01.U y 133/01.U.

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De conformidad con lo establecido en el artº. 59 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en su apartado 4: "Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos ...", y apartado 5.a) "cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas ...", tal y como acontece en los actos administrativos por los que se inician los procedimientos números 130/01.U, 131/01.U, 132/01.U y 133/01.U, de reposición y restauración del orden jurídico infringido y la realidad física alterada, en el Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, término municipal de El Sauzal,

En su virtud, R E S U E L V O:

Primero.- Notificar las Resoluciones de iniciación de procedimiento de reposición y restauración del orden jurídico infringido y la realidad física alterada números 401, 402, 403 y 404, correspondientes a los expedientes números 130/01.U, 131/01.U, 132/01.U y 133/01.U, respectivamente, cuyos textos, por orden y sucesivamente, dicen:

"Examinados los datos obrantes en esta Agencia, actuaciones administrativas realizadas, informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se han instalado edificaciones, sin amparo legal alguno, las cuales se detallan y grafían en anexo y plano adjunto a la presente Resolución.

Segundo.- Las referidas edificaciones se ubican en terrenos propiedad del Ayuntamiento de El Sauzal, no obstante se ha podido constatar que algunas de ellas se vienen utilizando por persona distinta a su propietario (usuarios que se detallan en el anexo adjunto), presumiéndose tal circunstancia en las restantes edificaciones.

Tercero.- Realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las edificaciones tienen una antigüedad superior a cuatro años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I

Que esta Agencia es competente para la tramitación y resolución del presente procedimiento relativo a hechos que contravienen a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las Normas Provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la vigente Ley de Costas, y el artículo 176 de su Reglamento, las edificaciones objeto del presente expediente han prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde su total terminación con independencia de quienes resultaren responsables, no obstante en aplicación de los citados artículos 92 y 176, ha de exigirse la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

III

La responsabilidad de los hechos descritos tiene carácter objetivo por lo que la obligación de restitución del terreno a su estado anterior corresponde al promotor de las edificaciones, entendiéndose por tal, de no mediar título en contrario, al propietario del suelo en el que se han erigido las mismas, ello de conformidad con la presunción recogida en el artículo 359 del Código Civil, que establece: "que todas las obras ... se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario".

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, habrá de considerarse como parte interesada a los usuarios de las edificaciones objeto de este expediente, citados en el anexo adjunto.

IV

Atendiendo a la circunstancia descrita en el antecedente de hecho segundo y a efectos de notificación del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.a) de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por Ley 4/1999, cuando se trate de un número indeterminado de interesados procede la publicación del acto administrativo en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de garantizar la notificación del mismo a todos los que pudieren resultar interesados, ello sin perjuicio de la notificación de carácter personal a los interesados conocidos.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y legislación concordante.

En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me han sido conferidas, R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la instalación de edificaciones invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre en terrenos propiedad del Ayuntamiento de El Sauzal situados en La Costa de Acentejo.

Segundo.- Notificar la presente Resolución al Ayuntamiento de El Sauzal, a la Demarcación de Costas de Tenerife y demás interesados.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de audiencia de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establece el artículo 84 de la Ley Procedimental 30/1992, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Agencia."

Ver anexos - páginas 5161-5162

"Examinados los datos obrantes en esta Agencia, actuaciones administrativas realizadas, informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se han instalado edificaciones, sin amparo legal alguno, las cuales se detallan y grafían en anexo y plano adjunto a la presente Resolución.

Segundo.- Las referidas edificaciones se ubican en terrenos propiedad de la entidad mercantil Bookons, S.L., no obstante se ha podido constatar que algunas de ellas se vienen utilizando por persona distinta a su propietario (usuarios que se detallan en el anexo adjunto), presumiéndose tal circunstancia en las restantes edificaciones.

Tercero.- Realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las edificaciones tienen una antigüedad superior a cuatro años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I

Que esta Agencia es competente para la tramitación y resolución del presente procedimiento relativo a hechos que contravienen a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las Normas Provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la vigente Ley de Costas, y el artículo 176 de su Reglamento, las edificaciones objeto del presente expediente han prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde su total terminación con independencia de quienes resultaren responsables, no obstante en aplicación de los citados artículos 92 y 176, ha de exigirse la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

III

La responsabilidad de los hechos descritos tiene carácter objetivo por lo que la obligación de restitución del terreno a su estado anterior corresponde al promotor de las edificaciones, entendiéndose por tal, de no mediar título en contrario, al propietario del suelo en el que se han erigido las mismas, ello de conformidad con la presunción recogida en el artículo 359 del Código Civil, que establece: "que todas las obras ... se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario".

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, habrá de considerarse como parte interesada a los usuarios de las edificaciones objeto de este expediente, citados en el anexo adjunto.

IV

Atendiendo a la circunstancia descrita en el antecedente de hecho segundo y a efectos de notificación del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.a) de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por Ley 4/1999, cuando se trate de un número indeterminado de interesados procede la publicación del acto administrativo en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de garantizar la notificación del mismo a todos los que pudieren resultar interesados, ello sin perjuicio de la notificación de carácter personal a los interesados conocidos.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y legislación concordante.

En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me han sido conferidas, R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la instalación de edificaciones invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre en terrenos propiedad de la entidad mercantil Bookons, S.L., situados en La Costa de Acentejo.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a la entidad mercantil Bookons, S.L., a la Demarcación de Costas de Tenerife y demás interesados.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de audiencia de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establece el artículo 84 de la Ley Procedimental 30/1992, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Agencia."

Ver anexos - página 5163

Examinados los datos obrantes en esta Agencia, actuaciones administrativas realizadas, informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se han instalado edificaciones, sin amparo legal alguno, las cuales se detallan y grafían en anexo y plano adjunto a la presente Resolución.

Segundo.- Las referidas edificaciones se ubican en terrenos propiedad de D. Justo Rodríguez Siverio y herederos de D. Tomás Rodríguez Méndel, no obstante se ha podido constatar que algunas de ellas se vienen utilizando por persona distinta a su propietario (usuarios que se detallan en el anexo adjunto), presumiéndose tal circunstancia en las restantes edificaciones.

Tercero.- Realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las edificaciones tienen una antigüedad superior a cuatro años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I

Que esta Agencia es competente para la tramitación y resolución del presente procedimiento relativo a hechos que contravienen a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las Normas Provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la vigente Ley de Costas, y el artículo 176 de su Reglamento, las edificaciones objeto del presente expediente han prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde su total terminación con independencia de quienes resultaren responsables, no obstante en aplicación de los citados artículos 92 y 176, ha de exigirse la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

III

La responsabilidad de los hechos descritos tiene carácter objetivo por lo que la obligación de restitución del terreno a su estado anterior corresponde al promotor de las edificaciones, entendiéndose por tal, de no mediar título en contrario, al propietario del suelo en el que se han erigido las mismas, ello de conformidad con la presunción recogida en el artículo 359 del Código Civil, que establece: "que todas las obras ... se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario."

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, habrá de considerarse como parte interesada a los usuarios de las edificaciones objeto de este expediente, citados en el anexo adjunto.

IV

Atendiendo a la circunstancia descrita en el antecedente de hecho segundo y a efectos de notificación del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.a) de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por Ley 4/1999, cuando se trate de un número indeterminado de interesados procede la publicación del acto administrativo en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de garantizar la notificación del mismo a todos los que pudieren resultar interesados, ello sin perjuicio de la notificación de carácter personal a los interesados conocidos.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y legislación concordante.

En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me han sido conferidas, R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la instalación de edificaciones invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre en terrenos propiedad de D. Justo Rodríguez Siverio y herederos de D. Tomás Rodríguez Méndel, situados en La Costa de Acentejo.

Segundo.- Notificar presente Resolución a D. Justo Rodríguez Siverio y hereros de D. Tomás Rodríguez Méndel, a la Demarcación de Costas de Tenerife y demás interesados.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de audiencia de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establece el artículo 84 de la Ley Procedimental 30/1992, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Agencia."

Ver anexos - página 5165

Examinados los datos obrantes en esta Agencia, actuaciones administrativas realizadas, informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el Paisaje Protegido de Costa de Acentejo, invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, se han instalado edificaciones, sin amparo legal alguno, las cuales se detallan y grafían en anexo y plano adjunto a la presente Resolución.

Segundo.- Las referidas edificaciones se ubican en terrenos propiedad de D. Cándido Hernández Pío, no obstante se ha podido constatar que algunas de ellas se vienen utilizando por persona distinta a su propietario (usuarios que se detallan en el anexo adjunto), presumiéndose tal circunstancia en las restantes edificaciones.

Tercero.- Realizadas las investigaciones y gestiones pertinentes, ha sido suficientemente constatado que las edificaciones tienen una antigüedad superior a cuatro años.

FUNDAMENTOS DE DERECHO I

Que esta Agencia es competente para la tramitación y resolución del presente procedimiento relativo a hechos que contravienen a la vigente Ley de Costas, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Única del Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, aprobado por Decreto 89/2000, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 129/1999, de 17 de junio, por el que se aprueban las Normas Provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la vigente Ley de Costas, y el artículo 176 de su Reglamento, las edificaciones objeto del presente expediente han prescrito, al haber transcurrido más de cuatro años desde su total terminación con independencia de quienes resultaren responsables, no obstante en aplicación de los citados artículos 92 y 176, ha de exigirse la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

III

La responsabilidad de los hechos descritos tiene carácter objetivo por lo que la obligación de restitución del terreno a su estado anterior corresponde al promotor de las edificaciones, entendiéndose por tal, de no mediar título en contrario, al propietario del suelo en el que se han erigido las mismas, ello de conformidad con la presunción recogida en el artículo 359 del Código Civil, que establece: "que todas las obras ... se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario".

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, habrá de considerarse como parte interesada a los usuarios de las edificaciones objeto de este expediente, citados en el anexo adjunto.

IV

Atendiendo a la circunstancia descrita en el antecedente de hecho segundo y a efectos de notificación del presente acto administrativo y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5.a) de la Ley Procedimental 30/1992, modificada por Ley 4/1999, cuando se trate de un número indeterminado de interesados procede la publicación del acto administrativo en el Boletín Oficial de Canarias, a fin de garantizar la notificación del mismo a todos los que pudieren resultar interesados, ello sin perjuicio de la notificación de carácter personal a los interesados conocidos.

Vistas la legislación citada, la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y legislación concordante.

En base a lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me han sido conferidas, R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la instalación de edificaciones invadiendo las Zonas de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre en terrenos propiedad de D. Cándido Hernández Pío, situados en La Costa de Acentejo.

Segundo.- Notificar la presente Resolución a D. Cándido Hernández Pío, a la Demarcación de Costas de Tenerife y demás interesados.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que dispone de un plazo de audiencia de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes en esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establece el artículo 84 de la Ley Procedimental 30/1992, a cuyos efectos tendrá de manifiesto el expediente administrativo en esta Agencia."

Ver anexos - páginas 5167-5169

Segundo.- Remitir las presentes Resoluciones y sus anexos al Servicio de Publicaciones e información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de marzo de 2001.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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