Providencia de fecha 27 de marzo de 2001, del Instructor del expediente sancionador en materia de transportes que se relaciona, sobre notificación de Resolución en materia de infracciones administrativas de transportes.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar a la empresa denunciada que se cita, los cargos especificados en el expediente que le ha sido instruido por este Cabildo Insular por infracción administrativa en materia de transportes.
La competencia para la resolución del procedimiento viene atribuida a la Presidencia en virtud del artº. 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con el Decreto 159/1994, de 21 de julio (B.O.C. nº 92, de 28.7.94), de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable, y artículos 36.e) y 44 en relación con la Disposición Adicional Primera de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Se ha nombrado Instructora del expediente sancionador a Dña. Concepción Barrera González y sustituta de ésta para el caso de ausencia o enfermedad a Dña. Carmen Dolores Noda Herrera, que podrán ser recusadas conforme a los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En virtud de lo dispuesto en el artº. 210 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y en el artº. 13, apartado 2º del Reglamento del Procedimiento Sancionador, en relación con lo dispuesto en el artº. 16.1 del mismo Reglamento, el interesado dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Providencia, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes o proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, con la advertencia de que en el supuesto de no presentar alegaciones la Resolución de iniciación podrá ser considerada Propuesta de Resolución con los efectos que le atribuyen los artículos 18 y 19 del citado texto normativo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, se informa que el plazo máximo para la resolución y notificación del presente procedimiento será de seis meses a partir de la recepción de la presente Resolución, salvo que dicho plazo se suspenda por concurrir alguno de los supuestos previstos en el artº. 42.5 de la citada Ley.
TITULAR: Sisal, S.L.; Nº EXPTE.: TF/070011/O/2001; POBLACIÓN: Valverde de El Hierro; MATRÍCULA: TF-2619-BP; INFRACCIÓN: artículos 140.a), 90 y 142.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio; artículos 197.a), 41 y 199.c) del Real Decreto 1.211/1990, y Orden Ministerial de 25.10.90 (B.O.E. de 30); CUANTÍA: 250.000 pesetas; HECHO INFRACTOR: realizar transporte público de mercancías careciendo de autorización de transporte (vehículo pesado) y carecer de todos los distintivos de la autorización administrativa que posee de servicio privado (MPC-Nacional).
Valverde, a 27 de marzo de 2001.- La Instructora, Concepción Barrera González.
© Gobierno de Canarias