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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,
R E S U E L V O:
Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 5 de diciembre de 2000, sobre resolución del recurso de reposición presentado por D. Antonio Navarro del Pino, en representación de ASCAN, contra aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, entre los términos municipales de Santa Brígida, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, cuyo texto figura como anexo.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de marzo de 2001.- El Director General de Ordenación del Territorio, Rafael Castellano Brito.
A N E X O
La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2000, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:
Resolución del recurso de reposición presentado por D. Antonio Navarro del Pino, en representación de ASCAN, contra la aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, en los siguientes términos:
ANTECEDENTES
1º) Por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 29 de abril de 1999, se aprobó definitivamente el Plan Especial de Protección del Paisaje Protegido de Tafira (c-24), promovido por la Viceconsejería de Medio Ambiente, en los términos municipales de Santa Brígida, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, habiéndose publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias nº 169, de 27 de diciembre de 1999, en el que se advertía de la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición ante ese mismo órgano en el plazo de un mes desde la fecha en que se practicase su notificación.
2º) Mediante anuncio de 12 de junio de 2000 de la Dirección General de Ordenación del Territorio, se publica en el Boletín Oficial de Canarias el contenido normativo, plano de zonificación y plano de señalización del Plan Especial de Protección Paisajística de Tafira.
3º) Con fecha 27 de enero de 2000, se presentó por D. Antonio Navarro del Pino, en representación de ASCAN, recurso de reposición alegando fundamentalmente que la modificación de la finca de las Magnolias de uso general a uso especial contiene las siguientes irregularidades:
1. No se dan en la finca los condicionantes establecidos por el artículo 31 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, para su zonificación como zona de uso especial.
2. El trámite mediante el que se produjo el cambio de zonificación parece inadecuado, por tratarse de una modificación sustancial.
4º) En la tramitación del recurso se han recabado los siguientes informes:
Jefe de Servicio de Ordenación Urbanística de la Dirección General de Ordenación del Territorio, solicitado el 14 de febrero de 2000.
Jefe de Servicio Jurídico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, solicitado el 8 de febrero de 2000.
Jefe de Servicio de Planificación Ambiental, solicitado el 15 de febrero de 2000.
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, solicitado el 10 de febrero de 2000.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, solicitado el 11 de febrero de 2000.
Ayuntamiento de Telde, solicitado con fecha 4 de julio de 2000.
Ayuntamiento de Santa Brígida, solicitado con fecha 5 de julio de 2000.
5º) Con fecha 20 de octubre de 2000, notificado en esa misma fecha, se le concedió a Dña. Dolores Lozano Morales, al haber intervenido en el procedimiento y como interesados en el mismo, el trámite de audiencia a fin de que alegase y presentase los documentos y justificaciones que estimase pertinentes.
6º) Con fecha 2 de noviembre de 2000, se presentó por D. Santiago José Araña Galván, en representación de Dña. María Dolores Lozano Morales escrito de alegaciones, que fundamentalmente se resumen en:
1. Que se inadmitan los recursos de reposición potestativos presentados al ser los planes especiales disposiciones de carácter general (disposiciones normativas).
2. La conformidad a derecho de la calificación como zona de uso especial de las Magnolias.
3. Se adjunta dictamen de D. Luciano Parejo Afonso relativo a la clasificación urbanística de la finca en el PGOM en tramitación en relación con la zonificación otorgada por el Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I. El artículo 248 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, establece que frente a las resoluciones y los actos administrativos dictados en aplicación del mismo y respecto de los que no proceda el recurso de alzada, cabrá interponer recurso de reposición, con carácter facultativo, ante el mismo órgano que las dictó. Estableciéndose en su apartado tercero que en el procedimiento se dará audiencia a las administraciones y a los particulares que hubieren intervenido en el procedimiento a que dio lugar el acto recurrido, siendo el plazo para su interposición de un mes de la notificación o publicación, si el acto fuera expreso; y de tres meses si no lo fuera (apartado 2 de dicho artículo).
II. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.2.e) del Decreto 89/2000, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, es competencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobar definitivamente los Planes y Normas de Espacios Naturales Protegidos.
III. En cuanto a la procedencia del recurso potestativo de reposición contra la aprobación definitiva del Plan Especial del Paisaje Protegido de Tafira, hay que distinguir en primer lugar entre la naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenación y la del propio acto administrativo que los aprueba, el cual consideramos recurrible en vía administrativa como cualquier otro acto administrativo. Esto ha sido recogido por la jurisprudencia de forma mayoritaria explicando no sólo dicha distinción entre la naturaleza jurídica de ambas, sino admitiendo sistemáticamente recursos contencioso-administrativos contra la desestimación de los recursos interpuestos en vía administrativa contra los actos de aprobación de los instrumentos de ordenación y así mismo en la doctrina científica, sirven de ejemplos las sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1987, 14 de abril de 1988, 14 de octubre de 1988, etc. Se adjunta informe emitido al respecto por los servicios jurídicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio.
IV. La finalidad establecida en el artículo 31 de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, sobre zonificación de los Espacios Naturales Protegidos, de aplicación a este instrumento de planeamiento, para las zonas de uso especial, es que se categorizarán como tales, aquellos suelos cuya finalidad sea dar cabida a asentamientos rurales o urbanos preexistentes e instalaciones y equipamientos que estén previstos en el planeamiento urbanístico, circunstancias estas que no concurren en el suelo analizado, toda vez que ni el Plan General de Ordenación Municipal vigente, ni en el que se encuentra en tramitación, existen ni se prevén asentamientos ni equipamientos, habiendo informado el Servicio de Ordenación Territorial con fecha 7 de noviembre de 2000, que en el futuro Plan se trata de un Suelo Rústico de Protección Medioambiental (SRPM) y una parte como Rústico de Interés Agrícola (SRIA).
V. Se ajusta más la finca objeto del recurso a la categoría de zona de uso general, definida en el citado artículo como las constituidas por aquella superficie que, por su menor calidad relativa dentro del Espacio Natural Protegido, o por admitir una afluencia mayor de visitantes, puedan servir para el emplazamiento de instalaciones, actividades y servicios que redunden en beneficio de las Comunidades Locales integradas o próximas al Espacio Natural.
VI. Lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda.2 del Decreto 1/2000, con la modificación introducida por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, que establece en su Disposición Adicional Segunda apartado séptimo, el plazo de tres años para la adaptación de estos instrumentos de planeamiento al citado Texto Refundido.
Vistos el expediente administrativo, informes emitidos, Decreto 89/2000, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, y demás normas de general y pertinente aplicación y a la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el siguiente
ACUERDO:
Primero.- Estimar el recurso formulado por D. Antonio Navarro del Pino, en representación de ASCAN, en cuanto a que la denominada Finca de las Magnolias no reúne las características exigidas para ser zona de uso especial, debiendo ser modificada a zona de uso general.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Santiago Araña Galván, en representación de María Dolores Lozano Morales, en base a las consideraciones jurídicas establecidas.
Tercero.- Deberán corregirse los planos y la normativa del documento del Plan Especial para armonizar sus determinaciones con lo establecido en el presente informe.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente acto administrativo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 234 de la Ley 999, de 13 de mayo, Ordenación del Territorio de Canarias.- El Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Armando Villavicencio Delgado.
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