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Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1. Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio le remitirá a su propio domicilio.
2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de marzo de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 119, nº 101.
Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 00/240, instruido a Eyuyamar, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Marquesina Muelle.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Eyuyamar, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de julio de 2000, como consecuencia de la denuncia de fecha 10 de septiembre de 1999, formulada por D. Miguel Pérez Elena, y del acta de inspección nº 11726, de 9 de noviembre de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 20 de septiembre de 1999, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 9283, denuncia de fecha 10 de septiembre de 1999, formulada por D. Miguel Pérez Elena, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que al romperse una jarra de zumo, le mancharon el pantalón y al solicitar la Hoja de Reclamación se negaron a facilitarla.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 9 de noviembre de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Puerto de Corralejo, término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11726 en la que esencialmente se hace constar que según manifiesta la interviniente, no fue facilitada la Hoja de Reclamación solicitada por el cliente, porque no podía entregarla hasta que no llegara el encargado.
3º) El 3 de julio de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/240, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 20 de septiembre de 2000.
4º) Con fecha 17 de noviembre de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 45.000 pesetas.
5º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
6º) El siguiente hecho: no facilitar a su cliente D. Miguel Pérez Elena, la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en la denuncia de la Jefatura de la Policía Local de La Oliva y en el acta de inspección nº 11726, de fecha 9 de noviembre de 1999 (R-16).
Se considera probado en virtud de la denuncia de fecha 10 de septiembre de 1999, y del acta de inspección nº 11726, de 9 de noviembre del mismo año.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 11726, de 9 de noviembre de 1999, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (R-16.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (R-16.2).
Calificado como leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 45.000 pesetas a Eyuyamar, S.L., con C.I.F. B-35411255, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Marquesina Muelle.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
2º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 119, nº 102.
Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 00/241, instruido a Jono, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Rías Bajas.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Jono, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de julio de 2000, como del acta de inspección nº 11440, de 13 de septiembre de 1999.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 13 de septiembre de 1999, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Simón Bolívar, 3, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11440 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encuentra abierto al público en general y ofrece a los clientes productos que no están incluidos en la lista de precios sellada por la autoridad competente (empanada gallega, carne de lomo de jabugo, queso de tetilla). En algún caso, se cobran precios superiores a los autorizados (melón con jamón se cobra a 1.750 pesetas y el precio autorizado es 1.650, aguacate con gambas se cobra a 1.550 y el autorizado es 1.100, almejas a la marinera a 1.950 y su precio autorizado es 1.750). En cuanto a la carta de vinos ofrecida a los clientes, aparece una gran variedad de vinos que no está en la lista de precios autorizados.
2º) El 3 de julio de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/241, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 20 de septiembre de 2000.
3º) Con fecha 17 de noviembre de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 65.000 pesetas.
4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
5º) El siguiente hecho: no haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en alguno de los productos que ofrece a sus clientes, entre otros, empanada gallega, carne de lomo de jabugo, etc., así como en otros percibir precios superiores a los autorizados, tales como melón con jamón, aguacate con gambas, almejas a la marinera, etc., según consta en el acta de inspección nº 11440.
Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 11440, de 13 de septiembre de 1999.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 11440, de 13 de septiembre de 1999, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio) (R-13.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.5, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (R-13.2).
Calificado como leve.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 65.000 pesetas a Jono, S.L., con C.I.F. B-35281393, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Rías Bajas.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de febrero de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.
3º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 51, nº 441.
Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 00/253, instruido a D. Kurt Prestschner, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Europalace números 316 y 601.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Kurt Prestschner, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de agosto de 2000, como consecuencia de la denuncia de fecha 6 de abril del mismo año, formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez, así como de los informes de fechas 4 de marzo y 1 de junio de 2000.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 7 de abril de 2000, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 3377, denuncia de fecha 6 de abril del mismo año, formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que se producen pernoctaciones por personas diferentes a las que figuran en el Registro de la Propiedad como propietarios, realizando esta actividad sin la preceptiva autorización exigida por la Normativa Turística Canaria.
2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 4 de marzo y el 1 de junio de 2000, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Hamburgo, 12, en Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando informes en los que esencialmente se hace constar que según manifestación de D. Hohn Crawford, éste ha estado alojado en los apartamentos números 601 y 316 y los ha alquilado a través de D. H. Hannebaner. El Sr. Crawford, por el alquiler de ambas unidades alojativas, ha abonado dos cheques por la cantidad de 1.230 marcos el nº 6753387 y por 620 marcos el nº 6753388, al Sr. Hannebaner, para a su vez éste abonarlos a Dña. Claudia Prestschner, la propietaria de dichas unidades alojativas.
En el informe de fecha 1 de junio de 2000, el Sr. Hannebaner manifiesta que él y su esposa realizan la limpieza de las unidades reseñadas y el cobro para proceder a su ingreso, pero estas actuaciones son por cuenta de la Sra. Claudia Prestschner y que es ella la que explota turísticamente las unidades alojativas números 316 y 601.
3º) El 3 de agosto de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/253, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo el 8 de agosto de 2000.
4º) El expedientado en escrito de fecha 25 de septiembre de 2000, recibido en esta Consejería en la misma fecha, registro de entrada nº 10580, en síntesis ha alegado lo siguiente: que se trata de un inmueble de su propiedad y como tal, susceptible de ser usado directamente por él y por cualquier familiar o amigo, sin que exista ánimo de lucro.
Así mismo, la entidad explotadora del complejo está diciendo que sólo puede utilizar el apartamento el titular registral del mismo, presionando y amenazando con denunciar cada vez que algún familiar o amigo lo usa.
5º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados no se desvirtúa el hecho imputado, toda vez que de los informes de inspección de fechas 4 de mayo y 1 de junio de 2000, se desprende que las unidades alojativas números 316 y 601, son explotadas turísticamente sin la autorización turística para el desempeño de tal actividad.
Así mismo, no se acredita que las personas que ocupan los apartamentos consignados sean familiares del titular de los mismos.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el titular expedientado no ha sido sancionado por haber incumplido la normativa turística vigente, procede atenuar la sanción inicial dada.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 11 de octubre de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 875.000 pesetas.
6º) El expedientado no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) El siguiente hecho: realizar la actividad turística reglamentada de apartamentos, en las unidades números 316 y 601 del establecimiento denominado Apartamentos Europalace, sito en la calle Hamburgo, 12, de Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, careciendo de la autorización preceptiva para el ejercicio de dicha actividad (E-2.a).
Se considera probado en virtud de la denuncia de fecha 6 de abril de 2000, así como de los informes de fechas 4 de marzo y 1 de junio del mismo año.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado en base al contenido de los informes de fechas 4 de marzo y 1 de junio de 2000, sin que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.
El hecho imputado, infringe lo preceptuado en los artículos 8º y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente) (E-2.a.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1 en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (E-2.3).
Calificado como grave.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 875.000 pesetas, a D. Kurt Prestschner titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Europalace números 316 y 601.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
4º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 50, nº 431.
Resolución de 24 de enero de 2001, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 00/255 instruido a Stefan Laschet y Liselotte Laschet titular del establecimiento denominado Apartamentos Europalace, nº 401.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Stefan Laschet y Liselotte Laschet, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de agosto de 2000, como consecuencia de la denuncia de 7 de abril de 2000, formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 7 de abril de 2000, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 3377, denuncia formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez, contra unidades alojativas del establecimiento consignado en la que manifiesta que se explotan careciendo de la preceptiva autorización, adjuntando relación de apartamentos y titulares.
2º) El 3 de agosto de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/255, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo.
3º) El expedientado en escrito de fecha 24 de agosto de 2000, recibido en esta Consejería en la misma fecha, registro de entrada nº 9541, en síntesis ha alegado lo siguiente: que no se dan los requisitos establecidos en la Ley para entender que exista un servicio de alojamiento turístico, pues se trata de un inmueble de su propiedad y por tanto, puede ser usado directamente por él o por cualquiera de sus familiares o amigos, sin que exista lucro alguno. La entidad explotadora del complejo dice que sólo puede utilizar el apartamento el titular registral del mismo, presionando para que se ceda el apartamento y amenazando con denunciar cada vez que algún familiar o conocido lo utiliza.
4º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado no queda desvirtuado el hecho imputado, toda vez que no se acredita que las personas que ocupan el apartamento sean familiares.
Asimismo, queda probado en virtud de informe, que el apartamento se alquila directamente del propietario y se dan instrucciones en cuanto a su situación en el edificio, destacando que se les indica a los usuarios que manifiesten que son invitados o parientes que pueden alojarse gratuitamente.
No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el titular consignado carece de antecedentes, se estima debe atenuarse la sanción inicial dada.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 18 de septiembre de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 625.000 pesetas.
5º) El expedientado, no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.
6º) El siguiente: hecho: realizar la actividad turística reglamentada de apartamentos, en la unidad nº 401, del establecimiento denominado Apartamentos Europalace, sito en la calle Hamburgo, 12, de Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana careciendo de la autorización preceptiva para el ejercicio de dicha actividad (E-2.a).
Se considera probado en virtud de la denuncia de 7 de abril de 2000, formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al contenido de la denuncia de 7 de abril de 2000, formulada por D. Juan Luis Lorenzo Vázquez, sin que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta en base a que el hecho probado constituye la infracción prevista en los artículos 8º y 12.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente) (E-2.a.1).
Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1 en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) (E-2.3).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artº. 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 625.000 pesetas, a Stefan Laschet y Liselotte Laschet, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Europalace, nº 401.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 2001.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.
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