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Advertido error en la Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones concertadas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo, con arreglo a lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), es necesario proceder a su subsanación, por lo que, en uso de las atribuciones que me son propias, de conformidad con el Decreto 305/1991, de 29 de noviembre,
R E S U E L V O:
Proceder a la corrección del error advertido en la Orden de 8 de marzo de 2001, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones concertadas a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad de Formación y Empleo (B.O.C. nº 37, de 23 de marzo), de tal forma que:
En la base primera, apartado 3, donde dice:
3. Con carácter previo a la suscripción de los convenios de colaboración, la Dirección General de Centros deberá dictar la correspondiente resolución de concesión, en la que se precisarán, al menos, el destino, el importe y el beneficiario. La efectividad de la resolución se condicionará a la firma del correspondiente convenio o contrato que se suscriba, precisarán la previa acreditación de la capacidad para contratar conforme a las normas previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, así como la autorización del Gobierno en los supuestos en que ésta venga exigida por la legislación sectorial aplicable.
Debe decir:
3. Con carácter previo a la suscripción de los convenios de colaboración, la Dirección General de Centros deberá dictar la correspondiente resolución de concesión, en la que se precisarán, al menos, el destino, el importe y el beneficiario. La efectividad de la resolución se condicionará a la firma del correspondiente convenio o contrato. Los convenios de colaboración que se suscriban por los órganos competentes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, precisarán la previa acreditación de la capacidad para contratar conforme a las normas previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, así como la autorización del Gobierno en los supuestos en que ésta venga exigida por la legislación sectorial aplicable.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2001.
EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES,
José Miguel Ruano León.
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