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BOC Nº 043. Viernes 6 de Abril de 2001 - 1206

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

1206 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 5 de marzo de 2001, relativo a notificación de Resolución por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por este Centro Directivo a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 11/2000.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 11/2000, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a D. Prudencio A. Acosta Padrón, titular de la empresa operadora nº 295, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 11/2000, incoado a D. Prudencio Acosta Padrón, como titular de la empresa operadora nº 295, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 11/2000 tramitado por la Sección de Instrucción de Expedientes Sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la empresa operadora nº 295, Prudencio Acosta Padrón, por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión del Juego.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 3 de diciembre de 1999, fue levantada acta de infracción por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, dando cuenta que en el establecimiento Bar San Antonio, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Fragata Danmark, 1, se encuentra instalada y en funcionamiento la máquina recreativa del tipo "B", TF-B-12.694, propiedad de la empresa operadora nº 295, D. Prudencio A. Acosta Padrón, que en el momento de la inspección carece de los distintivos correspondientes del pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego de todo el año 1999.

2º) Con fecha 20 de diciembre de 1999, por este Centro Directivo se solicita informe a la Consejería de Economía y Hacienda sobre los ingresos de la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondientes al año 1999 del citado permiso de explotación, informando con fecha 17 de enero de 2000 (registro de entrada de fecha 20 de enero de 2000), que la empresa operadora "D. Prudencio A. Acosta Padrón, no ha efectuado los ingresos correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de la Tasa Fiscal sobre el Juego del año 1999, del permiso de explotación TF-B-12.694, por tanto, dicho permiso de explotación carece de los distintivos acreditativos del pago".

3º) A la vista de los hechos, mediante Providencia dictada por el Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 2 de febrero de 2000, se acordó el inicio del correspondiente expediente sancionador por presunta infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado. Asimismo, en la citada Providencia se ordenó como medida cautelar el precinto de la máquina recreativa denunciada con ocasión de la citada acta de infracción, esto es, la TF-B-12.694, a resultas de la resolución que en definitiva sea dictada, al apreciarse la presunta comisión de una falta muy grave tipificada en el artº. 26.k) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, esto es, realizar actividades de juego autorizadas o explotar elementos de juego autorizados, sin haber satisfecho la Tasa Fiscal sobre el Juego correspondiente a la actividad realizada o elemento explotado.

4º) Con fecha 8 de febrero de 2000, fue levantada acta por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego en el establecimiento Bar San Antonio, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Fragata Danmark, 1, dando cuenta de que la máquina recreativa TF-B-12.694, la retiraron del establecimiento.

5º) Intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos, en el domicilio del expedientado mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 22 de marzo de 2000; no presentándose alegaciones por el interesado en el plazo concedido al efecto.

6º) Con fecha 5 de abril de 2000, fue formulada por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, proponiendo que por el Gobierno de Canarias se impusiera a la entidad expedientada por la comisión de una infracción muy grave, la sanción de diez millones una (10.000.001) pesetas de multa, por la comisión de los hechos descritos constitutivos de infracción a lo dispuesto en el artº. 30.1.d) del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, en cuya virtud, todas las máquinas a que se refiere el citado Reglamento, que se encuentren en explotación deberán llevar necesariamente incorporado a las mismas y de forma visible desde el exterior, entre otros, el justificante de pago de la Tasa Fiscal sobre el Juego, incorporación que se efectuará en la parte frontal o lateral de la máquina.

7º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio de la persona expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 20 de octubre de 2000.

8º) Iniciado el expediente con fecha 2 de febrero de 2000, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El procedimiento seguido en la tramitación de este expediente, se ajusta a lo dispuesto en el artº. 43 del Decreto 93/1988, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 83, de 1.7.88), modificado parcialmente por los Decretos 132/1989, de 1 de junio (B.O.C. nº 97, de 17.7.89), 89/1990, de 23 de mayo (B.O.C. nº 80, de 29.6.90), 235/1997, de 30 de septiembre (B.O.C. nº 131, de 10.10.97), y 260/1999, de 31 de agosto (B.O.C. nº 124, de 13.9.99). Sin embargo este artículo no establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.

Segunda.- Por lo que concierne a este aspecto, procede la aplicación del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), cuyo artº. 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.

Tercera.- Asimismo, el artº. 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la declaración que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artº. 92".

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 10.2.F.c) del Decreto 278/1999, de 7 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia (B.O.C. nº 142, de 27.10.99), la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción en materia de casinos, juegos y apuestas.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento sancionador iniciado mediante acuerdo de fecha 2 de febrero de 2000, en el expediente sancionador 11/2000, contra la empresa operadora nº E295, Prudencio Acosta Padrón, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artº. 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resultare procedente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante el Viceconsejero de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente anuncio, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de diciembre de 2000.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.

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