Estás en:
Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
A N E X O
1.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Jasdiish Kishin Chand Merwani, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 13 de mayo de 1998, recaída en el expediente nº 35/1818/97, y que determinó la imposición de una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, y
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero.- Que el día 8 de octubre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Bina, propiedad de D. Jasdiish Kishin Chand Merwani, sito en el Centro Comercial Cívico Puerto Rico, fase 10, local nº 10, del término municipal de Mogán, y mediante acta levantada al efecto nº 7764, comprobaron que en la parte superior de la puerta de entrada al establecimiento exhibe un rótulo grande que entre otras expresiones figura "duty free shop", sugiriendo falsamente al consumidor y usuario que es un comercio "libre de impuestos", cuando no lo es ni tiene la documentación que lo acredite, y comprobaron también, que carece del cartel anunciador de las Hojas de Reclamaciones en un lugar en que resulte visible y legible para los consumidores y usuarios.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 8 y 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad, en relación con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente con una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 16 de noviembre de 1997, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
Es un hecho cierto e irrebatible que entre la fecha de Resolución, 13 de mayo de 1998, ha pasado más de un mes, lo que excede del plazo reglamentariamente fijado para resolver, según el artículo 24.4 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
También es cierto que, según el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, el procedimiento debió entenderse caducado y la administración pudo ya haber procedido de oficio al archivo de las actuaciones.
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 8 y 34, apartados 6 y 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad, en relación con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el Real Decreto 1.398/1993 es de aplicación en ausencia total o parcial de procedimiento específico a tenor de su artículo 1.1.
Como quiera que en materia de infracciones administrativas de consumo el Real Decreto 1.945/1983, en su artículo 18 establece una regulación específica en cuanto a los plazos de caducidad, la preferente utilización de los mismos imposibilita la utilización del procedimiento simplificado.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Desestimar en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Jasdiish Kishin Chand Merwani, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 16 de noviembre de 1997, recaída en el expediente nº 35/1818/97, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 17 de julio de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.
2.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por persona no acreditada para representar a DÕRoma Sixta, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de agosto de 1998, recaída en el expediente nº 35/450/98, y que determinó la imposición de una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, y
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero.- Que condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso presentado es el de determinar si se ha interpuesto por persona legitimada para entablarlo según establece el artículo 32.3 en relación con el artículo 110.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que exige que, en caso de interposición de un recurso administrativo por persona distinta del interesado que no acredita la representación, se aporte ésta dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo.
Segundo.- Que habiendo solicitado con fecha 2 de octubre de 1998 la acreditación de la representación y constando la notificación de tal solicitud al interesado con fecha 9 de octubre de 1998, no ha sido subsanado este defecto.
Tercero.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA
Declarar la inadmisibilidad del recurso ordinario, interpuesto por persona no acreditada para representar a DÕRoma Sixta, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 28 de agosto de 1998, recaída en el expediente nº 35/450/98, por la que se impone a DÕRoma Sixta, S.A. una sanción de multa de sesenta mil (60.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de enero de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.
© Gobierno de Canarias