Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Sofos Consulting de Formación, S.L. de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2732, de fecha 29 de septiembre de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a la empresa Sofos Consulting de Formación, S.L., mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1142, de fecha 13 de abril de 2000, y teniendo en cuenta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Director del ICFEM de fecha 30 de diciembre de 1996, registrada con el nº 4705, se concedió una subvención a la empresa Sofos Consulting de Formación, S.L., por importe de doscientas noventa y ocho mil seiscientas treinta y dos (298.632) pesetas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulaban los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la contratación, con carácter temporal, de dos trabajadores, menores de 25 años, en busca de su primer empleo, que figuren inscritos como desempleados en el Servicio Canario de Colocación. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención quedaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención, como mínimo, durante el período de contratación.
- Si la relación laboral que daba origen a la subvención se extinguía antes del plazo convenido, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese los requisitos que dieron origen a la subvención, en el plazo máximo de quince días contado desde que dicha extinción haya tenido lugar, comunicando este extremo al ICFEM, dentro de los diez días siguientes a aquel en que tenga efecto la nueva contratación.
- Por último, los perceptores de las subvenciones debían presentar, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, dentro del mes siguiente a la finalización del contrato, copia compulsada con sus originales de los TC1 y TC2 correspondientes al tiempo de duración del contrato.
Tercero.- El procedimiento de reintegro que nos ocupa se inició por Resolución de fecha 13 de abril de 2000, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante de reintegro que en esta Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días hábiles podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del procedimiento se concretaron en el incumplimiento del deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en la forma y plazo que se establecía en la Orden de concesión y normas reguladoras.
Esta Resolución de inicio del procedimiento de reintegro se notificó al beneficiario el día 14 de julio de 2000, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de fecha 14 de julio de 2000, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado, en cumplimiento de lo recogido en el artículo 59.4 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, ya que, intentada la notificación directamente, ésta no pudo practicarse en el domicilio establecido por el interesado a tal fin.
Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 26 de julio de 2000. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho de alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por conveniente.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Sofos Consulting de Formación, S.L., mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1142, de fecha 13 de abril de 2000, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que:
1. A la empresa Sofos Consulting de Formación, S.L., se le concede una subvención de doscientas noventa y ocho mil seiscientas treinta y dos (298.632) pesetas, al amparo del Decreto 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96) de las previstas en el Capítulo IV, del Título I "Subvenciones al fomento de la contratación de jóvenes menores de 25 años en busca del primer empleo", por la contratación de los trabajadores Miguel A. Concepción Cabrera y María José Álvarez Arteaga, contratados por un período de 6 meses y a jornada completa.
2. Dichos trabajadores causaron alta en la empresa Sofos Consulting de Formación, S.L., con fecha 2 de diciembre de 1996 Miguel A. Concepción Cabrera, y con fecha 3 de diciembre de 1996 María José Álvarez Arteaga, y en aplicación del artículo 50 del Decreto 69/1996 el beneficiario estaba obligado a tener cubierto el puesto de trabajo, como mínimo, durante el período de contratación, es decir, hasta el 1 y 2 de junio de 1997 respectivamente.
3. Con fechas 24 de abril de 1997 y 14 de abril de 1998 y números de registro de entrada 1827 y 2464 respectivamente, la empresa presenta documentación justificativa de la subvención concedida en aplicación del artículo 51 del Decreto 69/1996.
De la documentación aportada se desprende que:
a) La trabajadora María José Álvarez Arteaga, causó baja en la empresa con fecha 16 de febrero de 1997, según el TC-1 y TC-2 de febrero de ese mismo año.
Dicha baja se intentó sustituir, en aplicación al artículo 52 del Decreto ya citado, por la trabajadora Carmen Delia García Álvarez, la cual causó alta con fecha 1 de febrero de 1997, por medio de un contrato de 40 horas y por 6 meses de duración, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 47 del Decreto 69/1996.
El citado artículo 52 decía que si la relación laboral que dio origen a la subvención se extinguiera antes del plazo convenido, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese los requisitos que dieron origen a la subvención, en el plazo máximo de quince días contado desde que dicha extinción hubiese tenido lugar, comunicando dicho extremo al ICFEM, dentro de los diez días siguientes.
De la trabajadora sustituta, es decir, de Carmen Delia García Álvarez, no se ha aportado la vida laboral de la misma, para comprobar que no hubiese trabajado por tiempo superior a tres meses, ya que es uno de los requisitos que se exigían para conceder la subvención, según el artículo 46.Dos.b) del Decreto 69/1996.
Dicha trabajadora causó baja en la empresa beneficiaria de la subvención con fecha 31 de marzo de 1997, e igualmente se intentó sustituir con la contratación de la trabajadora Eva Sánchez Castro, la cual fue contratada con fecha 20 de febrero de 1997 por medio de un contrato a jornada completa y de duración de 3 años, por lo que se incumple con el artículo 52 ya citado, dado que el artículo 47 del Decreto decía que las contrataciones laborales que daban derecho a la subvención eran las celebradas por un período de seis meses y a jornada completa, y de lo expuesto se desprende que la contratación de Eva Sánchez Casto no cumplía con los requisitos que se exigían para conceder la subvención.
Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Tercero.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.
Cuarto.- Corresponde al Director del ICFEM la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para el inicio y resolución del procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Sofos Consulting de Formación, S.L., mediante Resolución del Director del ICFEM nº 4705, de fecha 30 de diciembre de 1996, al haber incurrido en causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a doscientas noventa y ocho mil seiscientas treinta y dos (298.632) pesetas, por el principal, más cincuenta y nueve mil ochenta y ocho (59.088) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (30 de enero de 1997) hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (25 de septiembre de 2000), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
El cuadro explicativo de los intereses generados es el siguiente:
ercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que este Organismo tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065/0118/81/1114001822.
Quinto.- Notificar al interesado la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto."
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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