Estás en:
Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a María Luisa Capote Luchsinger de la Resolución por la que se pone fin al procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2741, de fecha 29 de septiembre de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a la empresa María Luisa Capote Luchsinger, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1150, de fecha 13 de abril de 2000, y teniendo en cuenta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Director del ICFEM de fecha 4 de septiembre de 1997, registrada con el nº 1377, se concedió una subvención a la empresa María Luisa Capote Luchsinger, por importe de cuatrocientas sesenta y cuatro mil quinientas dos (464.502) pesetas, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por el que se regulaban los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social.
Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era la de promover y ayudar a financiar aquellos proyectos que faciliten la constitución en trabajadores autónomos o por cuenta propia a personas que se encuentren inscritas como desempleadas. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:
- El beneficiario de la subvención quedaba obligado a realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención por un plazo de al menos tres años.
- Por otra parte, debía presentar, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior, anualmente y durante los tres años siguientes a su constitución como autónomo, certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite que continúa en alta y al corriente en sus obligaciones con el mismo.
- Y por otro lado los perceptores de las subvenciones estaban obligados a presentar ante el ICFEM, en el plazo de tres meses contado a partir de la efectiva percepción de las mismas, al objeto de acreditar que han realizado la inversión objeto de subvención, facturas ajustadas a derecho.
Tercero.- El procedimiento de reintegro que nos ocupa se inició por Resolución de fecha 13 de abril de 2000, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante de reintegro que en esta Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días hábiles podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del procedimiento se concretaron en el incumplimiento del deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos en concepto de subvención.
Esta Resolución de inicio del procedimiento de reintegro se notificó al interesado el día 14 de julio de 2000, mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 87, de 14 de julio de 2000, y exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado, en cumplimento de lo recogido en el artículo 59.4 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, ya que, intentada la notificación directamente, ésta no pudo practicarse en el domicilio establecido por el interesado a tal fin.
Cuarto.- El plazo correspondiente al trámite de audiencia concluyó el pasado 26 de julio de 2000. Se ha constatado que, hasta el día de la fecha, la empresa beneficiaria de la subvención no ha hecho uso de su derecho a alegar y a presentar los documentos y justificaciones que tuviera por convenientes.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a María Luisa Capote Luchsinger, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1150, de fecha 13 de abril de 2000, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que:
1. A María Luisa Capote Luchsinger, se le concedió una subvención por Resolución del Director del ICFEM nº 1377, de 4 de septiembre de 1997, por un importe de cuatrocientas sesenta y cuatro mil quinientas dos (464.502) pesetas, consistente en seis puntos del tipo fijado por la entidad de crédito Caja General de Ahorros de Canarias, a cargo del Programa para el fomento del autoempleo "Subvención financiera", regulado por el Decreto 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96).
2. El artículo 24.1 del citado Decreto establecía que las subvenciones financieras tenían por objeto facilitar la disposición de los recursos necesarios para financiar las inversiones requeridas para la conversión en trabajadores autónomos.
3. El apartado quinto de la parte dispositiva de la Resolución de concesión, ya mencionada, decía que "los perceptores de la subvención vendrán obligados a presentar ante el ICFEM, en el plazo de tres meses contados a partir de la efectiva percepción de la misma, al objeto de acreditar que han realizado la inversión objeto de subvención, facturas ajustadas a derecho".
4. El préstamo que le concedió la entidad de crédito, anteriormente citado, fue por importe de dos millones (2.000.000) de pesetas.
5. Con fecha 13 de febrero de 1998 y número de registro de entrada 987, el beneficiario de la subvención, María Luisa Capote Luchsinger, presentó facturas por un importe de un millón doscientas setenta y seis mil seiscientas ochenta y nueve (1.276.689) pesetas.
6. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la inversión objeto de subvención, a la que hace referencia la Resolución de concesión y el artículo 27 del Decreto regulador, se corresponde con el total del préstamo subvencionado, como se deduce del artículo 24, apartados uno y dos, de la norma citada.
7. Dado que el importe del préstamo fue de dos millones (2.000.000) de pesetas, no se ha justificado la totalidad de la subvención concedida, quedando pendiente de justificar, mediante al aportación de facturas ajustadas a derecho, la cantidad de setecientas veintitrés mil trescientas once (723.311) pesetas, dichas facturas tenían que estar fechadas entre la fecha de la solicitud de la subvención, es decir, entre el 20 de agosto de 1996 y hasta el 4 de diciembre de 1997, fecha que corresponde a los tres meses posteriores a la concesión de la subvención de referencia.
8. Por otro lado los apartados sexto y séptimo de la parte dispositiva de la citada Resolución, establecían que "los beneficiarios de las subvenciones quedan obligados a realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención por un plazo de al menos tres años.
Al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el punto anterior, los perceptores de las subvenciones, deberán presentar, anualmente y durante los tres años siguientes a su constitución como autónomo, certificado expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite que continúa en alta y al corriente en sus obligaciones con el mismo".
9. El alta como autónomo del beneficiario de la subvención se produjo con fecha 1 de septiembre de 1996, y el beneficiario con fecha 20 de julio de 1998, presentó certificado de estar al corriente hasta julio de 1998, y en base a lo expuesto anteriormente, no se ha justificado el período de tres años mencionado en dichos apartados.
Segundo.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.C. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Tercero.- Se estima procedente el reintegro de la subvención concedida, por cuanto que de la documentación que consta en el expediente de referencia, queda acreditado, como se afirma en el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro que ahora se resuelve y respecto del que el beneficiario de la subvención no ha formulado alegación alguna en defensa de los derechos que pudieran corresponderle, el incumplimiento de la obligación de justificar de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 69/1996, de 18 de abril.
Cuarto.- Corresponde al Director del ICFEM la competencia para el inicio y resolución del presente expediente de reintegro, de acuerdo con el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, que atribuye la competencia para el inicio y resolución del procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención.
Como consecuencia de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa María Luisa Capote Luchsinger, mediante Resolución del Director del ICFEM nº 1377, de fecha 4 de septiembre de 1997, al haber incurrido en causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta Resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.
Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a cuatrocientas sesenta y cuatro mil quinientas dos (464.502) pesetas, por el principal, más sesenta y seis mil cuatrocientas treinta y siete (66.437) pesetas, en concepto de intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (25 de octubre de 1997) hasta la fecha de la propuesta de la presente Resolución (27 de septiembre de 2000), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), y sin perjuicio de que se practique nueva liquidación de intereses por el tiempo transcurrido desde la fecha de propuesta de la presente Resolución hasta la fecha de ingreso de la cantidad a reintegrar.
El cuadro explicativo de los intereses generados es el siguiente:
ercero.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la cuenta corriente que este Organismo tiene abierta en la Caja General de Ahorros de Canarias, con el nº 2065/0118/81/1114001822.
Quinto.- Notificar al interesado la presente Resolución con la indicación de que, contra ésta, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación del presente acto."
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de enero de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
© Gobierno de Canarias