Habiendo sido intentada, sin que pudiera practicarse, la notificación de la Resolución recaída en el expediente L-5/00, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre),
R E S U E L V O:
Notificar a D. Alfonso Hernández García la Resolución de fecha 24 de noviembre de 2000, obrante en el expediente de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Existiendo constancia de que no han sido llevadas a cabo las obras ordenadas a D. Alfonso Hernández García, en la Resolución de fecha 29 de junio de 2000, dictada en el expediente L-5/00, por denuncia de Dña. Zoila Marrero García, por la existencia de deficiencias higiénicas en la vivienda sita en calle Garachico, 62, 2º, Barrio de la Salud, término municipal de esta capital, y en virtud de la facultad que me confiere la Ley 32/1976, de 2 de agosto (B.O.E. de 3 de agosto), en relación con el artículo 96.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En consecuencia vengo a imponerle multa coercitiva de cincuenta mil (50.000) pesetas, que deberá hacer efectivas en las oficinas de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Nuevamente se le apercibe de que en caso de persistir en incumplimiento de la orden de obras dada, se le seguirán imponiendo sucesivas multas coercitivas hasta que se proceda a la total ejecución de dichas obras. Estas multas coercitivas como actos de impulsión del procedimiento, no tienen carácter resolutorio y por lo tanto, no son recurribles en ulterior instancia."
Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2001.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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