BOC - 2001/033. Miércoles 14 de Marzo de 2001 - 823

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

823 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de febrero de 2001, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) Visto el expediente nº 38/193/2000.

INSTRUIDO A: Celestino Déniz Suárez.

D.N.I.-N.I.F.: 41978107W.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de diciembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de carpintería, del que es titular Celestino Déniz Suárez, con domicilio en calle Garajonay, 39, San Matías, Taco, del término municipal de La Laguna y extiende el acta nº 11658 para comprobar la reclamación nº 1.312/99 formulada por Dña. Cristina Martín Abreu, con D.N.I. nº 41.963.394, relativa a la entrega a cuenta de 50.000 pesetas para la ejecución de un trabajo consistente en la elaboración de una botellera en madera, incumpliendo lo pactado, al no llevar a cabo siquiera el inicio de los trabajos, que habían sido presupuestados el día 22 de agosto de 1998.

Personado el Inspector actuante comprueba que este establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones y no se expone en lugar visible el cartel anunciador de su disponibilidad. Asimismo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante, quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de esta Dirección General documento acreditativo de haber hecho entrega a la reclamante las 50.000 pesetas, importe entregado a cuenta en el mes de agosto de 1998, para la ejecución del trabajo no realizado, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no facilitar la documentación solicitada por los servicios de inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan de aplicación:

Por carecer de Hojas de Reclamaciones y cartel, lo establecido en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artº. 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Por no aportar la documentación solicitada por el inspector, el artº. 5, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y en concordancia con el artº. 34.8 de las Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 141, de fecha 25 de octubre de 2000, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Laguna, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Celestino Déniz Suárez la sanción de multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) Visto el expediente nº 38/338/2000.

INSTRUIDO A: Daniel Gerardo Salvati, Taller Eléctrico El Mojón.

D.N.I.-N.I.F.: X1619774E.

MOTIVACIÓN

(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de febrero de 2000 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de taller de mecánica de rótulo Taller El Mojón, del que es titular Daniel Gerardo Salvati con domicilio en la antigua Carretera General El Mojón, entrada a Águilas del Teide, s/n, del término municipal de Arona y extiende el acta nº 5904 para comprobar la reclamación nº 1.620/99 formulada por D. Juan Alejandro Represa Martín, provisto de D.N.I. nº 00239074, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la reparación de un vehículo propiedad del reclamante, de la marca Opel, hechos denunciados el día 9 de septiembre de 1999.

Personado el Inspector actuante comprueba que el taller no figura inscrito en el Registro Especial de Talleres de vehículos automóviles. No están expuestos a la vista del público los precios de los servicios ni las leyendas de información al usuario preceptivas en este tipo de actividad. Asimismo se comprueba que no le fue extendido resguardo de depósito al cliente una vez que dejó el vehículo en el taller para ser reparado, no se elaboró presupuesto previo escrito ni hubo renuncia expresa a su elaboración. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan de aplicación:

Por no estar inscrito en el Registro Especial, el artº. 3, apartado 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 4 del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Por carecer de los carteles de precios, el artº.15 del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, en concordancia con el 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y 13 y 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

Por carecer de los carteles informativos, el artº. 3, apartado 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12 y 19.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Por no extender resguardo ni elaborar presupuesto previo, el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 14 y 19, apartado j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 141, de fecha 25 de octubre de 2000, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Arona, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Daniel Gerardo Salvati la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía Administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de enero de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de febrero de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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