BOC - 2001/021. Miércoles 14 de Febrero de 2001 - 423

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

423 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de enero de 2001, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) Visto el expediente nº 38/375/2000.

INSTRUIDO A: Promociones y Construcciones Surazul, S.L.

D.N.I. o N.I.F. : B38469565.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: los días 31 de marzo y 4 de abril de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de promotora y constructora de viviendas del que es titular Promociones y Construcciones Surazul, S.L., con domicilio en la calle Chano, 8, Barranco Grande, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende las actas números 6389, 6390, 6391 y 6392 para comprobar la reclamación nº 297/2000, formulada por D. Juan Ignacio Gabaldón Álvarez, con D.N.I. nº 24.250202, relativa a adquisición de una vivienda, en Residencial San Miguel, incumpliendo la vendedora con la calidad de los materiales ofertados y empleados en la construcción del inmueble, hechos denunciados el día 23 de noviembre de 1999.

Personado el Inspector actuante comprueba que los contratos privados de compraventa de las viviendas de Residencial San Miguel están constituidos por cláusulas generales, y del contrato suscrito con el reclamante, entre otras, figuran, como condición octava: "El otorgamiento de la Escritura Pública de compra-venta tendrá lugar ante el notario que designe el vendedor, estando obligado el comprador a comparecer en él, para lo que se le requerirá por correo certificado con diez días de antelación.", y como condición décima: "La resolución del presente Contrato de compra-venta producirá la pérdida del cincuenta por ciento (50%), en concepto de indemnización pactada por daños y perjuicios de las cantidades entregadas, reseñadas en los apartados uno, dos y tres de las Condiciones Particulares." A la vista de su contenido han de ser consideradas cláusulas abusivas: la primera por suponer una imposición de renuncia o limitación de los derechos del consumidor, y la segunda por la falta de reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artº. 2.1.b), artº. 10.bis.1 y 34.9 y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en concordancia con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. nº 89).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 147, de fecha 8 de noviembre de 2000, y en el tablón de Edictos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 3221995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Promociones y Construcciones Surazul, S.L. la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) Visto el expediente nº 38/558/2000.

INSTRUIDO A: Dyska, S.L. Pieles Dyska.

D.N.I. o N.I.F.: B38351201.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 301992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de mayo de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta menor de zapatos y artículos de piel de rótulo Pieles Dyska del que es titular Dyska, S.L., con domicilio en Centro Comercial La Pinta, local nº 4, Playa de Las Américas, término municipal de Adeje y extiende el acta nº 6880 comprobándose que tiene expuestos para la venta del público cientos de zapatos, no figurando expuesto a la vista del público el cartel informativo y explicativo del etiquetado del calzado en el que conste el significado de los pictogramas que aparecen en el etiquetado del referido calzado. Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación el artículo 3º, apartado 3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo 5, apartados 5 y 10, del Real Decreto 1.718/1995, de 27 de octubre (B.O.E. nº 36, de 1996), por el que se regula el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 26 de octubre de 2000, mediante carta certificada con aviso de recibo, siendo rehusada por el mismo, y sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Dyska, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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