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BOC Nº 015. Miércoles 31 de Enero de 2001 - 267

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

267 - Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de enero de 2001, sobre notificación de Resoluciones a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

3.- El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.

4.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de enero de 2001.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

RESOLUCIONES QUE SE CITAN:

1º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 48, nº 371.

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 00/138, instruido a Karting Maspalomas, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Karting Maspalomas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Karting Maspalomas, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de marzo de 2000, como consecuencia del acta de inspección nº 9790, de 28 de mayo de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 28 de mayo de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Carretera de los Palmitos Park en el Barranco de Ayagaures, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 9790 en la que esencialmente se hace constar que está abierto al público, realiza la actividad de bar, carece de Hojas de Reclamaciones, no ha notificado los precios y carece del libro de inspección.

2º) El 1 de marzo de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/138, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Con fecha 6 de junio de 2000 y habida cuenta que la titular consignada no presentó alegaciones ni aportó prueba alguna que desvirtuase el hecho imputado, el Instructor formuló Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 281.250 pesetas.

4º) La empresa expedientada no ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución.

5º) El siguiente hecho: realizar la actividad turística, sin la inscripción en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos turísticos (B-1b).

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 9790, de 28 de mayo de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 9790, de 28 de mayo de 1998, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 22 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (B-1b.1).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 75.1, en relación con el artº. 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (B-1b.2).

Calificado como grave.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 281.250 pesetas a Karting Maspalomas, S.L., con C.I.F. B-35287796, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Karting Maspalomas.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2000.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

2º) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 48, nº 384.

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 00/243, instruido a Inmotel, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Meliá Salinas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Inmotel, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 3 de julio de 2000, como consecuencia del acta de inspección nº 10230, de 20 de agosto de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 20 de agosto de 1998, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida Islas Canarias, en Costa Teguise, término municipal de Teguise, el Servicio de Inspección de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, de esta Viceconsejería, levantando al efecto el acta nº 10230 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento ostenta la categoría de 5 estrellas y gran lujo y no cuenta con los servicios y calidad propios de esta categoría, encontrando las siguientes deficiencias: en las habitaciones 401, 402, 326, del 113 al 121, en todas se efectúan trabajos de renovación bien en los servicios higiénicos (tuberías, loza sanitaria, etc.), aire acondicionado, carpintería, mobiliario y paredes. Las enumeradas del 235 al 277 y de la 137 a la 179, bloqueadas desde el pasillo central por ser utilizadas por el personal que trabaja en las obras, manchas y suciedad en la moqueta de los pisos de los pasillos que dan acceso a las habitaciones. Falta de limpieza en los rellanos de las escaleras.

2º) El 3 de julio de 2000, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/243, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) La empresa expedientada en escrito recibido en esta Consejería el 14 de septiembre de 2000, registro de entrada nº 10140, en síntesis ha alegado lo siguiente: que existe el expediente nº 99/127 en el que se puede apreciar igualdad de sujeto, hecho y fundamento y en el que ya ha recaído Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, ordenándose el archivo por la caducidad del mismo.

Así mismo, y habida cuenta que ya existe un expediente, no deben volver a sancionarse los hechos ya sancionados administrativamente.

4º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no se desvirtúa el hecho imputado, toda vez que el expediente 99/127 al que hace referencia en su escrito de alegaciones, ha sido resuelto con el archivo por producirse la caducidad del mismo, sin que los hechos que constaban en él hubiesen sido sancionados.

Además, el presente expediente se ha iniciado por otro hecho distinto al del expediente 99/127 y por lo tanto, no cabe estimar la alegación relativa a que no se puede sancionar administrativamente un hecho que ya se haya sancionado, porque no se da tal situación.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 9 de octubre de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 1.250.000 pesetas.

5º) La empresa expedientada en escrito de fecha 8 de noviembre de 2000, recibido en esta Consejería con la misma fecha, registro de entrada nº 12452, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que las deficiencias que se recogieron en el acta de inspección se ocasionaron por obras dirigidas a lograr y mantener la calidad y servicios del establecimiento, la finalidad de cumplir con la normativa de calidad. Fueron molestias esporádicas que en ningún caso pueden estimarse normales en el funcionamiento del Hotel y que constituyen un hecho aislado.

6º) El siguiente hecho: deficiencias consistentes en manchas y suciedad en la moqueta de los pisos de los pasillos que dan acceso a las habitaciones, falta de limpieza en los rellanos de las escaleras de emergencia, así como en las habitaciones 401, 402, 326, de la 113 a la 121, deficiencias en los servicios higiénicos, en la carpintería mobiliario, etc., según consta en el acta de inspección nº 10230, de 20 de agosto de 1998.

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 10230, de 20 de agosto de 1998.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 10230, de 20 de agosto de 1998, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones que desvirtúen el hecho imputado, toda vez que dada la categoría en que ha sido clasificado el establecimiento de referencia, se debieron tomar medidas encaminadas a no cometer tal deficiencia recogida en el acta de inspección.

El hecho imputado infringe lo preceptuado en el artº. 43 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (H-30.1).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (H-30.2).

Calificados como graves.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 1.250.000 pesetas a Inmotel, S.A., con C.I.F. A-28550697, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Meliá Salinas.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2000.- El Viceconsejero de Turismo, Rafael Medina Jáber.

3º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 103, nº 1395.

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 00/266, instruido a Cabrera y Artiles, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Jardín Canario.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Cabrera y Artiles, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de agosto de 2000, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 37027025, de fecha 17 de septiembre de 1999, cumplimentada por Dña. Lucía Saavedra Santana, y del acta de inspección nº 11714, de 22 de noviembre de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Con fecha 23 de septiembre de 1999, se recibió en esta Consejería, registro de entrada nº 9519 Hoja de Reclamación nº 37027025 de fecha 17 del mismo mes y año cumplimentada por Dña. Lucía Saavedra Santana, contra el establecimiento consignado en la que manifiesta que al pedir calabacines rellenos de bacalao, se los sirvieron rellenos de cangrejo sin consultarlo antes.

2º) Para comprobar los hechos denunciados, el 22 de noviembre de 1999 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Carretera C-811, km 7 en Tafira, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11714 en la que esencialmente se hace constar que no pudieron servirle los calabacines rellenos de bacalao porque estaba muy salado, cambiándolo por relleno de frutos del mar, comunicándoselo al cliente en el momento de servirlo.

Así mismo, se comprueba que las facturas se emiten como Cabarsa, S.L., y en el Libro de Inspección de Trabajo consta como Cabrera y Artiles, S.A.

Finalmente, en la carta aparecen productos no notificados en la lista de precios como son entre otros: "Calabacines rellenos 900 pesetas; Chuletón Buey 1.600 pesetas; Revuelto de Gambas o Salmón 1.000 pesetas; Caldo de Cilantro con huevo 600 pesetas; Sama a la plancha o a la espalda 1.450 pesetas".

3º) El 23 de agosto de 2000 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/266, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo, el 29 de agosto de 2000.

4º) La empresa expedientada en escrito recibido en esta Consejería el 28 de septiembre de 2000, registro de entrada nº 10703, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el cambio de titularidad no se había tramitado en la Administración turística competente debido a un error administrativo.

Respecto al 2º hecho, los artículos aparecen incluidos en la nueva lista de precios y antes aparecían como sugerencia del Chef.

Asimismo, alega que la Hoja de Reclamaciones sí se presentó en tiempo y forma, según se demuestra en la fotocopia que adjunta.

5º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, respecto al 1er hecho, no queda desvirtuado, toda vez que el día 22 de noviembre de 1999, fecha en que se personó la Inspección, este cambio no se había realizado por la entidad expedientada.

Respecto al 2º hecho, según consta en el acta de inspección nº 11714, se comprobó que en la carta aparecían productos no notificados en la lista de precios, extremo que no ha quedado desvirtuado.

En cuanto al 3er hecho, éste queda desvirtuado, toda vez que consta que la Hoja de Reclamaciones fue presentada en tiempo y forma.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que la entidad mercantil expedientada carece de antecedentes por haber incumplido la normativa turística vigente, así como que ha presentado la solicitud de autorización de cambio de titularidad ante el Patronato de Turismo, cabe atenuar las sanciones iniciales dadas.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 11 de octubre de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor.

6º) La empresa expedientada, en escrito recibido en esta Consejería el 13 de noviembre de 2000, registro de entrada nº 12626, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis alega que el 1º de los hechos no afecta a los hechos del cliente y que el cambio de titular no se había producido por un error de su parte, el cual ya se ha corregido como se comprueba en la fotocopia que adjunta.

Respecto al 2º hecho, igualmente ya se ha corregido incluyendo todos los servicios que figuraban genéricamente como "Sugerencias del Chef".

7º) Los siguientes hechos:

a) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Cabrera y Artiles, S.L., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente (R-5).

b) No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios, "Calabacines rellenos 900 pesetas; Chuletón de Buey 1.600 pesetas; Revuelto de Gambas o Salmón 1.000 pesetas; Caldo de Cilantro con huevo 600 pesetas; Sama a la plancha o a la espalda 1.450 pesetas (R-12).

Se consideran probados en virtud del acta de inspección nº 11714, de 22 de noviembre de 1999.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 11714, de 22 de noviembre de 1999, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, no desvirtuando dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella.

Los hechos probados constituyen las infracciones previstas en los artículos 2º y 5º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.88) (R-5.1).

Artº. 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio) (R-12.1).

Dichos hechos vienen tipificados en el artº. 76.1 y 76.5, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (R-5.2) (R-12.2) (R-18.2).

Calificados como leves.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor a Cabrera y Artiles, S.L., con C.I.F. B35059682, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Jardín Canario.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

4º) Libro nº 3 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 104, nº 1396.

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 00/267, instruido a Sol Meliá, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Gran Meliá Salinas.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Sol Meliá, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 23 de agosto de 2000, como consecuencia del acta de inspección nº 11472, de 26 de octubre de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El 26 de octubre de 1999 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Avenida Islas Canarias, en Costa Teguise, término municipal de Teguise, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 11472 en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encuentra abierto al público en general y se ha producido un cambio de titularidad que no ha sido comunicado a la autoridad turística.

2º) El 23 de agosto de 2000 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 00/267, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento, habiéndose notificado con acuse de recibo, el 28 de agosto de 2000.

3º) La empresa expedientada en escrito recibido en esta Consejería el 19 de septiembre de 2000, registro de entrada nº 10331, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el 10 de junio de 1999 se produjo un cambio de titularidad de Inmotel Inversiones, S.A. por Sol Meliá, S.A. El mencionado procedimiento de cambio implica una serie de trámites y plazos con la consecuente demora y que el 2 de noviembre de 1999, cuando se cursó ante la Oficina de Turismo Interior del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote la correspondiente solicitud de autorización de cambio de titularidad.

4º) Examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados no se desvirtúa el hecho imputado, toda vez que en el momento en que se realizó la inspección no estaba autorizado.

No obstante y teniendo en cuenta que el cambio de titularidad ha sido autorizado según Resolución de la Oficina de Turismo Interior del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote con fecha 11 de enero de 2000, procede atenuar la sanción inicial dada.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 9 de octubre de 2000, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas.

5º) La empresa expedientada, en escrito recibido en esta Consejería el 8 de noviembre de 2000, registro de entrada nº 12453, ha realizado contestación a la Propuesta de Resolución, en la que en síntesis reproduce el escrito de alegaciones presentado contra la Resolución de iniciación de fecha 23 de agosto de 2000.

6º) El siguiente hecho: alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de Sol Meliá, S.A., que explota el establecimiento consignado sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente (H-19).

Se considera probado en virtud del acta de inspección nº 11472, de 26 de octubre de 1999.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 11472, de 26 de octubre de 1999, sin que la titular consignada haya presentado alegaciones que no hayan sido tenidas en cuenta por el Instructor del procedimiento en el momento de formular la Propuesta de Resolución, no desvirtuando dicha Propuesta, por lo que nos ratificamos en ella.

El hecho probado constituye la infracción prevista en el artículo 8º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27.10.86)y nº 138, de 17 de noviembre), y artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7.10.88) (H-19.1).

Dicho hecho viene tipificado en el artº. 76.1, en relación con el 76.18 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) (H-19.2).

Calificado como leve.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),

R E S U E L V O:

Imponer la sanción de multa de 150.000 pesetas a Sol Meliá, S.A., con C.I.F. A28550697, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Sol Meliá Salinas.

La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2000.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, José Manuel Onieva Martell.

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