BOC - 2001/011. Miércoles 24 de Enero de 2001 - 180

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

180 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 4 de diciembre de 2000, del Director, relativo a notificación de Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida a Shaffirre, S.L.- Expte. nº 5.476/94.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Shaffirre, S.L. del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 652, de fecha 2 de marzo de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 5.476/94, que la empresa Shaffirre, S.L., beneficiaria de una subvención por importe de 727.000 pesetas, concedida mediante Resolución del Director de fecha 19 de diciembre de 1994, registrada al nº 1.248, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención en el supuesto del incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.

La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones contenidas en el informe de justificación de este Centro Directivo, que figura en el anexo al presente Acuerdo.

Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 32 del Decreto 6/1995, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa Shaffirre, S.L., mediante Resolución del Director de fecha 19 de diciembre de 1994, registrada al nº 1.248, por las razones aludidas en el presente Acuerdo y en el informe que figura como anexo a éste, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.

Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que corresponda.

Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el párrafo anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas.

Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla.

A N E X O

Asunto: informe relativo a la justificación del expediente referenciado, anexo al Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro iniciado por Resolución del Director nº 652, de fecha 2 de marzo de 2000.

A la empresa Shaffirre, S.L., se le concede una subvención por Resolución nº 1.248, de fecha 19 de diciembre de 1994, del Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de las previstas en el Capítulo II, Sección 2ª Subvenciones para la creación de nuevos puestos de trabajo con carácter indefinido de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94), por importe de setecientas veintisiete mil (727.000) pesetas por la trabajadora Dña. Pilar Sobrino González.

Teniendo en cuenta que la contratación del trabajador inicial tuvo lugar el día 12 de diciembre de 1994, las tres anualidades para justificar a lo que obliga la concesión de la subvención, vencerían el 12 de diciembre de los años 1995, 1996 y 1997.

Se requiere a la empresa interesada para que presente documentación justificativa el 1 de febrero de 1996, mediante escrito registrado de salida con el nº 595, sin que el mismo haya podido ser notificado en el domicilio que constaba de notificaciones en el expediente. Se procede, entonces, a publicarlo a través de anuncio en el tablón del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. No se presentó documentación alguna.

La Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94), establece en su artículo 13 que los perceptores de las subvenciones vendrán obligados a justificar anualmente que el importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron, mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo de copia compulsada del libro de matrícula de la empresa y certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. Esta obligación se mantendrá durante los tres años siguiente a la contratación, como mínimo, y, en todo caso, hasta el momento en que se haya justificado totalmente la aplicación de la subvención.

El artículo 14 regula que los beneficiarios, en caso de extinción del contrato que dio origen a la subvención, además de comunicarlo inmediatamente, deberán proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes y presentar la documentación que acredite haber realizado tal extremo en el plazo de quince días.

Se inicia, entonces, un procedimiento de reintegro mediante Acuerdo del Director del ICFEM nº 2254, de fecha 23 de junio de 1998, el cual no pudo ser notificado al interesado, procediéndose, entonces, a su publicación a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento citado.

Sin embargo, como quiera que la Administración está obligada a resolver expresamente, entre otros, los procedimientos iniciados de oficio cuya instrucción y resolución afecten a los ciudadanos o a cualquier interesado, en el plazo de tres meses si la norma del procedimiento no fija otro, artículo 42.1 y 2 de la LRJ-PAC, es por lo que se dicta Resolución nº 651, del Director del ICFEM, de fecha 2 de marzo de 2000, declarando la caducidad del acuerdo mencionado, la cual se notifica junto con el presente acuerdo, sin menoscabo del derecho de la Administración a iniciar nuevamente el expediente de reintegro, por el mismo o distinto motivo.

Con fecha 22 de febrero de 2000, registrado de entrada en el ICFEM con el nº 2200, la citada empresa presenta como documentación justificativa lo siguiente: informe de vida laboral de la trabajadora Dña. María Pilar Sobrino González, en el que se aprecia que la duración del contrato con la empresa en cuestión, tuvo vigencia desde el 12 de diciembre de 1994 hasta el 5 de octubre de 1997, es decir, finalizó la contratación objeto de la subvención dos meses antes del vencimiento de la tercera anualidad, que se cumplía el 12 de diciembre de ese mismo año 1997, y una vida laboral de la empresa beneficiaria en la que se reflejan los datos sobre la trabajadora ya expuestos.

La falta de presentación de la documentación requerida implica el incumplimiento de la obligación adquirida por el beneficiario al percibir la subvención, a tenor de lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de la Orden de 30 de agosto de 1994, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94).

En consecuencia, se considera que el beneficiario ha incumplido las obligaciones impuestas por la concesión de la subvención por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, resulta procedente iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención concedida."

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de diciembre de 2000.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.



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