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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) Visto el expediente nº 38/125/2000.
INSTRUIDO A: Girish Ramchand Motwani. Bazar Foto Genic Internacional.
D.N.I. o N.I.F.: X0907433Z.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de noviembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de bazar, de rótulo Foto Genic International, del que es titular Girish Ramchand Motwani, con domicilio en el Centro Comercial Puerto Colón, local nº 231 A, Puerto Colón, término municipal de Adeje y extiende el acta 11825 para comprobar la reclamación nº 1.354/99 formulada por el Sr. Petzold, con Documento de Identidad nº 7648300187, relativa a la adquisición de una vídeo-cámara HITACHI UM-E358E, por un precio de 82.000 pesetas, cantidad considerada abusiva por el adquirente una vez comparado con el precio medio de mercado, negándose el vendedor a rescindir el contrato.
De las actuaciones inspectoras queda probada la falta de colaboración con el Inspector actuante, dado que el interesado acordó presentar en el registro de entrada de esta Dirección General escrito acreditativo de la solución adoptada al problema planteado por el reclamante, transcurriendo el plazo de diez días sin que fuera presentada la mentada documentación, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 105, de fecha 14 de agosto de 2000, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Adeje, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo, 9 apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Girish Ramchand Motwani la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 26 de septiembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
2) Visto el expediente nº 38/206/2000.
INSTRUIDO A: Shirley Sujanani. Bazar Electronic World.
D.N.I. o N.I.F.: X00897429S.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de diciembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Bazar Electronic World, del que es titular Shirley Sujanani, con domicilio en Centro Comercial Vista Sur, local B-5, Playa de las Américas, término municipal de Arona y extiende el acta 16303 para comprobar la nº 1.352/99 formulada por el Sr. Albert Thomas, relativa al elevado precio de los artículos que comercializa Electronic World, duplicando el de otras tiendas de la zona, según criterio del reclamante.
Personado el Inspector actuante comprueba que tiene expuestas en escaparate exterior treinta cámaras de vídeo cuyos carteles de precio de venta se encuentran expuestos hacia el interior del comercio, por lo que no están visibles desde el exterior de la tienda.
Igualmente figuran expuestas para su venta cinco cámaras de vídeo, cuyas marcas, modelos y precios son los siguientes: Panasonic NV-533 p.v.p. 687.500 pesetas; JVC GR-DUL 20 p.v.p. 698.500 pesetas; Panasonic NV-EX1 p.v.p. 928.500 pesetas; Panasonic NV-DA1 p.v.p. 846.500 pesetas; JVC GR. DUM5 p.v.p. 936.500 pesetas. Se solicitan facturas de compra de las referidas cámaras y se le concede un plazo de diez días para que fueran presentadas en el registro de entrada de esta Dirección General, incumpliéndose el requerimiento efectuado por el Inspector actuante, al no aportar la documentación solicitada ni dentro del plazo ni fuera de él.
Por último se comprueba que hay expuestos para su venta al público 50 gafas, 10 calculadoras, 10 relojes-despertadores, 8 disc-man, y 15 cassettes, careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público.
Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta de aplicación:
1.- Por no exponer los precios de forma visible: el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en venta al público de artículos al por menor.
2.- Por no aportar la documentación solicitada por el Inspector: el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
3.- Por carecer de precios: el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias provisto de nº 11013, de fecha 9 de junio de 2000, sucintamente, manifiesta:
"(...) Que según resulta de dicha notificación, se me imputa la comisión de hechos consistentes en "no exponer los precios de forma visible", "no aportar la documentación solicitada por el Inspector" y "carecer de precios", calificados como presuntamente constitutivos de una infracción administrativa de carácter leve en materia de consumo (...).- Que el artículo 2 del Código de Comercio establece que "los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; y en su defecto, por los usos de comercio generalmente observados en cada plaza; y, a falta de ambas reglas, por las de Derecho común.- Al hacer referencia a "los usos de comercio generalmente observados en cada plaza" se traduce claramente que la conducta que se ha tipificado como infracción en este Acuerdo de iniciación no se puede considerar como infracción, ello porque la utilización de prácticas comerciales habituales no es en absoluto una técnica frecuentemente utilizada en el ámbito empresarial (...).- Que con respecto a las posibles infracciones "no exponer los precios de forma visible" y "carecer de precios" hemos de matizar que no es cierto, porque en primer lugar, el producto que se encuentra expuesto en el espacio destinado a escaparates y estanterías, es un producto que ofrece el P.V.P. al cliente. Lo que sucede es que al mostrar distintas variedades del mismo producto se suelen colocar los precios expuestos al público de casi todos los objetos de venta, y resultando que el espacio es reducido al mismo, se ofrecen ofertas de productos dependiendo de las características de cada uno de ellos, que señala "precio desde X pesetas" siendo igualmente una práctica habitual, que para nada induce a error o engaño para el consumidor.- En este sentido se ha respetado el derecho de información previsto en el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, por cuanto que los bienes, productos y, en su caso, los servicios (...) De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial los establecimientos comerciales están obligados a exhibir el precio de las mercancías que estén expuestas al público en escaparates y vitrinas, si bien es cierto que el mismo artículo, en su apartado segundo, señala que, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá dispensarse de esta obligación la exhibición de algún artículo que, por su elevado precio, pueda ser causa objetiva de inseguridad para el establecimiento. (...).- Que con respecto a la posible infracción "no aportar la documentación solicitada por el Inspector" esta parte aún no dispone de la citada documentación ya que todas las facturas de compra están en poder del contable y, de momento, no se han recuperado. En cuanto se disponga de estos documentos serán aportados al expediente.- (...) La legislación referente a la Ordenación de la Actividad Comercial (4/1994, de 25 de abril) señala como punto cardinal que la misma tiene la finalidad de promover la actividad comercial en el territorio de la Comunidad Autónoma y proteger los dos principales intereses que en la misma concurren: el interés de los comerciantes, (...) y el de los consumidores (...). De ahí que esta normativa, dada la estrecha vinculación conceptual y finalista, existente entre la ordenación del comercio interior y la protección de los consumidores y usuarios, reflejada en el artículo 51 de la Constitución Española, suponga también la regulación de la protección del consumidor o usuario.- (...).- Suplico que tenga por presentado en tiempo y forma este escrito de alegaciones contra el Acuerdo de iniciación de expediente sancionador mencionado y, conforme al contenido de las mismas, se proceda por el Instructor a dictar resolución por la que se proceda al sobreseimiento de las actuaciones sancionadoras, dejando éstas sin efecto alguno.- Que subsidiariamente, y en caso de no ser atendidas nuestras peticiones, suplico la reducción de la Propuesta de sanción a su mínima cuantía dada la escasa trascendencia de las supuestas infracciones que en la presente Resolución se imputan."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, en base a que no se puede admitir como causa justificativa, la práctica generalidad de la ausencia de marcado de precios de venta al público en el ámbito empresarial. Antes al contrario, han de prevalecer las disposiciones legales que han ido surgiendo para proteger convenientemente los derechos de los consumidores y usuarios, entre las que se encuentra, con carácter general la Ley 26/1984, que regula, entre otros muchos aspectos, sus derechos básicos, siendo uno de ellos el derecho a una información cierta, veraz y efectiva sobre los bienes y servicios. No parece por tanto aconsejable admitir como uso de comercio más o menos habitual, la falta del marcado de precios de venta al público.
No es ajustada a derecho la práctica de marcar un expositor con la leyenda "precio desde X pesetas", por cuanto los artículos expuestos para su venta al público han de incorporar un precio cierto y determinado, y no una aproximación.
Hemos de significar, igualmente, que no parece oportuno dar una interpretación amplia al contenido del artº. 9, apartado segundo, de la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial, por el que se dispensa de la obligación de exhibir el precio de las mercancías a los comerciantes, cuando, algún artículo, por su elevado precio, pueda ser causa objetiva de inseguridad para el establecimiento, supuesto que aparece contemplado para casos excepcionales, ya que el propio precepto habla de "algún artículo", y nunca hacerlo extensivo a la práctica totalidad de las mercancías expuestas para su venta al público; además, la eficacia del citado precepto está supeditada a un ulterior desarrollo reglamentario que aún no se ha llevado a cabo.
Por otra parte, y en relación a la alegación tercera, donde se argumenta por el interesado que no aportó la documentación solicitada por el Inspector actuante por no disponer de ella, se hace preciso destacar la obligación de colaborar con los servicios de inspección en el desarrollo de su labor, según prevé, entre otros, el artº. 34.8 de la Ley 26/1984.
Por último señalar que, si bien la Ley 4/1994, de Ordenación de la Actividad Comercial, contempla entre sus objetivos la promoción del comercio en el territorio de esta Comunidad Autónoma, y la protección de los dos principales intereses que en la misma concurren, el interés de los comerciantes y el de los consumidores, no se deben pasar por alto los derechos básicos de estos últimos, entre los que se encuentra el de información, para justificar la reiterada falta de información en cuanto al marcado de precios en estanterías y escaparates de los artículos expuestos para su venta de determinados sectores empresariales.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo, 9 apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Shirley Sujanani la sanción de multa de cuatrocientas cincuenta mil (450.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
3) Visto el expediente nº 38/237/2000.
INSTRUIDO A: Hello Computer, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B38452710.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de diciembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta menor electrónica, del que es titular Hello Computer, S.L., con domicilio en Avenida Penetración, Edificio Valdés Center, 20 bajo, Los Cristianos, término municipal de Arona y extiende el acta 16315, comprobándose que tiene expuestos para su venta al público en escaparates, filtros ópticos, speaker, zip, "ratones", y juegos, careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 12 de julio de 2000, mediante personal funcionario de esta Dirección General de Consumo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Hello Computer, S.L. la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
4) Visto el expediente nº 38/246/2000.
INSTRUIDO A: Averías a Domicilio 24 H, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B62014378.
MOTIVACIÓN
Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
REFERENCIA DE HECHOS: el día 31 de enero de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de reparaciones a domicilio de rótulo del que es titular Averías a Domicilio 24 H, S.L., con domicilio en la calle Villalba Hervás, 9, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 5876 para comprobar la reclamación nº 1.424/99 formulada por D. Rafael González Martín, provisto de D.N.I. nº 43.607.875, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la ejecución de un trabajo de instalación de puerta de madera por una empresa contratada a través de la interesada, hechos denunciados el día 3 de noviembre de 1999. De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentada en el registro de entrada de esta Dirección General determinada documentación -relación o listado de trabajadores autónomos o empresas subcontratadas que realizan los trabajos de reparaciones en los domicilios, así como el contrato que les une- transcurriendo el plazo conferido al efecto sin que la documentación fuera presentada, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no facilitar la documentación solicitada por los servicios de inspección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 19 de junio de 2000, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo, 9 apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),
R E S U E L V O:
Imponer a Averías a Domicilio 24 H, S.L. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.
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