BOC - 2000/153. Miércoles 22 de Noviembre de 2000 - 4113

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia

4113 - Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 8 de noviembre de 2000, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario nº 921/2000, interpuesto por el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, contra el Decreto 144/2000, de 10 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia.

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En cumplimiento del Acuerdo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el recurso Procedimiento Ordinario nº 921/2000, interpuesto por Sindicato de Empleados Públicos de Canarias contra el Decreto 144/2000, de 10 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, y dado que el acto objeto de impugnación podría afectar a una pluralidad de administrados por determinar, supuesto subsumible en lo dispuesto en el artº. 59.5.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, conforme a lo dispuesto en el artº. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo Procedimiento Ordinario nº 921/2000, seguido a instancia de Sindicato de Empleados Públicos de Canarias.

Segundo.- Emplazar a cuantos aparezcan como interesados en el recurso contencioso-administrativo que se tramita en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, para que puedan comparecer ante la mencionada Sala en el plazo de 9 días a partir de la publicación de la presente Resolución.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2000.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.



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