Estás en:
Habiendo sido intentada la notificación del citado Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Encuadernaciones El Taller, S.A.L. de la Resolución nº 2.249, de fecha 31 de julio de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de la entidad Encuadernaciones El Taller, S.A.L., beneficiaria de una subvención para inversión en capital fijo, consistente en seis puntos de interés fijado por la entidad de crédito, de las previstas en el Título II, Capítulo IV "Programa de subvenciones financieras para la reducción de intereses de crédito", del Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), por importe de cuatrocientas mil setecientas treinta y seis (400.736) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 15 de diciembre de 1997, registrada al nº 2.861, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras, y ello es así por las siguientes razones:
a) El número cuarto del resuelvo de la indicada resolución establece que:
- La entidad, dentro del plazo de ocho meses, a contar desde la fecha en que se efectúe la transferencia por la Tesorería del Instituto Canario de Formación y Empleo, deberá justificar la utilización de los fondos públicos en la realización de la actividad objeto de subvención, cuyo coste asciende a la cantidad de dos millones ciento dos mil seiscientas (2.102.600) pesetas, mediante la aportación ante dicho Organismo de relación detallada e indicativa de los gastos realizados, mediante facturas ajustadas a derecho, según Real Decreto 2.402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber de expedir y entregar facturas por empresarios y profesionales, y artículo 4º del Real Decreto 1.624/1992, que modifica el anterior, así como certificado de la empresa del alta de la inversión objeto de subvención en el inventario de la misma, según modelo que remita a estos efectos el Instituto Canario de Formación y Empleo.
b) Por su parte, el resuelvo quinto establece las siguientes obligaciones:
1) Que la inversión realizada forme parte del inventario de la misma por un período de tres años; dicho extremo se acreditará mediante certificación de la entidad beneficiaria que deberá presentarse en este Instituto en el plazo de quince días, una vez transcurridos tres años desde la fecha de alta en el inventario.
2) Reintegrar la cantidad correspondiente a la subvención recibida, en el caso de no justificar la aplicación del préstamo o la justificación incorrecta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.b) y c) del Decreto 6/1995, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.
3) Llevar los registros contables de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
c) Que el 12 de mayo de 1998, número de registro 3.337, Dña. Raquel Pérez Brito, en representación de la entidad subvencionada, presentó documentación ante el ICFEM a los efectos de justificar la subvención.
d) Remitida por el Servicio gestor la documentación presentada por la entidad a la Intervención Delegada en el ICFEM el 27 de mayo de 1998, ésta informa negativamente la misma mediante escrito de 22 de noviembre de 1998, nº 4.228, basándose en los siguientes argumentos:
"1º) De conformidad con el apartado cuarto de la indicada Resolución la entidad deberá aportar facturas ajustadas a derecho por importe total de 2.102.600 pesetas acreditativas de la inversión realizada, y certificado de alta de la inversión en el inventario de la empresa.
2º) Se aporta un compromiso de compra entre la entidad subvencionada y D. Manuel Andrés Luis Hernández en la que se recoge que el abono del material se realizará una vez se efectúe su entrega.
Dicho compromiso no reúne los requisitos de una factura, pues en ese momento no se ha producido el intercambio de bienes y dinero, debiendo de completarse con otro documento que acredite dicho extremo y recoja los requisitos de número y fecha que toda factura exige.
3º) No se aporta el certificado de haber dado alta en el inventario a los bienes subvencionados.
Por lo que se remite la justificación presentada en devolución informando negativamente la misma."
e) Que el ICFEM requiere a la entidad mediante escrito con número de registro 12.176, de 13 de diciembre de 1999, a los efectos de subsanar el reparo formulado por la Intervención Delegada en este Organismo. El citado requerimiento, una vez devuelto por Correos, y conforme lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permaneció expuesto en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, siendo finalmente notificado a la entidad con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 82, de 3 de julio de 2000, dándole un plazo de diez días desde el siguiente a la notificación para la presentación de la documentación requerida.
f) Que a la fecha de inicio del presente expediente de procedimiento de reintegro no ha sido cumplimentado el requerimiento señalado en el apartado anterior, encontrándose por tanto sin justificar la subvención concedida.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto, y 3 del Decreto Territorial 111/1999, de 25 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO:
Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Encuadernaciones El Taller, Sociedad Anónima Laboral por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 15 de diciembre de 1997 y registrada al nº 2.861, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho cumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.- El Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, Diego Miguel León Socorro."
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de septiembre de 2000.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
© Gobierno de Canarias