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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación por la que se corrige el error de hecho producido con motivo de la Resolución del Director del ICFEM nº 3.227, de 28 de octubre de 1999, y se declara la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado el día 28 de octubre de 1999, citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a José Lorenzo García Santana, por la que se corrige error y se declara la caducidad dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 776, de fecha 22 de marzo de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Visto el expediente administrativo de referencia, iniciado a instancia de D. José Lorenzo García Santana y teniendo en cuenta que:
ANTECEDENTES
Primero.- El Director del ICFEM, mediante Resolución nº 4.195, de 1 de diciembre de 1995, concedió a D. José Lorenzo García Santana una subvención, por importe de setecientas mil (700.000) pesetas, por su constitución como trabajador autónomo, al amparo de la convocatoria realizada por Orden de 7 de junio de 1995 (B.O.C. nº 75, de 16.6.95), de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones establecidas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo (B.O.C. nº 76, de 22.6.94) y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.
Segundo.- Posteriormente, y previa la tramitación del correspondiente expediente de reintegro, el Director del ICFEM, por Resolución nº 1.126, de fecha 14 de octubre de 1998, declaró procedente el reintegro de la subvención concedida, ya que el artículo 25.uno de la Orden de 7 de junio de 1995 estipulaba que "Los perceptores de la subvención vendrán obligados a justificar anualmente que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la presentación, ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, de certificación expedida por el Organismo competente acreditativa de que continúa en alta y al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social", circunstancia esta que no se cumplía en el presente caso, al tener el beneficiario una deuda con la Seguridad Social.
Tercero.- No obstante, el Director del ICFEM, mediante Resolución nº 3.227, de 28 de octubre de 1999, declaró la caducidad "... del procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo del Director de fecha 14 de octubre de 1998, en el expediente de subvenciones nº 6.952/1995, contra la empresa José Lorenzo García Santana, archivando las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la LRJ-PAC.".
Cuarto.- Por último, el Director del ICFEM, por Acuerdo nº 3.226, de fecha 28 de octubre de 1999, inició un nuevo procedimiento de reintegro de la subvención concedida por Resolución de 1 de diciembre de 1995.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 105.2 de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), establece que "Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
Segundo.- Por otra parte, los procedimientos para el reintegro de las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias vienen regulados en el artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Sin embargo, en este artículo no se establece el plazo que tiene la Administración para dictar resolución expresa en estos procedimientos.
Por lo tanto, procede la aplicación supletoria de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC), que regula el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas y a las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica vinculadas o dependientes de aquéllas.
Así, el artículo 42.1 de la LRJ-PAC recoge que "La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación", especificando el apartado 3 de este artículo que "... Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para recibir la notificación, éste será de tres meses".
Por otra parte, el artículo 44 de la LRJ-PAC dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:
... 2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92".
Tercero.- En primer lugar, procede corregir el error de hecho producido como consecuencia de la Resolución de 28 de octubre de 1999, al ser evidente que esta Resolución de declaración de caducidad es un error, al no poder caducarse el procedimiento "... iniciado por Resolución del Director nº 1.126, de fecha 14 de octubre de 1998", ya que es precisamente esta Resolución de 14 de octubre de 1998 la que declara procedente el reintegro de la subvención concedida en el expediente de referencia. El procedimiento de reintegro ya había sido iniciado anteriormente mediante Acuerdo del Director del ICFEM de fecha 23 de junio de 1998.
Cuarto.- Por otra parte, y en cuanto al nuevo procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.226, de 28 de octubre de 1999, procede declarar su caducidad, al no haberse dictado y notificado la resolución expresa dentro del plazo de los tres meses mencionado en el párrafo tercero del fundamente jurídico segundo.
Quinto.- La competencia para corregir un error de hecho producido como consecuencia de una resolución administrativa, corresponde al mismo órgano que la dictó (artículo 105.2 de la LRJ-PAC, en concordancia con los artículos 33.2 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, y 3.cinco de la Orden 7 de junio de 1995). Por otro lado, la competencia para declarar la caducidad de un procedimiento de reintegro corresponde al mismo Órgano que lo inició (artículos 33.2 y 3.cinco mencionados).
En consecuencia,
R E S U E L V O:
1º) Corregir el error de hecho producido como consecuencia de la Resolución del Director del ICFEM nº 3.227, de 28 de octubre de 1999, dejándola sin efecto.
2º) Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado por Acuerdo del Director del ICFEM nº 3.226, de 28 de octubre de 1999.
3º) Notificar el contenido de esta Resolución según lo exigido en el artículo 58.1 de la LRJ-PAC, con el recordatorio de que contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de recibo de esta Resolución."
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de julio de 2000.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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