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BOC Nº 090. Viernes 21 de Julio de 2000 - 2659

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

2659 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 26 de junio de 2000, del Director, relativo a notificación de la Resolución de 4 de febrero de 2000, por la que se pone fin al procedimiento de reintegro iniciado a la empresa Hilario Lorenzo Pérez.- Expte. nº 89/92.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Hilario Lorenzo Pérez, de la Resolución de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 421, de fecha 4 de febrero de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Examinado el procedimiento de reintegro iniciado, de oficio, a la empresa Hilario Lorenzo Pérez, mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación, nº 2533, de fecha 16 de julio de 1999, y teniendo en cuenta que:

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, de fecha 15 de diciembre de 1992, registrada al nº 3668, se concedió una subvención a la empresa Hilario Lorenzo Pérez, por importe de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, con cargo a la partida presupuestaria 23.05.322 B.470.00 L.A. 23.4002.01, de conformidad con lo establecido en el Decreto Territorial 83/1992, de 22 de mayo (B.O.C. nº 81, de 19.6.92), por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y mantenimiento del empleo y demás normas reguladoras de las subvenciones públicas.

Segundo.- El objeto, contenido y finalidad de la subvención concedida era el fomento de la contratación por tiempo indefinido de un trabajador. La forma de acreditar su realización y el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión y en las normas reguladoras quedó establecida en los siguientes términos:

- El beneficiario de la subvención venía obligado a tener cubierto el puesto de trabajo correspondiente a la subvención como mínimo, durante los tres años siguientes a la fecha de contratación y a mantener el nivel de empleo en centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias, durante el mismo tiempo, de manera que la plantilla de trabajadores fijos se incrementara al menos con los trabajadores contratados de conformidad con el citado Decreto.

- Si el contrato que daba origen a la subvención se extinguía antes de los tres años, contados desde la fecha en que comenzó a surtir efectos, el beneficiario de la subvención estaba obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador, contratado con sujeción a las mismas condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la misma.

- El perceptor de la subvención estaba obligado a justificar que el importe de la subvención había sido invertido con la finalidad para la cual se concedió, mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación fue concedida la subvención. Esta obligación se mantendría durante los tres años siguientes a la contratación.

Tercero.- Mediante Resolución de fecha 16 de julio de 1999, notificada al interesado el día 9 de agosto de 1999, se inició, de oficio, el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al haber incurrido el beneficiario en la causa determinante del reintegro que en la citada Resolución se mencionaba, con la indicación de que en el plazo de diez días podía comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en defensa de los derechos que pudieran corresponderle. Las razones que motivaron la iniciación del proceso citado, se concretan en la no justificación, por parte del beneficiario, del empleo dado de los fondos públicos recibidos.

Cuarto.- Con fecha 1 de marzo de 1999 y 13 de agosto de 1999, tienen entrada en este Organismo escritos registrados al nº 3576 y 14559 respectivamente, manifestando su oposición al expediente de reintegro, en el que literalmente dice:

"Que en fecha y forma informé de que la empresa la cual estaba a mi nombre, ya no presta servicio alguno, estando de baja en actividades económicas, al igual que se explica que dicho negocio llegaba a estas causas por enfermedad del empresario, lo cual podemos demostrar.

Por lo que pido se estudie dicho expediente y se tengan en cuenta el cierre de la empresa no por fraude sino por los hechos comunicados a ustedes con anticipación a ese reintegro, al igual que el tiempo que el trabajador por el cual se concedió esta subvención se abonó en tiempo y forma la seguridad social.

Por todo lo expuesto, rogamos se tengan en cuenta todos estos hechos para pedir por lo menos la parcialidad del reintegro y se reste de la subvención el dinero de los costes de la seguridad social que la empresa ha tenido en el tiempo que se tenía al trabajador de alta.

Suplico a V.I. que, teniendo por presentado este escrito, y por hechas las manifestaciones en el mismo contenidas, previas las oportunas averiguaciones, adopte las medidas adecuadas por ser de justifica."

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El procedimiento de reintegro iniciado a Hilario Lorenzo Pérez, mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación, nº 2533, de fecha 16 de julio de 1999, tuvo como fundamento el incumplimiento del beneficiario de la subvención del deber de justificar el destino dado a los fondos recibidos, toda vez que se incumplió con lo estipulado en el artículo 15 del Decreto Territorial 83/1992, de 19 de junio, que decía que los perceptores de las subvenciones estaban obligados a justificar que su importe había sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron mediante la aportación ante la Dirección General de Trabajo, al término de cada año de duración del contrato, fotocopias, compulsadas con sus originales, de los TC-1 y TC-2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se concedió la subvención. Esta obligación se tenía que mantener durante los tres años siguientes a la contratación.

Segundo.- Por lo demás, de las alegaciones realizadas y la documentación aportada por el beneficiario durante el trámite de audiencia otorgado a consecuencia del inicio de procedimiento de reintegro, se deduce lo siguiente:

1. El trabajador objeto de subvención, José Adolfo Pecis Díaz, causó alta en la empresa el día 17 de septiembre de 1992, por lo que en virtud del artículo 15 del Decreto Territorial 83/1992, tenía que haber estado de alta en la empresa hasta el 17 de septiembre de 1995.

2. De la documentación aportada, en su momento, por Hilario Lorenzo Pérez, dicho trabajador causó baja en la empresa el 15 de mayo de 1993, según se desprende de los TC-1 y TC-2 y los recibos oficiales de salario presentados, por lo que se incumple con lo expuesto en el apartado anterior.

Tercero.- Además de la normativa reguladora de la convocatoria, en los trámites seguidos para la iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro han sido observadas las disposiciones contenidas en la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en el Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que resulta de aplicación al presente expediente en virtud de su Disposición Transitoria Primera, así como de la Disposición Transitoria Primera del vigente Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. Se han observado, igualmente, las normas generales de procedimiento de la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Cuarto.- Procede declarar el reintegro de la subvención concedida y desestimar las alegaciones presentadas por el beneficiario, por cuanto éstas no desvirtúan la veracidad del incumplimiento denunciado ni el fundamento de esta actuación, según ha resultado probado en los párrafos precedentes.

Quinto.- El artículo 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, atribuye la competencia para el inicio y resolución de los expedientes de reintegro al órgano que concede la subvención, que fue, en este caso, el Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública, si bien, después de la entrada en vigor del Decreto Territorial 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95), de reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal competencia debe entenderse referida al Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.

No obstante, en virtud de la Orden de 3 de marzo de 1996 (B.O.C. nº 52, de 29.4.96), la competencia para la resolución del presente expediente de reintegro, corresponde, por delegación del Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales, al Director del ICFEM.

Como consecuencia de lo expuesto,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar procedente el reintegro de la subvención concedida a la empresa Hilario Lorenzo Pérez mediante Orden del Excmo. Sr. Consejero de Trabajo y Función Pública nº 3668, de fecha 15 de diciembre de 1992, al haber incurrido en causa determinante del reintegro de la referida subvención, por no haber justificado, en los términos que han resultado probados en los antecedentes de esta resolución, el empleo dado a los fondos públicos recibidos.

Segundo.- La cantidad a reintegrar asciende a quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas, por el principal, más los intereses de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención, calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 36 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre (B.O.E. nº 275, de 16.11.88), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

Tercero.- La obligación de reintegro establecida en esta resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.

Cuarto.- El reintegro habrá de efectuarse en la Tesorería General del Gobierno de Canarias (Plaza de Santo Domingo, s/n, de Santa Cruz de Tenerife) o en la Tesorería Insular correspondiente.

Quinto.- Notificar al interesado la presente Resolución, con la indicación de que, contra ésta, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el plazo de un mes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera formularse. El cómputo de los plazos indicados anteriormente, se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto."

Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2000.- El Director, p.d., la Jefa del Servicio de Empleo II (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Silvia Martínez Sánchez.

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